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OIT conoce los casos de persecución sindical

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

 El gobierno salvadoreño deberá presentar ante la OIT en septiembre de este año un informe de cumplimiento, informaron representantes sindicales salvadoreños que expusieron la realidad que se vive en el país, con el actual gobierno.

Para los sindicalistas que participaron en la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo realizada en Ginebra, Suiza, en junio pasado, el sindicalismo atraviesa una de las peores crisis, por lo que esperan que con la denuncia se reconozca la realidad que vive el país y se adopten medidas concretas para frenar la represión.

Los delegados sindicales  como Sonia Viñeta, de la Unidad Nacional de Trabajadores y la CNTS, así como Francisco Quijano, Secretario General de la Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños, advirtieron sobre una fuerte persecución contra el sindicalismo autónomo e independiente en el país.
Viñerta dijo “estamos viviendo la desaparición de sindicatos, la expulsión a través de despidos masivos de sindicalistas, y nadie habla de los compañeros privados de libertad o fallecidos bajo el régimen. Es una realidad invisibilizada”.
Lamento que El Salvador permanezca en la “lista corta” de la OIT por incumplir convenios internacionales en materia de libertad sindical, añadió la líder sindical, durante las conclusiones de la 113 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.

Además, criticó duramente a algunas delegaciones salvadoreñas que, en lugar de denunciar la represión, optaron por desviar el tema atacando únicamente a las gremiales empresariales.

Francisco Quijano reveló que existía un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para la reinstalación de 294 dirigentes sindicales despedidos. Sin embargo, tras la conferencia en Ginebra, dicho acuerdo ha quedado en pausa.

Quijano también denunció que hay una manipulación sistemática en el proceso de entrega de credenciales a los sindicatos, lo que debilita su legalidad y operatividad. Es más, asegura que el régimen de excepción no solo ha afectado los derechos civiles, sino también ha criminalizado la protesta sindical.

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