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Organizaciones pro derechos humanos realizaron un conversatorio para analizar la aprobación de la “Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Derechos Humanos y para la garantía del Derecho a Defender Derechos”, debido a la nueva coyuntura política. Foto Diario Co Latino.

MDDHH: sin espacios de participación no coexiste la democracia

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

La iniciativa que impulsan las organizaciones que aglutina la Mesa por el Derecho a Defender Derechos valoró el contexto actual y futuro, sobre la situación de las personas que defienden intereses colectivos o individuales, así como, su garantía constitucional de poder ejercerlo.

“Si el modo de proceder gubernamental durante la pandemia se impone en la Asamblea Legislativa, pueda que tengamos aprobaciones de ley el día sábado (1o de mayo) y sanciones presidenciales en la tarde. Y probablemente el domingo un ordenamiento jurídico distinto, podemos pensar esas posibilidades”, afirmó Manuel Escalante, subdirector del IDHUCA.

Las organizaciones Pro-Búsqueda, IDHUCA, FESPAD, Colectiva Feminista, SSPAS, APES, Colectiva de Mujeres Periodistas y otras organizaciones pro derechos humanos realizaron un conversatorio con organismos internacionales, a fin de un intercambio de propuestas que permita la aprobación de la “Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Derechos Humanos y para la garantía del Derecho a Defender Derechos”.

Manuel Escalante señaló en su análisis que a partir del 1o de mayo, que tome posesión la nueva legislatura (2021-2024), con una mayoría calificada del partido oficialista (NI), podría generar nuevas dinámicas o roles dentro del quehacer del primer órgano del Estado, que puede afectar las demandas de las sociedad civil organizada.

“Un cambio al reglamento interno de la Asamblea Legislativa puede ser un riesgo, como limitar a las organizaciones sociales a presentar anteproyectos de ley -sabemos que esto es inconstitucional- pero todo lo que tarda la Sala de lo Constitucional, en resolver tendríamos un obstáculo”, dijo.

“El otro es el espacio que tenemos de pedir participación en la discusión de un tema determinado en las comisiones legislativas, que es lo que hemos hecho con este anteproyecto de ley a defender derechos, pero por ser reglamento interno se podría eliminar. Quitándonos el recurso de aportar a los temas”, observó Escalante.

Es de inquietud también el anuncio del oficialismo sobre la modificación de las comisiones legislativas y, por tanto, de los temas que abordarán. “Han dicho que las van a reducir (comisiones) entonces tenemos que ver en dónde termina nuestro anteproyecto de ley; en qué comisión y el énfasis que le dé dicha comisión su interacción y que no la vayan a archivar institucionalmente”, expresó.

Y sobre el mecanismo de participación social (art. 90/91 reglamento interno), que da posibilidad a cualquier ciudadano, que antes que voten un dictamen a un anteproyecto de ley, puedan pedir a la Junta Directiva la palabra y expresarse ante el Pleno Legislativo.

Aunque Escalante señaló que ninguna legislación anterior lo aplicó, pero que al analizarlo desde la participación ciudadana y la labor que realizan las personas defensora de derechos humanos el cambio de este mecanismo va a generar que las organizaciones enfrenten más dificultad de incidencia institucional.

“No extrañaría tampoco que voten los préstamos para el Plan Control Territorial, tema importante y estratégico para el Gobierno por la liquidez financiera por los problemas de caja. Y que la fase que pretende financiar del Plan es compra de tecnología para la vigilancia, que no está regulada legalmente y destinada para el Ejército. Y la PNC tiene una buena cantidad de recursos y, claro, esta tecnología puede ser mal utilizada contra aquellos que signifiquen un estorbo”, argumentó Escalante.

La lucha de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos lleva un esfuerzo desde el 6 de septiembre de 2018, con la presentación del anteproyecto de ley, y posteriormente toda la incidencia y trabajo colectivo con instancias de gobierno, la Comunidad Internacional y otros espacios que potencian este mecanismo de participación social.

Alejandra Burgos, de la Colectiva Feminista, reafirmó que trabajarán la incidencia en el contexto de una nueva Asamblea Legislativa, aunque no negó la falta de elementos claves que den certeza de un acercamiento de diálogo y debate cordial.

“Como Mesa por el Derecho a Defender Derechos, vamos a seguir insistiendo en la aprobación de la ley; así también vamos a continuar señalando la situación de violencia que está enfrentando, incluso que se ha incrementado en los últimos meses a las personas defensoras de derechos humanos. Estamos en un momento de violencia, el discurso de odio y la hostilidad contra quienes defendemos derechos humanos está a la orden del día”, manifestó.

Haciendo referencia a las últimas declaraciones del presidente Nayib Bukele, sobre la propuesta de organizaciones sociales que impulsan una CICIES, independiente, enfrentó en las redes sociales un “descarte total”, en donde hizo referencia a los logos de las organizaciones.

“Ese tipo de aseveraciones, ese tipo de narrativas nos preocupan y de cara a la nueva legislatura son situaciones alarmantes y queremos hacer llegar este aviso al Cuerpo Diplomático y a otros organismos internacionales esta serie preocupaciones”, acotó.

Sobre la propuesta de la “Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Derechos Humanos y para la garantía del Derecho a Defender Derechos”, Burgos aclaró que el contenido de este anteproyecto ya no es el mismo, porque en el último trimestre del año 2020, junto a la comisión legislativa de Justicia y Derechos Humanos, se actualizó debido al trabajo sostenido de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos.

“El anteproyecto de ley ha estado durmiendo el sueño de los justos, pese a reunirnos con todas las fracciones partidarias explicándoles el contenido, incluso en el marco de la cuarentena obligatoria y la pandemia, llevándoles datos actualizado sobre la situación de personas defensoras y participamos de una mesa técnica para una revisión exhaustiva, fueron cuatro meses y en diciembre el documento terminado; es un documento con actualizaciones y revisiones, incluso de organizaciones internacionales”, indicó Burgos.

“Les voy a dar una buena noticia, ustedes (organizaciones sociales) están en el ADN de la Unión Europea”, dijo Borja García Hidalgo, Consejo Político de la Unión Europea en El Salvador, en su intervención reiterando el compromiso a las demandas sociales salvadoreñas. Y José Luis Cárdenas (Mundubat) expresó que esperaba que las conjeturas sobre la nueva legislatura no fueran tan radicales y reiteró el apoyo de la comunidad internacional, con estas iniciativas.

Walter Gerardo Alegría, representante del Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos El Salvador, reiteró el seguimiento a las organizaciones sociales y su anteproyecto de ley. “Es cierto, habrá que esperar cómo se ve la nueva Asamblea y continuar el análisis para retomar estrategias y cuentan con nuestro acompañamiento al análisis”, puntualizó.

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