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Redacción Nacionales
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Organizaciones sociales se manifestaron en el Centro Histórico de San Salvador, donde afirmaron que el Gobierno Nayib Bukele “ha proliferado formas de violencia estructural que atacan los derechos más básicos de las mujeres, niñas y adolescente”, esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Según las organizaciones “en El Salvador, bajo el régimen familiar y empresarial de Nayib Bukele, han proliferado formas de violencia estructural que atacan los derechos más básicos de las mujeres, niñas y adolescentes”, ya que, desde marzo de 2022, con la implementación del régimen de excepción, “han sido detenidas miles de personas injustamente, muchas de ellas son mujeres provenientes de sectores populares”. Han estado privadas de libertad, sin juicio ni debido proceso.
Nohemy Lira, del BRP sostuvo que organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado torturas, partos en centros penales, agresiones con desnudez forzada, quemaduras, asfixia, ejecuciones simuladas y violencia sexual cometidas por funcionarios de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). 25 mujeres han muerto en las cárceles durante este régimen de excepción lamentó Lira.
Las organizaciones también denunciaron el asesinato de Jéssica Solís, una joven que transitaba en el Centro Histórico de San Salvador la tarde del 6 de noviembre cuando un militar, identificado como Derman Fernando Jorge Benítez disparó “accidentalmente” su fusil. Colocaron una ofrenda floral en el lugar donde fue asesinada.
Entre enero y octubre del 2025 se registraron 24 feminicidios y muertes violentas de mujeres, de los cuales el 47% fueron cometidos por parejas o exparejas. “Aun con la supuesta mejora en seguridad nacional, el régimen no ha querido poner freno a la violencia feminicida”, informó Nohemy Lira.
Desde la llegada del Gobierno de Bukele, las mujeres organizadas han denunciado “un desmantelamiento y debilitamiento de políticas públicas para las mujeres”. De hecho, plantearon que el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, (ISDEMU), despidió a más de 100 empleadas este año y cerró sus oficinas departamentales. “Esa medida ha limitado las oportunidades para que las mujeres denuncien violencias y ha reducido su participación política y social”.
También, informaron que existe un desmantelamiento de políticas, programas y proyectos destinados a la protección de los derechos de las mujeres, así como la reducción de personal especializado, la falta de financiamiento y la captura institucional han debilitado los mecanismos de denuncia, atención y acompañamiento”.
“El gobierno intenta silenciarnos, pero hoy más que nunca nos negamos a renunciar a todos los derechos que con lucha y sangre logramos conquistar”, destacó Lira.
Las organizaciones exigieron investigaciones imparciales sobre los abusos cometidos bajo el régimen de excepción y libertad para las presas injustamente. También, exigieron el esclarecimiento independiente y transparente del feminicidio de Yessica Solís, así como la identificación, judicialización y sanción de todos los responsables materiales y estructurales.
Luego de su concentración frente al Palacio Nacional, las organizaciones se desplazaron frente a la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) para realizar un acto cultural. En el lugar un simpatizante del Gobierno llegó a hacer gestos de burlas, a grabarlas y a decir que estaba en un espacio público. Las mujeres organizadas lo ignoraron.
