Organizaciones nacionales e internacionales exigen liberar a detenidos de La Floresta

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Más de un centenar de organizaciones de derechos humanos, colectivos sociales y grupos de solidaridad internacional exigieron al Estado salvadoreño poner fin al proceso penal contra habitantes de la comunidad La Floresta y representantes de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), entre ellos su vocero, Fidel Antonio Zavala Pérez.

En una carta fechada el 15 de octubre de 2026, dirigida a la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, las organizaciones expresaron su preocupación por la detención prolongada de pobladores y defensores que acompañaban acciones legales para impedir el desalojo de más de 200 familias campesinas.

Los firmantes sostienen que las familias habitaban los terrenos desde hacía más de una década y que la organización comunitaria buscaba defender sus derechos a la vivienda y a la propiedad. Según la carta, la respuesta penal contra los pobladores y sus representantes plantea interrogantes sobre el uso de la justicia para resolver conflictos territoriales y sobre las garantías que deben proteger a las personas procesadas.

Cuestionan nueva prórroga judicial

Uno de los principales señalamientos se dirige contra la tercera ampliación del periodo de investigación solicitada por la Fiscalía y autorizada el 11 de septiembre de 2026 por una jueza del Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado. De acuerdo con el documento, la prórroga extiende la investigación hasta agosto de 2027.

Las organizaciones califican la decisión como una medida dilatoria y cuestionan que prolongue la incertidumbre judicial sin que, según su denuncia, se hayan presentado pruebas que justifiquen ese retraso. Advierten que mantener abierto el proceso durante un periodo tan extenso afecta el derecho a la defensa, el debido proceso, la seguridad jurídica y la igualdad procesal.

El pronunciamiento también cuestiona la utilización de reformas penales contra el crimen organizado en un caso relacionado con la defensa de viviendas y la organización comunitaria. Para los firmantes, recurrir a una jurisdicción especializada en estructuras criminales complejas introduce restricciones que pueden dificultar el acceso público a las actuaciones judiciales y limitar las posibilidades de defensa.

La carta expone la preocupación de organizaciones nacionales e internacionales por la duración del proceso y las condiciones en que se desarrolla.

Detenciones y acusaciones contra la comunidad

Los habitantes de La Floresta fueron detenidos en febrero de 2025 junto con Zavala, según el documento. La Fiscalía les atribuye delitos como agrupaciones ilícitas, usurpación de inmueble, amenazas agravadas y comercialización irregular de lotes, entre otras imputaciones.

Las organizaciones firmantes rechazan que la organización de las familias para defender su permanencia en el territorio sea interpretada como una estructura criminal. Consideran que las acusaciones deben examinarse a la luz del conflicto por la tierra y de las acciones emprendidas por los pobladores para impugnar el desalojo.

El documento también señala que 21 integrantes de la comunidad permanecen en prisión preventiva y advierte que las organizaciones desconocen cuál es la condición actual de su salud física y psicológica. Por ello, reclaman información sobre su situación y demandan que se garantice su integridad.

El caso plantea una discusión sobre la respuesta institucional ante los conflictos territoriales: mientras las autoridades judiciales deben determinar la responsabilidad penal de las personas acusadas, las organizaciones reclaman que la investigación respete las garantías constitucionales y no convierta la defensa colectiva de derechos en motivo de criminalización.

Fidel Zavala, entre las denuncias penitenciarias y un nuevo proceso

La carta dedica especial atención a Fidel Zavala, quien se convirtió en una de las voces críticas sobre los abusos cometidos en las cárceles salvadoreñas.

De acuerdo con el pronunciamiento, Zavala fue enviado a prisión preventiva en 2022 por una acusación de estafa, pero posteriormente fue declarado inocente y permaneció detenido durante 13 meses. A finales de 2024, la Fiscalía reabrió ese expediente. Las organizaciones aseguran que, tras un nuevo proceso, a finales de 2025 se dictó un sobreseimiento definitivo y se extinguieron las acciones penales por esa acusación.

El 17 de julio de 2024, Zavala, por medio de UNIDEHC, presentó una denuncia formal contra el director general de Centros Penales y los directores de los centros penitenciarios de La Esperanza, conocido como Mariona, y Santa Ana. Según la carta, denunció abusos físicos, torturas, negligencia médica, corrupción y muertes bajo custodia estatal, además de afirmar que él mismo había sufrido abusos durante su encarcelamiento.

Los firmantes advierten que existe un riesgo para su vida e integridad si es trasladado a un centro penitenciario donde quede bajo la autoridad de funcionarios a quienes denunció anteriormente. También reclaman información sobre su estado de salud.

La preocupación por su situación, añade el documento, ya había sido expresada por Mary Lawlor, durante su mandato como relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos. En marzo de 2025, 171 organizaciones respaldaron una petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En junio de ese año, la CIDH manifestó preocupación por la detención de Zavala y las órdenes de captura contra los abogados Ivania Cruz y Rudy Joya.

Abogados en el exilio y señalamientos internacionales

La persecución denunciada, según los firmantes, también ha alcanzado a representantes de UNIDEHC que permanecen fuera del país. La carta indica que España concedió asilo político a Ivania Cruz y Rudy Joya en marzo de 2026, mientras ambos enfrentaban señalamientos relacionados con el caso La Floresta.

El documento sostiene además que INTERPOL retiró las órdenes de arresto internacional contra los dos abogados al determinar el carácter político del caso. Los firmantes relacionan estos hechos con preocupaciones expresadas por expertos de Naciones Unidas sobre posibles actos de represión transnacional contra defensores de derechos humanos salvadoreños.

Por otra parte, las organizaciones citan el informe El precio de disentir, elaborado por Cristosal, que identifica preocupaciones jurídicas sobre el debido proceso y la imparcialidad judicial en casos de presunta criminalización, entre ellas la reapertura de expedientes archivados, la acumulación de nuevas imputaciones y las restricciones al acceso efectivo de la defensa.

Exigen libertad y cierre del proceso

Entre los firmantes figuran organizaciones salvadoreñas como MOVIR, MUFRAS-32 y UNIDEHC, así como entidades internacionales como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Cristosal y la Washington Office on Latin America (WOLA). La lista reúne colectivos de América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa y otras regiones.

Las organizaciones solicitan el cierre del proceso penal contra Zavala, Cruz, Joya y los habitantes de La Floresta; la libertad inmediata de Zavala y de los pobladores encarcelados, y el cese de la criminalización de defensores de derechos humanos y comunidades marginadas.

El pronunciamiento coloca nuevamente en el debate público la relación entre seguridad, justicia y derechos fundamentales en El Salvador. El desafío institucional, de acuerdo con los cuestionamientos expuestos, consiste en investigar las acusaciones con pruebas verificables y garantizar una defensa efectiva, sin que la prolongación de los procesos se convierta en una sanción anticipada para quienes aún no han recibido una resolución definitiva sobre su responsabilidad penal.