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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“La Ley Integral de Comercialización Agropecuaria viene a unirse a la reciente Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales (2021), aprobadas por la Asamblea Legislativa, que agudiza la situación de campesinos, pequeños productores y cooperativistas”, indicó, José Ángel Cotto, presidente de la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria (CONFRAS).
La “Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales, para nosotros es como una ley de usurpación de tierras, una normativa que establece que los inmuebles con vocación agrícola pueden ser intervenidas por el gobierno o las municipalidades y eso agrava el tema de la tenencia de la tierra en el país”, manifestó Cotto.
Los integrantes de la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria (CONFRAS), la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA), la Asociación ECOS El Salvador, la Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES), y la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA), reiteraron el llamado al presidente Nayib Bukele a que vete la Ley Integral de Comercialización Agropecuaria, aprobada el pasado 29 de agosto por la Asamblea Legislativa, por su contenido “confiscador de tierras”.
“Nosotros hemos presentado una carta al presidente Nayib Bukele, el pasado lunes 4 de septiembre llegamos a Casa Presidencial, con una pequeña representación de las organizaciones que estamos acá y en la carta establecemos nuestras consideraciones sobre esa ley, que rechazamos y le exigimos al presidente que la vete”, dijo Cotto.
El presidente de CONFRAS evidenció que el “sector agropecuario” se encuentra en “total abandono” por parte del gobierno, cuando necesitan políticas, programas y financiamientos estratégicos para superar la crisis que vienen arrastrando desde cuatro años atrás, desde diversos aspectos.
“El sector agropecuario es el más abandonado actualmente, y lo que más necesitamos es financiamiento, una política pública que fortalezcan programas de ayuda al sector agropecuario. Así como una ley de Soberanía Alimentaria, una de Agricultura Familiar”, explicó.
“La Ley de Agricultura Familiar señala que el gobierno debe hacer compras públicas a los productores nacionales, sin embargo, esto no se da, se dio en gobiernos anteriores, pero ahora no. Realmente, nos sentimos solos los campesinos y los pequeños y pequeñas productoras”, manifestó.
En cuanto al acceso a la tierra, Cotto agregó que si existe voluntad política, se podría garantizarla a 200 mil familias que producen en tierras arrendadas, un bajo costo a los fertilizantes para que produzcan los granos básicos y cuenten con un financiamiento a cero interés.
“En la región centroamericana tenemos una experiencia en Panamá que lo acaban de aprobar para los productores de ese país, con cero intereses, y creemos que en El Salvador es posible si se tiene la voluntad de favorecer este sector, si la FAO misma ha dicho que habrá déficit de alimentos este año y los venideros”, manifestó.
“Tampoco es favorable que llevemos cinco ministros de agricultura (MAG), porque cada ministro tiene una dinámica de trabajo y cambian sus planes cada uno. Y realmente los agricultores y agricultoras nos sentimos abandonados por este gobierno”, reafirmó Cotto.
En cuanto al “parquete agrícola”, Cotto aclaró que ya fue entregado, pero hubo casos en donde el paquete llegó incompleto a los beneficiarios. Un paquete agrícola completo consiste en fertilizante y semilla de maíz blanco certificado. No obstante, en algunos casos sólo entregaron el fertilizante sin semillas de maíz para el productor, a lo que suma la ausencia de un “plan” del MAG para el sector agropecuario.
Leonel Peña, de Vía Campesina, lamentó que la Ley Integral de Comercialización Agropecuaria fuera aprobada por la Asamblea Legislativa de manera inconsulta con los sectores agropecuarios del país, a quienes se supone debería cubrir la nueva normativa jurídica.
“Esa ley carece del aspecto democrático que debería tener y, por tanto, es una ley que atenta contra agricultores y agricultoras. Desde el 2007 venimos proponiendo la creación de una Ley de Soberanía Alimentaria, que podría tener mayor oportunidades para las 300 mil familias que han sido beneficiarias de un paquete agrícola”, consideró.
“Y es una vergüenza, porque deberíamos contar con un subsidio como en otros países desarrollados, -ya que nos gusta considerarnos del Primer Mundo- entonces, debería haber un subsidio que vaya mucho más allá del paquete agrícola, y en donde deben tomarse en cuenta a todos los y las productoras”, reafirmó Peña.
Otro de los problemas que afecta al sector agropecuario, sentenció Peña, es el abandono de otros sectores como la acuicultura, la agricultura cerealera y la ganadería, pese a que presentaron una propuesta de “abastecimiento del alimento” a la población para una política de comercialización alternativa.
“La Ley Integral de Comercialización Agropecuaria sólo busca favorecer al agronegocio si estudiamos su contenido nos damos cuenta que la palabra clave es -agronegocio- que no es más que el rico con el disfraz de empresario agrícola, junto a las empresas de agroquímicos que están acabando con la agricultura en el mundo”, observó Peña.
Para Carlos Flores, de Asociación ECOS El Salvador, la Ley Integral de Comercialización Agropecuaria contiene dos elementos centrales, el primero es un diseño que favorece a “consorcios de la oligarquía, a los mismos de siempre”, en donde agronegocios como el “azúcar” está en primer plano, y son espacios que pertenecen a unas pocas familias de poder económico.
“El segundo elemento está relacionado con el sentido confiscatorio de las tierras de las cooperativas, en donde faculta al MAG, a que pueda determinar cuáles son tierras que tengan agua y catalogarlas con vocación agropecuaria, para que este ministerio las promueva y sirvan para el agronegocio de la tierra que no se utiliza en este momento”, explicó.
“Y sabemos que las cooperativas agropecuarias las han orillado a la quiebra, a la desorganización y al fracaso, buscando quitarles la tierra, eso está en el Art. 6 de la Ley Integral de Comercialización Agropecuaria, que no concilia con la problemática que actualmente enfrenta la población campesina, que no encuentran mercado o el mercado que encuentran no les paga lo justo, en donde el precio de su producción lo decide el mercado”, agregó Flores.
Existe un registro de 1, 200 cooperativas en el Departamento de Asociaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en donde se encuentran cooperativas que ya no funcionan como tal, por falta de acompañamiento y apoyo por parte del Estado a este tipo de estructuras.
En su mensaje colectivo CONFRAS, ANTA, ECOS El Salvador, PROCOMES y ACUA, manifestaron que la implementación de medidas “neoliberales” ha terminado por desmantelar las políticas anteriores enfocadas al “fomento de la agricultura campesina”, y que el Estado, lejos de mostrar eficiencia y acompañamiento, ha decidido sustituir las “compras públicas” de alimentos y semillas a importadores y empresas multinacionales.
“Como cooperativas de la Reforma Agraria (1980) no hubo un despunte, porque todos los gobiernos anteriores siempre aprobaron políticas neoliberales en contra del cooperativismo y este nuevo gobierno no se queda atrás, porque todas las políticas giradas últimamente no van en beneficio del sector cooperativo o de los pequeños agricultores de este país”, finalizó el presidente de CONFRAS, José Ángel Cotto.
