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MOVIR exige al Estado salvadoreño cese el abuso de los derechos humanos

Gloria Silvia Orellana
@DiarioColatino

“Pueden acusarnos -diciendo- que defendemos delincuentes, pero les digo enfáticamente no. Y con toda certeza todos los casos que aquí hemos venido a presentar son de personas inocentes”, argumentó Reynaldo Santos, padre denunciante de la captura de su hijo Jonathan Edenilson, detenido el 26 de diciembre de 2022, en el marco del régimen de excepción.

A un año de iniciado el Movimiento de Familiares y Víctimas Inocentes Detenidas por el Régimen de Excepción (MOVIR), este grupo integrados por madres, padres, esposas y otros familiares, rechazaron la décimo sexta prórroga del Regimen de Excepción que aplaza el derecho a un proceso justo para su familiares inocentes detenidos.

Con una concentración y posterior marcha a las oficinas del Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, el colombiano Andrés Guzmán Caballero, funcionario de la administración del presidente Nayib Bukele, dirigentes y miembros del MOVIR reiteraron que la manera inconstitucional e ilegal de aplicación del régimen de excepción, ha generado un Estado antidemocrático.

“Son ocho meses sin verlo, para mí es una especie de secuestro porque en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, firmados por el gobierno, o Convenios y la misma Constitución aseguran derechos a los reos”, expresó.

“Aquí estamos hablando de personas inocentes. Cuando quieren vincularnos con situación pandilleriles, pues les digo no, no estamos defendiendo personas vínculadas a pandillas. Hablamos de gente que estudia, gente con trabajo formal o informal, agricultores, vendedores por cuenta propia”, aseguró Santos.

La captura de Jonathan Edenilson Santos fue en su casa de habitación, los agentes de la Policía Naciona Civil ingresaron y procedieron a revisar su juego electrónico, que un oficial lo calificó de “juego de mareros”, denunció su padre Reynaldo, situación que rechazó, al señalar que ese elemento policial no tenía la capacidad para determinar el origen del juego.

“Como seres humanos ocupamos prejuicios para ciertas cosas, a mi hijo le revisaron el teléfono -que es de la mamá- e inclusive revisaron su DUI, y el otro agente dijo, está limpio, no tiene nada, pero el otro agente lo capturó de todos modos”, denunció.

“No sé si lo hizo para cubrir un número que quizás les beneficie a ellos, será que reciben un bono o remuneración por cada captura. Creánme, ese es dinero maldito para los agentes policiales, porque no es lícito lo que están haciendo y muchos menos las actas que redactan en donde asignan la culpabilidad de un inocente”, reiteró Santos.

La incertidumbre y denuncia de los familiares que se aglutinan en el MOVIR se incrementa por los fallecimientos de las personas bajo custodia del Estado salvadoreño. “Es gravísimo que 170 personas han muerto en el marco del estado de excepción”, reafirmaron en su pronunciamiento, así como la posible existencia de fosas clandestinas al interior de los centros penales.

María Celia Serrano lleva estampada en su camiseta el rostro de su hijo René Mauricio Tadeo Serrano, al que describió como un “hombre trabajador que sostenía a la familia”, quien fue capturado por agentes de la PNC a la salida de su lugar de trabajo, hace un año.

“Él es trabajador, su horario era 2 días de turno por la mañana y dos turnos por la noche y cuando descansaba 2 días, pues se iba a la milpa con el tío a trabajar al campo. Ha estado cinco meses en Ilopango, otros meses en Izalco, y ahora sé lo llevaron a Usulután”, manifestó la madre de familia.

“Mi hijo me mantenía con lo poco que ganaba, es una persona honrada por eso le pido al gobierno que deje libre a estas personas inocentes que nada deben, porque ellos tienen familias y velan por ellos. Realmente, hay miles de madres, esposas, hijos que buscan la libertad de sus familiares, pero tienen miedo de presentarse por el régimen”, acotó Serrano.

La marcha del MOVIR a las oficinas del Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero, explicó Samuel Ramírez, fue para enviar un mensaje claro y contundente para el gobierno sobre la “situación vergonzante” en el trabajo legislativo y jueces contra el crimen organizado que ignoran los estándares del derecho internacional.

“Es un hombre desorbitado (Comisionado DDHH) , queremos refrescarle la memoria, porque parece que no sabe nada de lo que pasa en El Salvador, parece que es un turista y no sabe que hay muertos en los penales, que hay torturas y que hay niños que están muriendo en las cárceles por negligencia del régimen, estamos hablando de niños entre los 0 a 5 meses de edad”, indicó.

En cuanto a mujeres embarazadas y las que han sido madres en los centros penitenciarios, MOVIR exigió el cese a la violación de sus derechos. La organización asegura que hubo muertes de niños recién nacidos en condiciones inadecuadas o por enfermedades adquiridas por el hacinamiento carcelario, sin que el Estado salvadoreño informe de las condiciones en que se encuentran. De paso para exigir que las familias puedan realizar las visitas a sus seres queridos.

“Hoy cumplimos un año de haber creado este colectivo, y no podíamos de dejar de reunirnos para recordar el porqué, que se creó MOVIR, un movimiento espontáneo, no tenemos personería jurídica, nos reunimos donde nos dan espacio. Y ante todo, somos familiares que nos unimos ante las injusticias de este régimen de excepción”, reafirmó Ramírez.

Mientras, sobre la intención de realizar “audiencias masivas”, Ramírez, consideró una aberración al debido proceso que luego de detener a más de 70 mil personas a través del régimen de excepción, las personas inocentes sean juzgadas sin haberse comprobado individualmente que los cargos adjudicados por los agentes de la PNC y procesados sin investigar por la Fiscalía General de la República, va a provocar “nuevas víctimas” del actual gobierno.

“De esas 70 mil personas detenidas hay inocentes, que por reformas amañadas a la legislación penal se les pretende juzgar en procesos arbitrarios y audiencias masivas, en donde las pruebas fundamentales vienen de la parte Fiscal con testimonios de los agentes policiales, esto violenta gravemente el debido proceso”, argumentó.

 

“La Fiscalía no las ha condenado pese a los 15 ó 16 meses de investigación, y no les encuentran ningún delito porque son inocentes. Entonces a esa gente le pedimos al gobierno que las libere de inmediato. Dejen de recapturar a personas inocentes o los que ya fueron condenadas y pagaron sus delitos, creo ante estas violaciones MOVIR seguirá en la lucha”, puntualizó Ramírez.

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