Movimiento social rechaza pretensión de criminalizar a defensores ambientalistas

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, reiteró el llamado del movimiento social de exigir a la Fiscalía General de la República apegarse “a los principios y límites del poder público y político de la Constitución de la República” y no continuar criminalizando a los defenseres ambientales de San Marta y otros-

“Celebramos la valentía que todavía existe en algunos jueces, como el Tribunal de Sentencia, que declaró inocentes a los compañeros ambientalistas de Santa Marta. Y exigimos dejar de criminalizarlos, tomando en cuenta que vivimos un momento de enorme debilidad institucional y la gente vive con menos derechos”, alegó.

“Nos alegra esta resolución porque es una jurisprudencia que sirve a todos, aunque lamentamos que nuevamente la Fiscalía, que en obediencia a órdenes del Ejecutivo y amparados en el terror que significa el protocolo del régimen de excepción, pretendan nuevamente criminalizar a los cinco ambientalistas”, argumentó Escobar.

La “ausencia de los derechos elementales” eleva el riesgo que la población inocente, sea sometida a procesos de detención y juzgamiento arbitrarios, injustos y falsos.

“No hay derecho de defensa ni derecho de audiencia ni derecho a un juicio justo, de no ser por el logro que ha tenido la organización (ADES) de mediatizar este caso y llevarlo a organizaciones internacionales y la Comunidad Internacional, los compañeros todavía estarían presos”, aseguró Escobar.

“Hacemos un llamado a la Comunidad Internacional a volver sus ojos al caso de los ambientalistas de Santa Marta, y que hagan un pronunciamiento firme de lo que está pasando en el país. Porque este es un reflejo de lo que viene para todas las personas que siendo inocentes y se cuentan por miles, ahora están procesadas siendo víctimas del Estado”, indicó Escobar.

No podemos poner en peligro la democracia

El pastor Miguel Tomas Castro, de la Iglesia Bautista Enmanuel, y el Foro Ecuménico de El Salvador, a nombre de las iglesias históricas manifestó que la “preocupación de las iglesias” en este caso de los cinco ambientalistas, se debía a las “intenciones detrás del proceso judicial”, que sólo vulneran la democracia en el país.

“Nuestra democracia camina o transita de manera muy endeble o muy débil y esto no habla bien para el bienestar de todos. Porque no puede ser que las organizaciones no gubernamentales que hacen esfuerzos fuertes en favor de las comunidades como todos nosotros están siendo perseguidas”, acotó Castro.

“No se puede obstaculizar y mucho menos criminalizar la labor de las organizaciones de la sociedad civil e iglesias. Hago un llamado al Estado que es hora de plantear las cosas de esta manera porque no puede ser que nosotros y sociedad civil, no estemos en favor de la vida en abundancia para todos y todas”, expresó.

Del mismo modo, llamó a la institucionalidad del Estado a trabajar por el bien común y que junto a los esfuerzos, acciones y trabajo de las organizaciones de la sociedad civil “encontrar puntos de coincidencia” por beneficios de la población.

“Al final lo que queremos es levantar a este país que ha estado postrado por una pobreza histórica. Y por ahora, no vemos que cuenten los pobres en la agenda estatal. Es hora de preguntarse si el Estado le está apostando a la vida de la población salvadoreña, a un trabajo en favor de la justicia, la democracia y la paz”, exhortó el pastor Castro.

Movimiento social pide el cese de la persecución 

Amalia López, integrante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, que integra el movimiento social de El Salvador, consideró que las juezas que integraron el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque actuaron  apegadas a derecho y su decisión fue legal y justa.

“El mundo ha visto con alivio el fin de esta criminalización del activismo ambiental y persecución contra quienes advierten sobre los peligros que representa la reactivación de proyectos mineros en nuestro país”, aseveró.

“La Fiscalía General de la República, por su parte, intenta revertir el fallo absolutorio o dilatar su implementación, mediante un recurso de apelación interpuesto ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, la semana pasada, el que carece de argumentación seria”, reiteró López.

De igual manera la activista ambiental, señaló que el recurso presentado por el ente fiscal, también se refiere a las juezas de manera “irrespetuosa” que calificó de “misóginia” , cuando la actuación de las magistradas fue apegada al ejercicio de independencia judicial.

“Solicitamos con todo respeto a los honorables magistrados de la Cámara Penal de Cojutepeque, que actúen conforme a la ley, y la justicia, rechazando la apelación presentada por la Fiscalía y confirmen la resolución que de manera unánime emitieron las juezas del Tribunal de Sentencia”, enunció.

“Una decisión distinta sería un enorme escándalo jurídico que tendría serias implicaciones en el país. Y sería un gran desprestigio de la justicia salvadoreña a los ojos del mundo. Y reiteramos la exigencia a las autoridades estatales de mantener la prohibición de la minería metálica en el país”, opinó López.

Régimen de excepción

“Nuestro país no puede vivir eternamente en un régimen de excepción, porque eso equivaldría a vivir en un Estado de irrespeto”, dijo Antonio Pacheco, director de ADES Santa Marta, Cabañas.

“De igual manera, hago un llamado al gobierno y la Fiscalía General de la República, a rectificar esa política, que como se ha dicho, es una política errada que está violentando a muchas personas”, agregó Pacheco.

El líder ambientalista, que estuvo en primera fila por la defensa del agua y el territorio en el intento de la empresa transnacional Pacific Rim /Oceana Gold de explotar de forma industrial e invasiva algunos yacimientos de minerales preciosos en Cabañas, señaló, que la defensa de los bienes naturales continuará mientras existan amenazas.

Asimismo, agradeció a los medios de comunicación la difusión del caso de los cinco ambientalistas de Cabañas, lo que permitió “que más personas conozcan nuestro caso y adopten una postura de defensa”.

“En El Salvador, en todo el siglo XX  ha habido muchas experiencias, donde los gobiernos han tratado de dominar con la fuerza al pueblo. Y al final, el pueblo ha tenido que levantarse y este gobierno no puede esperar eso”, consideró.

“Este gobierno tiene que hacer todo un esfuerzo por rectificar su política y tratar de hacer las cosas conforme a ley. Y de igual manera esperamos que en nuestro caso prevalezca la legalidad”, expresó el director de ADES.

¿Por que hacemos la lucha ambientalista en El Salvador?

Magdalena Corte, de la Mesa Permanente para la Gestión del Riesgo El Salvador (MPGR), hizo un “enérgico llamado” a la Fiscalía General de la República, a retroceder en la acción judicial de revertir el fallo emitido por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, que otorgó la absolución a los cinco ambientalistas de Cabañas, el pasado 18 de octubre del presente año.

“Queremos señalar la urgencia de que el pueblo sepa la necesidad del porqué hacemos esta lucha ambientalista en el país.

Y es porque el 80% de su territorio está en vulnerabilidad. Casi el 90% de la población reside en estos territorios vulnerables”, explicó.

“Lo que significa una tragedia de grandes dimensiones si la prohibición de la minería metálica se revirtiera en este país.

Por esa razón la MPGR hace un llamado enérgico a la Fiscalía, de no revertir ese fallo del tribunal, a no seguir persiguiendo a ambientalistas, sindicalistas o diferentes organizaciones que expresamos el sentir de diversas poblaciones que están viviendo trágicos momentos”, sostuvo Cortez.