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Redacción Nacionales
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El envío de más de dos mil soldados para combatir a las pandillas de Haití, y rescatar a los cuatro militares salvadoreños secuestrado en aquel país, abre interrogantes sobre los riesgos de ampliar la presencia de la Fuerza Armada en un país sumido en una profunda crisis institucional, donde las organizaciones criminales controlan amplias zonas del territorio.
Durante el programa Encuentro con Julio Villagrán, el analista Marvin Aguilar y la abogada Mirna Perla cuestionaron los alcances de la operación militar anunciada por el Gobierno salvadoreño y advirtieron que trasladar a otro país la estrategia de seguridad aplicada en El Salvador no garantiza resultados similares.
La discusión se produce después de que Bukele envía 2500 soldados a Haití, luego de exigir la liberación inmediata y sin daños de los cuatro militares secuestrados en, al tiempo que amenazó con intensificar las operaciones si los responsables no entregaban con vida a los salvadoreños. El mandatario sostuvo que las acciones militares realizadas hasta ese momento eran apenas una parte de lo que podría ocurrir si sus compatriotas sufrían algún daño.
Una misión que amplía su presencia militar
Marvin Aguilar explicó que El Salvador pasó de mantener un contingente de aproximadamente 70 a 100 efectivos en Haití a preparar un despliegue de alrededor de 2,500 militares, distribuidos en tres batallones, según su interpretación de la información disponible. El analista señaló que la ampliación incluye unidades especializadas, entre ellas fuerzas de choque y personal paracaidista.
La participación salvadoreña tiene antecedentes institucionales. En 2024, el país se incorporó a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití. Posteriormente, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó, mediante la resolución 2793 de 2025, la transición hacia la Fuerza de Supresión de Pandillas. El 2 de octubre de 2026, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó una ley para la participación de la Fuerza Armada en esa nueva misión, según publicó Diario Co Latino.
Para Aguilar, sin embargo, la cuestión central no es solamente la legalidad del despliegue, sino sus objetivos, las condiciones en que se ejecuta y la posibilidad real de cumplirlos. El analista planteó que una intervención militar puede resultar relativamente sencilla en su fase inicial, pero mantenerse en el territorio y encontrar una salida son desafíos mucho mayores.
Haití no es El Salvador
Uno de los principales cuestionamientos expuestos en el programa es la comparación entre las pandillas salvadoreñas y las organizaciones armadas haitianas. Aguilar advirtió que las condiciones históricas, políticas y territoriales de ambos países son diferentes, por lo que no puede suponerse que una estrategia de seguridad aplicada en El Salvador tendrá los mismos resultados en el Caribe.
El analista sostuvo que las bandas haitianas cuentan con armamento de alto poder y mantienen redes de abastecimiento que, según su exposición, incluyen circuitos ilegales de armas y drogas. También señaló que la violencia no puede comprenderse sin considerar las relaciones entre estructuras criminales, sectores políticos y grupos económicos.
En ese contexto, el control territorial de las pandillas representa un obstáculo para cualquier operación. Aguilar afirmó que amplias zonas de Puerto Príncipe están bajo dominio de esos grupos, lo que dificulta tanto el desplazamiento de las fuerzas internacionales como la protección de la población civil.
La experiencia de anteriores intervenciones extranjeras también fue parte de su argumento. El analista recordó los problemas enfrentados por otras fuerzas internacionales y sostuvo que la presencia militar, por sí sola, no resuelve las causas políticas y sociales de la crisis haitiana.
El peligro de una escalada
El secuestro de los cuatro militares ocurrió el 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, en las inmediaciones de Puerto Príncipe. De acuerdo con la información publicada por Diario Co Latino, los efectivos se desplazaban en un vehículo para abastecerse de alimentos cuando fueron atacados y posteriormente capturados por integrantes de organizaciones criminales.
Aguilar cuestionó las circunstancias en que los militares se movilizaron por una zona de alto riesgo y planteó la necesidad de esclarecer las decisiones de mando que precedieron al incidente. A su juicio, las autoridades deberían investigar las condiciones de seguridad de ese desplazamiento y determinar si se adoptaron las precauciones necesarias.
El analista también advirtió que una ofensiva de gran escala podría aumentar el peligro para los propios militares y para la población haitiana. Explicó que las fuerzas desplegadas pueden encontrarse frente a grupos armados mezclados con comunidades civiles, situación que eleva el riesgo de víctimas no combatientes.
En ese escenario, sostuvo, las autoridades salvadoreñas tendrían que considerar las consecuencias humanas y jurídicas de sus decisiones.
Dudas sobre el costo para El Salvador
Aguilar cuestionó también el beneficio concreto que obtendría El Salvador al ampliar su participación militar en un conflicto distante. Señaló que una operación prolongada podría implicar nuevas bajas, dificultades logísticas y responsabilidades políticas para el Gobierno.
A su juicio, la decisión también puede interpretarse dentro de una estrategia de proyección internacional de Bukele, quien ha presentado la política de seguridad salvadoreña como un modelo para combatir estructuras criminales. Sin embargo, el analista advirtió que el prestigio político que pudiera obtenerse de una intervención no elimina sus riesgos.
Por su parte, Mirna Perla introdujo una dimensión humanitaria al debate y llamó la atención sobre las consecuencias que los enfrentamientos pueden tener para la población que vive en territorios controlados por las bandas.
La preocupación se relaciona con una crisis en la que millones de personas enfrentan inseguridad y dificultades para acceder a servicios esenciales. Una operación militar que no distinga adecuadamente entre integrantes de grupos armados y población civil podría profundizar el sufrimiento de comunidades ya afectadas por la violencia.
La diplomacia frente a la amenaza militar
Las advertencias de Bukele colocan al Gobierno salvadoreño ante una decisión compleja: sostener la presión para recuperar a los cuatro militares o evitar que el ultimátum derive en una escalada que comprometa a todo el contingente.
Aguilar consideró que la inteligencia, la investigación y el conocimiento del territorio deben ocupar un lugar central en cualquier respuesta. También cuestionó que la solución se presente principalmente en términos de fuerza militar, cuando la crisis haitiana tiene raíces históricas e institucionales profundas.
Mientras el Gobierno sostiene que busca recuperar con vida a sus compatriotas, las advertencias de los analistas apuntan a una cuestión de fondo: una operación anunciada como rescate puede convertirse en una intervención prolongada si no existen objetivos claros, información confiable y una estrategia de salida.
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