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Redacción Nacionales
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Organizaciones religiosas, medioambientalistas, de solidaridad y de la diáspora salvadoreña en Estados Unidos e internacionalmente, denunciaron la persecución a defensores de derechos humanos en El Salvador, bajo el Régimen de Excepción.
En reiteradas ocasiones el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), el Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), Socorro Jurídico Humanitario, el Comité de Familiares de Víctimas del Estado de Excepción del Bajo Lempa y el Colectivo de Derechos Humanos “Herbert Anaya Sanabria”, han detallado un alarmante patrón de vigilancia e interferencia policial a la participación de sus organizaciones en marchas, protestas y concentraciones, así como el acoso en redes sociales.
En febrero de 2024, Ivania Cruz, portavoz y abogada de COFAPPES, obtuvo un informe del fiscal general de la República que detalla la vigilancia contra ella y su participación en grupos de defensa de los derechos humanos.
El archivo de vigilancia incluía fotos de su página personal de Facebook, y marchas donde había participado.
Defensores de derechos humanos del MOVIR describieron cómo agentes de inteligencia del gobierno se han infiltrado en sus actos para vigilarlos, haciéndose pasar por periodistas de medios ficticios, incluso en una conferencia de prensa el 7 de julio de 2023, fueron seguidos y detenidos por la policía.
Los líderes del grupo fueron amenazados con ser arrestados, hasta que llegaron periodistas legítimos a documentar el acoso.
Miembros del Comité de Familiares de Víctimas del Estado de Excepción del Bajo Lempa denunciaron la detención arbitraria y tortura de 8 jóvenes menores de edad, el 5 de noviembre de 2022 tras su participación en un teatro comunitario que advertía de los peligros de repetir la historia de represión militarizar de El Salvador.
Mientras que, Socorro Jurídico denunció múltiples intentos policiales de entrar en el edificio donde comparten oficinas con sindicatos críticos al gobierno y condenó la constante campaña en las redes sociales, dirigida por el gobierno, para difamar a sus dirigentes y a su organización.
“Condenamos enérgicamente estas violaciones a los derechos democráticos de estos defensores de derechos humanos, abogados y organizadores comunitarios, cuyo trabajo es esencial para una sociedad libre y justa, así como el uso de fondos estatales para vigilarlos e intimidarlos con la intención de limitar el ejercicio de sus derechos políticos”, señalaron las organizaciones denunciantes.
Asimismo, indicaron que no es posible normalizar los intentos del gobierno de Bukele, por criminalizar a los defensores de derechos humanos quienes abogan por los derechos de las personas detenidas injustamente bajo el Régimen de Excepción, que pretende silenciar las críticas a esta política inhumana y mortífera.
