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Redacción Nacionales
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Organizaciones sociales pidieron este jueves a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional la Ley de Agentes Extranjeros aprobada por el oficialismo para incautar el 30% de las donaciones que reciben las oenegés en El Salvador.
Abogados del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) presentaron a la Sala de lo Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del decreto legislativo que contiene la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX).
Esta ley fue aprobada con dispensa de trámite por Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, luego de una protesta pacífica de las familias de la Cooperativa El Bosque, cuando solicitaban la intervención del presidente de la República, Nayib Bukele, ante la orden judicial del despojo de sus tierras que derivó con la detención arbitraria del presidente de la cooperativa José Ángel Pérez y del reconocido defensor de derechos humanos el abogado Alejandro Henríquez.
Es de recordar que en mayo, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la Ley de Agentes Extranjeros con la que se impondría el 30% de impuesto a los ingresos por donaciones de las ONGs, y que estos fondos servirían para legalizar el problema de vivienda que actualmente tiene la Comunidad El Bosque en Santa Tecla, donde de hecho, fueron reprimidos por la policía la noche del pasado 12 de mayo tras exigir el no desalojo de sus viviendas.
Silvia Navarrete, del MDCT, sostuvo que la Ley de Agentes Extranjeros busca criminalizar a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos como el caso Ruth López, Henrique Anaya y otros defensores, quienes han denunciado públicamente, violaciones de derechos humanos e indicios de actos de corrupción de los funcionarios del régimen actual.
Navarrete recordó que previo a la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro que desarrollan actividades financiadas por cooperación para el desarrollo, ya eran reguladas y fiscalizadas por las diferentes entidades contraloras del Estado.
De hecho, planteó que estas ya rinden cuentas anualmente sobre la ejecución de los fondos, cumplen las obligaciones patronales, depositan los estados financieros, cumplen con los controles del sistema financiero, establecen mecanismos de control para la prevención del lavado de dinero y activos, además de promover la participación ciudadana y contribuir con programas y proyectos que garantizan derechos y acceso a salud, educación, empleo, conservación y defensa del ambiente, desarrollo local entre otros.
EL MDCT enfatizó que después de realizar un estudio a profundidad del proceso de aprobación y del contenido de la Ley de Agentes Extranjeros, consideraron que violenta de manera flagrante una decena de artículos de la Constitución de la República, principalmente los referidos a la legalidad, igualdad, a los derechos de expresión, organización y participación. Esto “representan un grave retroceso en materia de derechos humanos y debilitamiento del Estado de Derecho”, comentó Navarrete.
Morena Murillo, también del MDCT, explicó que la Ley de Agentes Extranjeros presenta múltiples vicios de forma, pues se incumplen los artículos 85 y 135 de la Cn. vicios de contenidos que violentan los artículos 1,2,6,7,11,18 y 103 de la Cn. y de violación reflejada en el articula 144 de la Carta Magna.
El Movimiento sostuvo que es preocupante que con la LAEX, se atribuya con discrecionalidad el registro, excepción y funcionamiento de las organizaciones sociales, confiscar sus bienes e imponer multas desproporcionadas a las organizaciones por la denuncia de las violaciones a los derechos humanos, el desmantelamiento del Estado democrático de derechos y la independencia de poderes.
De hecho, la Fundación Cristosal, luego que su abogada defensora, Ruth López, fuera caputurada, cerró sus operaciones en El Salvador debido al acoso estatal y aún más con la Ley de Agentes Extranjeros.
El MCDT solicitó a la Sala de lo Constitucional que como medida cautelar suspenda la vigencia e implementación de la Ley hasta que emita una resolución definitiva sobre su demanda de inconstitucionalidad.
Las organizaciones aglutinadas en el MDCT lamentaron el silencio de algunos cooperantes y asociaciones que al margen la ley prioriza obtener inscripción, excepción y no pronunciarse en contra una ley “que asfixia, transgrede y restringe la libertad y derechos de expresión, asociación, participación y observación ciudadana”.
El MDCT hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA), al Congreso de Estados Unidos, al Parlamento Europeo y a las Agencias de Cooperación democráticas y solidarias a pronunciarse y demandar al Estado salvadoreño para la derogación de la Ley de Agentes Extranjeros.
Ante los ataques por parte del mismo Estado, las organizaciones señalaron que no son actores de oposición política como los quiere presentar la narrativa gubernamental con el propósito de descalificarlos y estigmatizarlos.
