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Amalia López, Loyda Robles y Alejandra Burgos, defensoras de derechos humanos, exigieron el cese al discurso de confrontación estatal. Foto Diario Co Latino /Gloria Orellana.

MDDH: Exige cese de la criminalización estatal a organizaciones sociales

Gloria Orellana
@DiarioCoLatino

“Es un discurso amplio y hostil contra quienes defendemos derechos humanos, y si nos preocupa porque este tipo de conductas no caracteriza una sociedad democrática, aunque el discurso estatal diga que no existe la criminalización es una total contradicción”, manifestó, Alejandra Burgos, de la Colectiva Feminista, que integran la Mesa por el Derecho a Defender Derechos.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Defensor y Defensora de Derechos Humanos, las organizaciones que integran la Mesa por el Derecho a Defender Derechos,

exigieron al presidente de la república, Nayib Bukele, y sus funcionarios abstenerse de perseguir, acosar, difamar y criminalizar a personas defensoras de derechos humanos.

La Mesa por el Derecho a Defender Derechos, desde el año 2017, impulsa un anteproyecto de ley para el “Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos”, propuesta que presentaron el 6 de septiembre de 2018, ante la Asamblea Legislativa, que garantice el libre ejercicio de la población a defender sus derechos o los colectivos.

“Trabajamos en conjunto con la Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos, en el último trimestre de 2020, creando un proceso de actualización a la ley que presentamos (2018), la propuesta de ley en ningún momento tiene la intención de dar protección especial a un grupo de la población, todo lo contrario, la normativa es defender a la ciudadanía en general”, agregó Burgos.

Al referirse a las situaciones arbitrarias que se generaron el año pasado, por las medidas gubernamentales que fueron tomadas en torno a la pandemia del COVID-19, “Lo vemos en las madres y amigas que están buscando a sus desaparecidos, pidiendo justicia; en la población LGBTI, que denuncia las discriminaciones que enfrentan a diario; en las mujeres que buscan justicia, porque han enfrentado hechos de violencia y las que acompañan para presentar estas denuncias”.

“Lo vemos en las personas que luchan contra la privatización del derecho humano al agua, que constantemente vienen denunciando ese tipo de leyes que benefician, como históricamente ha sucedido, a cierto grupos económicos; las que colocaron la propuesta de reforma Beatriz, el pasado 28 de septiembre y que fue archivada sin mayor diálogo,. Entonces lo que vemos son obstaculizaciones a esta labor de defensa”, consideró Burgos.

Sobre la preocupación por el “deterioro de la institucionalidad democrática”, Amalia López, integrante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, señaló que se están cerrando los espacios para el libre ejercicio del “derecho a defender derechos”, no obstante que está reconocido en la Constitución de la República y EN el derecho internacional, convenciones y tratados de los cuales El Salvador es signatario.

“Las personas defensoras de derechos humanos desarrollan sus actividades de promoción y defensa en contextos hostiles y al margen de la protección legal, así en los últimos dos años se ha experimentado un incremento de ataques provenientes de agentes estatales, persecución y hostigamientos a personas defensoras de derechos humanos”, dijo López.

Asimismo, mencionó un sistemático accionar que de manera reiteradas estos agentes y funcionarios del Estado, emplean para descalificar esta labor social, que van desde el descrédito de las personas defensoras de derechos humanos hasta la restricción al ejercicio periodístico e intimidación, el bloqueo en el acceso a la información pública, la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y coacción al derecho de la protesta social.

“Los funcionarios y funcionarias públicas, utilizando su posición, recursos, medios estatales y personales, difaman a organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, lo que se ha convertido en una verdadera campaña de persecución y descrédito”, agregó.

“Y preocupa la manera especial de bloquear estos derechos, con la reciente aprobación de un decreto de limitar las concentraciones populares, bajo el argumento de la salud con el pretexto del COVID-19, con la pretensión de criminalizar la creciente protesta social y que riñe de manera directa con el respeto a las libertades de pensamiento, asociación e informar”, sostuvo López.

Loyda Robles, directora de Fortalecimiento a la Institucionalidad del Estado, Transparencia y Anticorrupción de FESPAD, señaló que la Mesa por el Derecho a Defender Derechos espera que la Asamblea Legislativa retome la discusión de estapropuesta de ley desde un enfoque participativo, y se reúna con los integrantes de las organizaciones para ofrecer sus opiniones técnicas sobre el contenido de ese marco legal.

“El Estado tiene responsabilidad de legislar en esta materia, hay una declaración que protege y reconoce la labor de la personas defensoras de derechos humano, inclusive, esta conferencia se da en el marco del Día Nacional del Defensor y Defensora de Derechos Humanos”, dijo.

“Que si bien es un reconocimiento tibio, las anteriores legislaturas si vieron la importancia que tiene la labor de las personas defensoras de derechos humanos, y en ese sentido decretaron un día para la persona defensora, aun cuando en la práctica no se está cumpliendo de manera integral, pese a se ser obligación estatal”, explicó Robles.

De igual manera, valoró, como inaceptable, que funcionarios de alto nivel, comenzando con el presidente de la república, Nayib Bukele, dar rienda suelta a la tendencia del “desprestigio” a personas defensoras o también a sus organizaciones sociales.

Lo anterior, en relación a una comisión especial que se ha instalado al interior de la Asamblea Legislativa en donde se propicia un “discurso estigmatizador”, que llega a lo discriminatorio a la labor que realizan las organizaciones de derechos humanos”.

“Hay estándares internacionales que exigen a los gobiernos y Estados a respetar a las organizaciones, que si bien, han detectado manejos inadecuados, digamos una organización que lava dinero, el deber del Estado es investigar pero individualizar el caso. El presidente o funcionarios no pueden utilizar un discurso para generalizar a todas las organizaciones de la sociedad civil”, agregó.

“La CIDH también ha establecido el respeto que el Estado debe tener a la labor que nosotros realizamos en defensa de los derechos humanos, sin embargo, lo que tenemos en la práctica son altos funcionarios que están agrediendo verbalmente, lo que lleva a que funcionario de menor rango pasen de la agresión verbal a la física, como ha ocurrido con el gremio de periodistas, y se sienten amparados por ese discurso oficial, sabiendo que no tendrán sanción por parte del gobierno”, puntualizó Robles,

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