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Saúl Méndez
Colaborador
Organizaciones de la sociedad civil, como Cristosal y el Foro del Agua, han expresado su profunda preocupación ante lo que califican un cierre sistemático de los espacios cívicos en El Salvador, considerados fundamentales para la vida democrática del país. La creciente detención de defensores de derechos humanos, advierten, agrava la crisis democrática y constitucional que atraviesa la nación.
Cristosal subraya que el espacio cívico es el entorno que permite a la sociedad civil desempeñar un rol activo en la vida política, económica y social. Es ahí donde las personas y colectivos pueden participar en la formulación de políticas públicas que afectan sus vidas, accediendo a información, ejerciendo su derecho a la disidencia, y asociándose libremente para expresar sus opiniones.
Un entorno cívico abierto y pluralista donde se garantice la libertad de expresión, reunión y asociaciones esencial para un desarrollo y una paz sostenibles. No obstante, el constante hostigamiento a periodistas, defensores de derechos humanos y comunidades afectadas por desalojos refleja, según estas organizaciones, el deterioro progresivo de estos espacios en El Salvador.
Los indicios de un debilitamiento democrático se ven reflejados en los datos arrojados en la más reciente encuesta de la UCA sobre la evaluación del sexto año de gestión del presidente Nayib Bukele, donde se evidencia que 6 de cada 10 personas temen recibir represalias por realizar críticas al gobierno en el marco del régimen de excepción.
La persecución política fragmenta los espacios cívicos
Las demandas por un proceso judicial justo y la presión internacional se intensificaron tras el pronunciamiento de Amnistía Internacional que declaró como presos de conciencia a Ruth López, abogada de Cristosal; Alejandro Henríquez, abogado del Foro del Agua; y José Ángel Pérez, presidente de la Cooperativa El Bosque. Diversos movimientos sociales también han incluido al abogado constitucionalista Enrique Anaya entre los casos de criminalización preocupantes.
Amnistía Internacional indicó que, tras un análisis exhaustivo, determinó que las detenciones forman parte de un patrón sistemático de criminalización dirigido a silenciar a quienes denuncian abusos, exigen justicia y promueven la transparencia en la gestión pública.
La organización internacional define como presos de conciencia a aquellas personas privadas de libertad exclusivamente por ejercer pacíficamente sus derechos o por su identidad, sin haber incurrido en violencia ni incitado al odio. La calificación se basa en una rigurosa evaluación de las circunstancias de cada detención.
Cristosal denuncia que en los tres casos señalados se han fabricado acusaciones sin investigaciones adecuadas ni el debido proceso.
Tal es el caso de Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, detenida el 18 de mayo de 2025 bajo cargos iniciales de peculado. Quince días después, la Fiscalía General de la República modificó el delito a enriquecimiento ilícito. Su captura se realizó en un proceso bajo reserva judicial, sin garantías mínimas, situación ampliamente condenada por organismos internacionales y mecanismos de protección regionales. En la audiencia inicial, el tribunal ordenó seis meses de detención provisional.
López es reconocida a escala nacional e internacional por su lucha contra la corrupción y la defensa del Estado de derecho. En 2024, fue incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo publicada por la BBC.
Alejandro Henríquez, abogado y defensor ambiental, fue arrestado el 13 de mayo de 2025 durante una protesta pacífica contra el desalojo forzoso de la comunidad El Bosque, donde viven más de 300 familias.
Desde su detención, se le ha negado el acceso pleno a su defensa legal y a información sobre su situación. Actualmente, guarda prisión preventiva en el penal “La Esperanza”, bajo régimen de incomunicación y en condiciones de hacinamiento extremo. Según el movimiento político Reverdes, está expuesto a tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la tortura.
José Ángel Pérez, pastor evangélico, jornalero y presidente de la Cooperativa El Bosque, fue detenido el 12 de mayo por los mismos hechos. Con más de 25 años de liderazgo comunitario, su labor se ha enfocado en la organización social y el acompañamiento pastoral en la defensa de derechos.
Amnistía Internacional advierte que el uso indiscriminado del proceso penal como herramienta de represión no sería posible sin las reformas estructurales impulsadas por el presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista. Estas reformas han desmantelado paulatinamente los contrapesos institucionales.
En este contexto, el derecho a un juicio justo ha sido prácticamente eliminado. Se ha instaurado un marco legal que permite detenciones arbitrarias, audiencias masivas, uso de jueces anónimos, restricciones severas al derecho de defensa y eliminación de límites a la prisión preventiva, entre otras prácticas que representan retrocesos alarmantes.
Ante esta situación, Amnistía Internacional exige la derogación de leyes represivas como la Ley de Agentes Extranjeros y el régimen de excepción, los cuales han generado graves violaciones de derechos humanos.
Asimismo, demanda la restitución de los principios del debido proceso y la independencia judicial en El Salvador.
