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Redacción nacionales
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El Instituto Iberoamericano de Derechos Constitucional y la Federación Interamericana de Abogados (IABA/FIA) denunciaron la creciente persecución judicial contra abogados en América Latina, con especial énfasis en Venezuela y El Salvador.
El abogado defensor del jurista constitucionalista Enrique Anaya, Jaime Quintanilla, dice que con la resolución de las dos entidades se confirma que la denuncia realizada por el gremio legal salvadoreño tiene fundamento jurídico.
Para Quintanilla la detención de Anaya y de la también jurista Ruth López ha generado una fuerte reacción tanto a escala nacional como internacional.
“Sus capturas responden a un patrón de persecución contra quienes ejercen el derecho a la defensa y la crítica al poder”, señala el Instituto Iberoamericano.
Esta resolución no surge de manera aislada, sino como eco del llamado realizado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que también se ha pronunciado sobre el caso Anaya, dijo Quintanilla.
En la Asamblea General se conocieron informes del Comité de Derecho Constitucional y del Foro Institucional de la Abogacía que advierten sobre una escalada de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y criminalización del ejercicio profesional en varios países del continente.
“Se exhorta a los gobiernos de Venezuela y El Salvador a respetar los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados aprobados por la ONU en 1990”, señala la resolución que fue declarada en Brasil.
Y también rechaza la vulneración al debido proceso, la politización del sistema judicial y la criminalización del trabajo legal en defensa de los derechos humanos.
Para Quintanilla, la comparación con Venezuela refleja el grave deterioro institucional salvadoreño.
El abogado Jaime Quintanilla dijo que con esta resolución, El Instituto Iberoamericano de Derechos Constitucional y la Federación Interamericana de Abogados (IABA/FIA), reiteran su compromiso con la defensa del ejercicio libre e independiente de la abogacía y su rechazo a todo tipo de persecución judicial por motivos políticos.
Denuncian irregularidades en proceso judicial contra defensores
Y sobre el caso de los defensores detenidos y la apelación hecha de que sean procesados en libertad, que fue rechazada por la la Cámara de lo Penal, Carlos Flores, del Foro del Agua, manifestó que responde a la “persecución política”, que se vive en el el país.
El ambientalista y abogado Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, presidente de la cooperativa El Bosque, fueron capturados en mayo, pero hay irregularidades en el proceso.
Esto porque no existe una justificación legal para que ambos continúen detenidos ni para que el proceso siga adelante, ya que han presentado suficientes arraigos, los cuales han sido reconocidos por la misma Cámara de lo Penal como prueba de su inocencia.
Sin embargo, dicha instancia avaló la decisión del Juzgado de Santa Tecla de mantener el proceso legal y la detención de ambos por un período de tres meses.
