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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Julio González, activista del Colectivo Ecologista Madre Selva, de Guatemala, en recientes declaraciones al programa de radio “VOCES”, reiteró que el proceso de Consulta Municipal de Vecinos celebrada el pasado 18 de septiembre, en Asunción Mita, departamento de Jutiapa, se hizo de manera “legal y transparente”.
“Cumplieron con el Código Municipal que en sus artículos entre el 60 al 66 establece este mecanismo que es consultivo pero también puede ser indicativo a las autoridades del gobierno central. Por ser el parecer, la opinión, la libre expresión y la libre determinación de los vecinos de Asunción Mita”, expresó González.
La presencia de un grupo nutrido y diverso de observadores nacionales e internacionales, consideró González, fue un aporte a la transparencia del proceso en la que participaron delegaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos, el Arzobispado, así como, miembros del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) , que consideró tienen una visión amplia del proceso que fue democrático.
“Ya esperábamos, -desde luego- una reacción así y me parece muy visceral de parte de las autoridades del gobierno nacional y claro la empresa. Porque esa consulta es vinculante para el alcalde y su Concejo Municipal”, dijo.
“Y como se estableció en la Sentencia Corte de Constitucionalidad (CC) en el caso Villa de Mataquescuintla, en donde se revisó a fondo el tema de la vinculancia. Así que este tema no procede y no puede intervenir aduciendo que no es vinculante”, agregó González.
El tema de la mina Cerro Blanco ha estado en la mira de las organizaciones que defienden el medio ambiente de Guatemala y El Salvador, por las afectaciones que dejaría la industria minera en las aguas compartidas de la Cuenca Ostúa-Güija-Lempa, así como la instalación de almacenamientos de “relaves” (lodos tóxicos mineros) que podrían impactar de manera irreversible los recursos naturales de ambos países.
Igualmente, la investigación del experto y master Steven H. Emerman, presentada por la Fundación Heinrich Böll Stiftung El Salvador señala “que la instalación de almacenamiento de -relaves filtrados- en la mina de oro y plata Cerro Blanco, tendría 175 metros de altura y estaría a tan solo 395 metros de pendiente arriba del pueblo Trapiche Vargas y solo a 103 metros pendiente arriba de la quebrada El Marial, desde donde los relaves pueden fluir hacia El Salvador”, detalla el informe.
El Colectivo Madre Selva, ha reiterado que el proyecto minero “Cerro Blanco” es un intento fallido de explotación minera que por 15 años no ha extraído ninguna onza de oro ni de plata.
La empresa BlueStone Resources, a través de Elevar Resources, luego de una búsqueda subterránea por las aguas termales no han tenido resultados, por lo que planean cambiar el método por la “minería a cielo abierto”, considerada de las más devastadoras por el impacto contaminante en el agua y suelos.
De ahí la oposición de las poblaciones transfronterizas y las organizaciones ambientales de ambos países que se han unido para presentar resistencia contra minería industrializada que contamina sus fuentes de agua y afecta la salud de las comunidades.
“Cuando el papel del Estado guatemalteco y las mismas instituciones se oponen al ejercicio de un derecho soberano, un derecho de la población, para utilizar el mismo lenguaje y actuaciones como si fueran la empresa (minera) es lamentable”, dijo.
“Yo siento vergüenza por el comunicado que redactó el Ministerio de Energía y Minas (MEM) porque allí demuestran un total desconocimiento cuando habla del artículo 125 de la Constitución. Cuando dice que los bienes son del Estado y los tiene que administrar, pero el Estado lo componen los tres poderes de la república ejecutivo, legislativo y judicial pero también la población y el territorio”, advirtió González.
Asimismo, señaló que la postura del MEM era indignante porque el contenido de su comunicado daba la “impresión” que era el mismo que publicó la empresa Elevar Resources, al conocerse de los resultados de más del 80% contra el NO a la mina Cerro Blanco.
“Es bochornoso que el ministerio que está para servirnos, porque somos ciudadanos, pagamos nuestros impuestos y de estos se sostiene el Estado y son fondos para pagarles sus salarios a los empleados, para que garanticen el bien común, estar del lado de la gente y proteger los recursos naturales”, sostuvo.
“Hay un sesgo total del Estado que debemos de analizar en el marco de la democracia pura. Porque este proceso de consulta es democrático que contiene en sí, derechos fundamentales para todos y se expresa en la libre expresión, el derecho de manifestación, la libre determinación y de hecho la voluntad del soberano que en este caso es Asunción Mita”, reafirmó González.
Asimismo, el activista de Madre Selva cuestionó el comportamiento de los ministerios involucrados en otorgar licencias de explotación y aceptar los Estudios de Impacto Ambiental, presentados por la empresa minera canadiense BlueStone Resources que no cumplían con los requerimientos.
“Se debe valorar el término de información con todo este proyecto se aprobó a oscuras, recordemos que esta empresa tenían tres licencias de exploración que ya estaban expiradas que iniciaron en 1997 hasta 2004, y en ese punto, tenían que presentar un instrumento ambiental para hacerse del derecho minero, o sea, ocupar el lugar en Cerro Blanco”, señaló. “Y en esos tres períodos de exploración no informaron -les pusieron algunas multas- por este incumplimiento y al final se vieron obligados a presentar un Estudio de Impacto Ambiental, que fue pésimo, con información insuficiente, con carencia de planos, con una serie de falencias, pero lo más importante fue que no tenían suficientes estudios hidrogeológicos, aseveró.
Sin embargo, ese equipo de Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, de esos años que rechazó en dos ocasiones (2005- 2006), esos inconclusos Estudios de Impacto Ambiental, fueron despedidos y nombraron a otro equipo que los aprobó de inmediato, lo que calificó Julio González como una “intervención gubernamental”.
“A partir de ahí, el estudio que aprobaron en 2007, ya como para optar a la licencia de explotación y significó que por mal hecho ese estudio, no les permitió extraer ningún gramo de oro o de plata en esa mina (por aguas termales) y por 15 años no han extraído nada”, indicó.
“Y en este sentido, el Ministerio de Energía y Minas y la empresa minera han cometido un fraude porque según la Ley de Minas, cuando una mina no extrae material en dos años o no tributan al Fisco, pues deben ser canceladas. Y eso, el MEM lo tiene claro, que Cerro Blanco no funciona, es increíble la actitud de los gobiernos porque unos lo aprobaron y los otros siguieron tapando esa corrupción”, concluyó González.
