Madres por la Libertad pide transparencia en plan de liberación anticipada anunciado por Bukele

Saúl Méndez

Colaborador

Ante el anuncio del presidente Nayib Bukele sobre un plan de liberación anticipada y condicional que podría beneficiar aproximadamente al 50 % de las personas capturadas bajo el Régimen de Excepción, acusadas de colaborar con pandillas, el movimiento Madres por la Libertad expresó su rechazo y preocupación ante una medida, que denuncian, no garantiza la libertad inmediata de quienes fueron detenidos injustamente bajo el régimen de excepción y niega el derecho fundamental de presunción de inocencia.

Recientemente, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, reveló ante medios de prensa en Uruguay, que los reos bajo el régimen de excepción suma más de cien mil, por que el presidente Bukele podría liberar unos 50 mil reos.

La organización no se mostró de acuerdo con que que el mandatario haya afirmado que las personas beneficiadas serán consideradas culpables, pese a podrían recuperar su libertad bajo determinadas condiciones. El movimiento advirtió que podría no reconocerse el derecho a la presunción de inocencia y que el gobierno busca centrar la discusión en quiénes podrían salir anticipadamente de prisión, en lugar de identificar a las personas capturadas arbitrariamente.

Mientras tanto, las organizaciones defenosras de Derechos Humanos como MOVIR y el Movimiento Madres por la Libertad, entre otros, han insistido que liberen a los inocentes, que, según estimaciones no oficiales suman 35 mil, es decir el 33% de los capturados.

“Las personas inocentes no necesitan una liberación anticipada ni un beneficio condicional”, sostuvo Madres por la Libertad, que demandó independencia judicial, acceso efectivo a la defensa y procesos de investigación que permitan determinar la responsabilidad penal de manera individual.

La organización señaló que, desde la implementación del régimen de excepción, familiares de personas detenidas han denunciado capturas arbitrarias, falta de información sobre los procesos judiciales, obstáculos para acceder a una defensa efectiva y vulneraciones de derechos humanos.

Asimismo, manifestaron preocupación por los cuestionamientos a las garantías judiciales, entre ellos las denuncias sobre juicios masivos y las dificultades para ejercer el derecho de defensa. Insistieron en que cada caso debe ser evaluado con base en pruebas verificables, independencia judicial y respeto al debido proceso.

La organización también cuestionó la cifra del 50 % anunciada por el presidente y planteó interrogantes sobre los criterios utilizados para establecerla, la información que la sustenta y las autoridades responsables de revisar los expedientes.

“¿De dónde surge el 50 % anunciado por el presidente? ¿Qué información sustenta esa cifra?”, preguntó el movimiento, que también exigió conocer quiénes determinarán qué personas pueden acceder a la liberación condicional y cuáles serán las garantías de transparencia e imparcialidad del procedimiento.

Para Madres por la Libertad, la libertad de las personas no debe depender de porcentajes anunciados sin justificación pública ni de decisiones políticas que sustituyan las competencias de los tribunales de justicia.

El movimiento reiteró que nadie debe ser considerado culpable por su lugar de residencia, sus relaciones familiares, su condición económica o las circunstancias de violencia y control territorial en las que ha vivido. También advirtió que sobrevivir bajo amenazas no puede equipararse con participar voluntariamente en actividades criminales.

En el pronunciamiento, la organización rechazó además la denominada Comisión de Casos del Régimen de Excepción, al considerar que carece de sustento legal y que podría sustituir las garantías y los procedimientos judiciales establecidos en el ordenamiento jurídico.

El Movimiento de Madres demandó la libertad inmediata de todas las personas inocentes detenidas arbitrariamente bajo el régimen de excepción, sin condicionamientos que las obliguen a aceptar una culpabilidad que no les corresponde.

También exigió una revisión individual, exhaustiva e independiente de los casos, con acceso efectivo a los expedientes judiciales, asistencia jurídica y oportunidades reales para presentar pruebas de descargo.

La organización sostuvo que la seguridad de la población es una obligación del Estado, pero advirtió que no debe garantizarse a costa de la libertad, la dignidad y los derechos fundamentales de las personas inocentes.

Las madres Insistieron en que toda persona debe ser juzgada por tribunales competentes e independientes, con pleno respeto a la presunción de inocencia, el derecho de defensa y las garantías establecidas en la ley.

“Como madres y familiares, no aceptamos que la inocencia se convierta en una concesión del poder político. No pedimos privilegios ni favores: exigimos derechos, justicia y el cumplimiento de las obligaciones del Estado salvadoreño”, demandó.

“Mientras una persona inocente permanezca encarcelada, mientras una familia desconozca la situación de su ser querido y mientras no existan garantías reales de justicia, nuestra lucha seguirá vigente”, concluyó.