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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Las organizaciones que conforman el movimiento popular pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que se abstenga de apelar el fallo a favor de los cinco ambientalistas de la comunidad Santa Marta, Cabañas, si esto ocurriera, hicieron un llamado a la Cámara de San Vicente que no acepte dicha apelación, y de esa manera se cierre en firme la resolución de absolución de los cinco líderes.
Alfredo Leiva, representante de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) Santa Marta, expresó que aplauden la decisión del Tribunal de San Vicente al declarar inocentes a los cinco ambientalistas, sin embargo, esta resolución reafirma lo dicho desde el principio del proceso en 2023, que se trataba de un acto de criminalización contra el activismo ambiental.
“Hasta ahora, la Fiscalía no ha podido demostrar ni siquiera que el caso existió, el llamado es para que la Fiscalía deje de seguir utilizando recursos del Estado para financiar estos procesos que sólo buscan la persecución y allanar el camino para que empresas extractivistas vengan a nuestro país y deterioren más el medioambiente”, dijo.
Hizo un llamado a las autoridades a que se abstengan de seguir criminalizando a defensores de derechos humanos y del medioambiente, pero también a la sociedad salvadoreña a romper el miedo y denunciar este tipo de hechos y acciones malintencionadas, de poner por encima de la vida humana la explotación de los recursos.
Leiva reiteró que desde la Comunidad Santa Marta vuelven a alzar la voz por la libertad de las personas inocentes, pero también porque se detengan las intenciones de reactivar la minería metálica.
“El Salvador no es apto para desarrollar proyectos extractivos, dadas todas las condiciones que éste tiene, y, por lo tanto, es un suicidio abrir espacio para que empresas extractivistas vengan y deterioren el ya disminuido medioambiente que tenemos, se trata de una lucha de vida o muerte, porque si permitimos de nuevo la minería estaríamos frente a una situación que nos dejaría sin territorio donde vivir”, sostuvo.
Morena Murillo, coordinadora del Foro Nacional de Salud (FNS), calificó de positiva la decisión tomada en caso de los ambientalistas de Santa Marta y principalmente porque fue un fallo justo e independiente de algunos jueces, sin embargo, todavía existe la preocupación por muchos otros casos de persecución y criminalización de defensores de derechos humanos.
Enfatizó que en el caso de los abogados y defensores de derechos humanos Ruth López y Enrique Anaya, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares y el Estado está obligado a cumplirlas, porque no sólo es una recomendación sino ha dado una orden y mandatado que les permita a los familiares de ambos visitarlos.
“Seguimos viendo señales de persecución política hacia algunos analistas políticos como Julia Evelyn y Miguel Fortín Magaña, que ya no asistirán a programas y entrevistas, porque hay una amenaza, le decimos a este gobierno que si quiere vivir en democracia debe permitir la libertad de expresión, de organización y la libertad que todos los salvadoreños debemos de vivir en esta democracia”, externó Murillo.
A la vez, Rafael Paz Narváez, del Movimiento Pensamiento Crítico de la Universidad de El Salvador (UES) y parte del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), se sumó a la exigencia de las organizaciones populares y comunitarias de pedir la plena libertad de los cinco defensores ambientales de Santa Marta, quienes por segunda vez han recibido un reconocimiento de su inocencia.
Movimiento popular pide consideró que todo el Estado salvadoreño se ha convertido en una maquinaria de persecución contra las personas que reivindican los derechos ambientales, derechos laborales y humanos, actualmente 37 defensores están encarcelados arbitrariamente.
“Nos preocupa especialmente la persecución política contra la prensa, que organizaciones como la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) haya tenido que trasladar sus operaciones afuera del país, este es un grave indicador en contra de la libertad de prensa. Nos pronunciamos en contra de la prolongación de los procesos judiciales en contra de todas las personas capturadas en el caso La Floresta, que hay detenidos 23 dirigentes y habitantes de esa comunidad”, agregó.
Paz Narváez exigió la libertad del vocero de UNIDEHC, Fidel Zavala, injustamente capturado por segunda vez, quien denunció que en las cárceles de El Salvador se tortura y asesina, y nuevamente por esta valiente denuncia que hizo, fue capturado y sometido al silencio.
“También exigimos que se levanten las órdenes de captura en contra de los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz, que en este momento se ven obligados a mantenerse en el extranjero, a partir de la persecución política que se hace contra ellos; tenemos una cantidad de personas que guardan prisión política por defender los derechos humanos o personas que han sido funcionarios políticos en momentos anteriores que también están injustamente capturados por faltas al debido proceso”, indicó.
El movimiento popular también exigió la libertad de los integrantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, entre ellos, José Santos Melara; la libertad de Eugenio Chicas, y todos los sindicalistas que han sido capturados y perseguidos injustamente.
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