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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Diversas organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Asamblea Legislativa, un documento con el perfil que debe cumplir la persona que aspire a conducir la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), de la población salvadoreña para los próximos tres años.
Héctor Carrillo, Director de la Unidad de Acceso a la Justicia de FESPAD, manifestó que el documento contiene criterios de carácter objetivo, para que los diputados y diputadas conozcan los aspectos sobre la naturaleza de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) nacida de la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992.
“Es una instancia de control del ejercicio del poder público, encargada de hacer valer los derechos de la ciudadanía, o sea, vigilar que la actuación de funcionarios o funcionarias esté siempre en el marco de la Constitución y las leyes, con la perspectiva de proteger los derechos fundamentales de la población”, dijo Carrillo.
Las organizaciones de derechos humanos: FESPAD, SSPAS, DPLF, Red de Promotores ODS El Salvador y la Concertación Romero, se pronunciaron en el marco de la próxima elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Una elección que pese a ser de segundo grado y que está en manos de la Asamblea Legislativa, las organizaciones consideraron que mantiene una relevancia por los temas sensibles a los que está vinculada la institución a fin de garantizar los derechos de la población y evitar abusos del Estado.
Foto Diario CoLatino/ Gloria Orellana.
En el artículo 194 de la Constitución de la República, recalcó Héctor Carrillo, se encuentra el mandato del Procurador de Derechos Humanos, que afirma debe velar por la garantía de los derechos de la población, la protección de las víctimas, investigar de oficio o denunciar violaciones de derechos humanos, porque se le ha facultado para promover recursos judiciales y administrativos a fin de brindar esa protección.
“Esto significa que las acciones de poder público cualquiera de sus órganos judicial, ejecutivo y legislativo, así como otras instancias o dependencias pueden ser evaluadas por la PDDH, entonces, parte del trabajo del procurador o procuradora es activar esos mecanismos administrativos y judiciales ante actuaciones irregulares de los poderes públicos”, explicó.
“Otra competencia del procurador es emitir opiniones sobre proyectos de leyes que afecten los derechos humanos, -por ejemplo-, el actual procurador debería opinar sobre el Régimen de Excepción y sus implicaciones. Y sobre otros proyectos que pueden estar en la Asamblea Legislativa que pueden afectar los derechos de la ciudadanía y formular recomendaciones o conclusiones, señalar también a los funcionarios errores u omisiones de su cargo y presentar informes”, sostuvo, Carrillo.
Sobre el mecanismo para evaluar los perfiles de candidatos y candidatas a tutelar los derechos humanos en el país, Carrillo reiteró que hay tres aspectos que no puede evadir ningún candidato o candidata: moralidad, competencia e independencia, por lo que plantean en su documento recomendaciones a diputadas y diputados, para ser retomados en el proceso de elección.
“La moralidad hace referencia a la honradez, la probidad y honorabilidad, aspectos que se pueden sumar a una categoría de -integridad, y debe ser evaluado por diputados y diputadas”, dijo.
Sobre la “competencia” hizo referencia a las “capacidades y habilidades” que necesita el Tutelar de Derechos Humanos, para dar cumplimiento al ordenamiento jurídico que su cargo le mandata a esta institución.
“La independencia es fundamental, tanto frente a los partidos políticos como otros sectores que pudieran incidir eventualmente en la actuación de un funcionario público, como grupos empresariales o los familiares en otros órganos del Estado”, afirmó Carrillo.
Asimismo, Henry Fino, director ejecutivo de FESPAD, expresó que están dando seguimiento al proceso de elección del nuevo Procurador para la Defensa de Derechos Humanos, por considerar que este funcionario es importante dentro de la estructura del Estado, al tener la defensa de la población en su gestión.
“El procurador es defensor del pueblo y por esto que compartimos el perfil que este funcionario debe cumplir. Hemos incluido los que establece la ley -que son insoslayables- pero hemos incluido otros para el cumplimiento de su misión integral”, afirmó.
“Este proceso termina con un nombramiento, pero no significa que estaremos de acuerdo con el proceso y la elección. Porque como organizaciones de derechos humanos no podemos obviar si la figura no cumple con los requisitos de ley, por lo que daremos nuestra postura eventualmente”, anunció Fino.
“Esta elección de segundo grado, es importante por su relación con temáticas sensibles”, señaló, por su parte Juan Carlos Sánchez, de la DPLF, tras lamentar que esta designación del “procurador” se haya visto históricamente como una cuota de negociación política que ha finalizado con que las instituciones respondan a ciertos intereses y no al mandato constitucional”, señaló Sánchez.
Sobre el “reparto de cuotas de poder de partidos políticos”, agregó Sánchez, que no pueden relegar el “valioso aporte de la PDDH”, luego de su creación en enero de 1992, la que ha jugado en varios tramos de la historia de país, un lugar como referente para la defensa de la población u organizaciones sociales, cuando han sido vulnerados.
“El derecho internacional no solo ha dictado importantes parámetros para elegir al Procurador para la Defensa de Derechos Humanos, sino para otros funcionarios de alto nivel por la importancia que tiene con la defensa de las víctimas del Estado, pero estos estándares internacionales en El Salvador poco se han cumplido”, argumentó.
Mientras, Verónica Reyna, de SSPAS, reafirmó que esta “contraloría social” desde las organizaciones de derechos humanos no es nueva, que han venido trabajando con la PDDH desde los últimos 10 años, durante los cuales han hecho señalamientos así como, acompañamiento para el fortalecer la institución.
“Nuestra reflexión es que la seguridad y violencia ha sido uno de los principales problemas de país, un tema que ha preocupado a la población, pero también ha retado a las distintas administraciones gubernamentales en la presentación de respuestas integrales que permitan la garantía de los derechos humanos de la población”, señaló.
“Se ha evidenciado en las últimas décadas la incapacidad de los gobiernos de generar políticas de seguridad que respeten, protejan y garanticen los derechos de la población. Por el contrario seguimos en la guerra que lanzó Francisco Flores a las pandillas hasta la fecha, una estrategia típicamente populista y represiva que incluye a la administación actual”, sostuvo.
Por su parte, padre Fredy Sandoval, de Concertación Romero, y Berenice Alvarado de la Red de Promotores ODS El Salvador, reiteraron la prioridad de un funcionario con una vocación de protección a las víctimas y coherente ante la realidad que está viviendo actualmente la población.
“Queremos que la PDDH, ponga en su agenda los temas de género, juventudes, medio ambiente, que son puntos importantes a retomar en la constitución de los derechos humanos de la población. Es innovador que se incorporen nuevas narrativas que como jóvenes somos defensores y somos parte de la vida nacional”, acotó Alvarado.
Mientras, el padre Fredy Sandoval, acotó que “La PDDH ha fallado en materia de Memoria Histórica, y no ha sido efectivo en acompañar a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, algo se ha hecho, pero nada ha sido sistemático, sostenido y efectivo. Las víctimas siempre han luchado por la verdad, justicia y reparación, pero le ha fallado la Procuraduría y, en segundo lugar, la PDDH no ha acompañado tampoco a las víctimas que son una fuerza moral para una población que pide vivir en paz”, puntualizó.
