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Por Leonel Herrera*
Monseñor Rafael Urrutia negó el permiso para que las comunidades y organizaciones cristianas realizaran la tradicional misa de conmemoración del martirio de San Óscar Arnulfo Romero en la capilla del Hospital La Divina Providencia.
Sin embargo, gracias a la valiente y oportuna denuncia del Comité Nacional Monseñor Romero, el párroco de la Iglesia Miramonte (y encargado de la “capilla del hospitalito”), autorizó que los fieles romerianos celebraran la Eucaristía en el lugar donde fue asesinado el Arzobispo Mártir.
La negativa inicial de monseñor Urrutia llamó la atención, más aún por tratarse de un obispo vinculado a la causa de la canonización de Óscar Romero proclamado santo de la Iglesia Católica el 14 de octubre de 2018. Ante esto surge la pregunta lógica: ¿qué habrá detrás de estas actitudes y reacciones anti romerianas 46 años después del magnicidio?
Las razones podrían estar relacionadas con la incomodidad que la memoria de San Romero todavía representa para quienes le asesinaron: políticos, empresarios y hasta miembros del clero católico: les recuerda el crimen y les molesta la vigencia de su denuncia.
Sin embargo, en el actual contexto nacional marcado por la instauración de un modelo autoritario que pretende erigirse como la panacea política, perpetuarse como proyecto de país definitivo y asumirse como “fin de nuestra historia”, cuya única antípoda sería “regresar al pasado”.
Frente a esta perspectiva tan aberrante política e históricamente, el legado de San Romero plantea un proyecto de transformación nacional alternativo al régimen dictatorial que se pretende imponer. Desde el pensamiento sociopolítico del Arzobispo Mártir es posible y necesario construir un país basado en los principios del evangelio cristiano.
El politólogo Álvaro Artiga, en su libro “Una sociedad según el corazón de Dios”, propone diez “principios estructurantes” para fundamentar un programa de cambio estructural alternativo desde el legado romeriano.
El primer principio romeriano es “la fraternidad”, que sería la “piedra angular y base para estructurar las relaciones entre todos los salvadoreños y salvadoreñas”. La idea de relaciones fraternas, como hermanos y hermanas, contrasta con la lógica de exclusión y polarización que promueve el régimen actual, que divide a la población entre “buenos” y “malos”, promueve discursos de odio político, persigue a quienes considera adversarios y no comparte el poder.
La fraternidad promueve el sentido de unidad nacional, de responsabilidades compartidas, bienes comunes, intereses colectivos y de armonía social. Si somos “hermanas y hermanos” cabemos todos/as y nadie tiene que “irse al carajo”, como sugirió recientemente un funcionario gubernamental.
El segundo principio estructurante es “el pluralismo”, cuya vigencia “es necesaria para construir la unidad y crear un orden social incluyente donde las las opiniones e intereses de todos cuenten”. La perspectiva de pluralidad y diversidad también difiere de la lógica autocrática, de concentración del poder y de ausencia de pesos y contrapesos democráticos que impera actualmente.
La pluralidad también se refiere a la alternancia en el poder, la vigencia del espacio cívico, la participación ciudadana, el debate público y otros aspectos democráticos que han sido socavados por este régimen antidemocrático.
El tercer principio propuesto por Artiga es “la equidad”, relacionada con la superación de las desigualdades sociales. Este principio llevaría a formular políticas de redistribución de la riqueza históricamente concentrada en un pequeño grupo de familias oligárquicas. Esta lógica apuntaría, por ejemplo, a la necesidad de reformas tributarias progresivas donde “paguen más quienes tienen más”, al pago de salarios dignos y pensiones justas.
La equidad contrasta con el aumento de la pobreza y la profundización de las desigualdades provocadas por la vigencia de un modelo económico neoliberal y un sistema capitalista controlado por una élite oligárquica, a la cual el clan familiar gobernante busca integrarse.
El cuarto principio romeriano es “la justicia” que, junto a la equidad, “es la base de la verdadera paz”. La justicia tiene que ver con el respeto y vigencia plena de los derechos humanos, la superación de todas las injusticias y el abordaje de los problemas estructurales.
Este visión choca frontalmente con las violaciones de derechos humanos y el cometimiento delitos de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción, la anulación del debido proceso y la independencia judicial, la falta de respuesta gubernamental a demandas sentidas de la gente y un aparato estatal en función de estructuras injustas.
El quinto principio estructurante es “la inclusión”. “La transformación de las estructuras injustas debe buscar la inclusión de quienes han sido excluidos de los beneficios sociales”. La inclusión tiene que ver con atender a los sectores vulnerables, superar la exclusión y la marginación, el rol subsidiario del Estado y democratizar los beneficios del crecimiento económico.
La inclusión no es característica de las políticas públicas ni rasgo distintivo del actual gobierno que ha eliminado o reducido programas de protección social de administraciones anteriores, ha desmantelado el sistema de salud, desmejorado la educación, despide a miles de empleados públicos y muestra una tendencia a discriminar a las personas pobres y adultas mayores.
El sexto principio propuesto por Artiga es la “responsabilidad ecológica” que promueve el respeto al medioambiente y el cuidado de “la creación”. Este es un elemento central, dado el grave deterioro ecológico del país y la urgencia de evitar un inminente desastre ambiental con proyectos tan nocivos como la explotación minera metálica.
La perspectiva ecológica representa una apuesta radicalmente distinta a la lógica de destrucción ambiental que caracteriza al actual gobierno, que destruye ecosistemas y poco o nada hace para revertir la degradación de los bienes hídricos.
El séptimo principio romeriano es “la racionalidad”, en la cual prima la razón, el diálogo, la prudencia y el consenso. La racionalidad es el descarte de la violencia, la imposición, las intrigas, la conspiración, las amenazas y la fuerza bruta.
La racionalidad llevaría a desmontar varios aspectos del modus operandi del régimen actual que se caracteriza, precisamente, por la irracionalidad que expresa su prepotencia, su megalomanía, su propaganda, sus mentiras y su desprecio y hostilidad contra todo lo que no se somete a la perspectiva oficial. La racionalidad también tiene que ver con la necedad y terquedad de impulsar proyectos que serían el acabose nacional, como la minería metálica.
El octavo principio estructurante es “la libertad” que no admite ningún tipo de dominación, control, represión, subyugación, avasallamiento, opresión u otro tipo de condición que vulnere o menoscabe la dignidad humana.
El principio de libertad tiene que ver con el respeto al libre pensamiento y expresión, al ejercicio del espacio cívico, el cumplimiento pleno de los derechos y la anulación de marcos jurídicos violatorios de las libertades ciudadanas. Claramente, el actual régimen de excepción, leyes como la de “agentes extranjeros”, la política de persecución y la manipulación de las emociones de la gente, son contrarias al principio de libertad y dignidad humana.
El noveno principio propuesto por Artiga es “la bondad” que lleva a rechazar todo tipo de maldad, incluida la mentira, el odio político, la corrupción, las injusticias, los abusos de poder. La bondad haría que las políticas del Estado, las actuaciones de sus funcionarios y el compartimiento de la ciudadanía se base en el sentido de buena fe y el bien común.
La bondad tiene que ver con la “conversión” de quienes tienen malas ideas, intenciones perversas e intereses malsanos, mezquinos y contrarios a las demandas legítimas, aspiraciones y sueños de la población, especialmente de los que sufren. La bondad implica transparencia, probidad y honestidad, especialmente en la función pública.
Y el décimo principio romeriano planteado por Artiga es “la participación”, que es un derecho y un deber. La participación no solo tendría que ver con elegir presidentes, diputados y alcaldes; sino con participar en forma activa y consciente en la defensa de los derechos, en la solución de los problemas y en la construcción de un país basado en los nueve principios anteriores.
Actualmente la participación ciudadana está limitada por el clima de temor imperante, por las amenazas del régimen de excepción y las cadenas perpetuas, por el cierre del espacio cívico y por la persecución judicial por motivos políticos. La situación se complica aún más con la falta de acceso a la información, el clima de desinformación y la falta de institucionalidad.
Estos diez principios sugeridos por Artiga podrían ser la base fundamental para una nueva propuesta de transformación nacional alternativa al actual modelo autoritario y excluyente. Ante el agotamiento del proyecto de la izquierda partidaria y la ausencia de otras propuestas, la construcción de un “proyecto romeriano” podría ser la alternativa real, viable y necesaria.
Eso es lo que preocupa al oficialismo, incluidos sus simpatizantes en la propia Iglesia Católica.
*Periodista y activista ambiental.
