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Recientemente se conoció que Estados Unidos supo del asesinato de cuatro presos políticos salvadoreños a manos de la temible y ahora extinta Guardia Nacional (GN), desde 1979, de acuerdo informes desclasificados. Se trata del dirigente de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES 21 de junio), Efraín Arévalo Ibarra, la poetisa Lil Milagro Ramírez, Carlos Antonio Madriz Martínez y Manuel Alberto Rivera, quienes fueron asesinados por orden del ex Director de la GN, General, Alfredo Alvarenga.
El dirigente de ANDES 21 de Junio, Efraín Arévalo Ibarra, fue capturado el 6 de noviembre de 1977, en San Miguel, y desde entonces tiene la calidad de desaparecido. Es decir, 45 años de búsqueda y dolor de la familia. Mientras que Lil Milagro Ramírez, fundadora de las primeras organizaciones político militares de El Salvador, fue capturada por guardias vestidos de civil en noviembre de 1976, en San Salvador, es decir, hace 46 años. De acuerdo con la información desclasificada, la poetisa habría sido asesinada en octubre de 1979, y su cuerpo fue quemado por los guardias nacionales. La misma suerte corrieron los otros dos capturados y posteriormente desaparecidos.
Los familiares del profesor Efraín Arévalo Ibarra han pedido a sus victimarios que revelen dónde sepultaron sus restos o el sitio donde los “botaron”.
“Queremos tratar de encontrarlos (a los asesinos de Arévalo) y, amistosamente, sin confrontaciones, pedirles que nos digan dónde los dejaron (los restos del preso político), si enterrados o botados, para exhumarlos”, dijo a este medio uno de los parientes de Arévalo Ibarra. “Nosotros no perdemos la esperanza (de encontrar los restos de Arévalo Ibarra), agregó.
Estos cuatro casos, y en particular el del profesor Arévalo, demuestran que el tema de los desaparecidos, tanto los ocurrido previo y durante la guerra civil, como en la actualidad, debería convertirse en política de Estado, para encontrar la verdad y, con ello, resarcir el dolor de la familia doliente y, en alguna medida, reparar el daño, sobre todo, para que no vuelvan a ocurrir.
Recientemente, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), mediante un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pidió investigar el caso de Josué, un adolescente de 14 años, desaparecido el 4 de junio de 2011.
De acuerdo con el relato de los hechos “El día que desapareció fue a apoyar a su tía en un negocio familiar, alrededor de la una de la tarde salió de regreso hacia su casa, pero nunca llegó con su familia, en horas de la noche, la mamá angustiada y sola, acudió a la delegación policial de Santa Ana a reportar su desaparición, pero no le tomaron la denuncia”.
Antes y durante la guerra civil, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, hubo cerca de diez mil desaparecidos.
La Fundación Pro-Búsqueda, que desde su creación busca a niños desaparecidos, luego de los operativos militares en diferentes puntos del país, ha investigado 925 casos, y ha logrado localizar a 387 menores, muchos de ellos ya adultos cuando fueron encontrados.Y esta labor la continúa.
Entre 2020 y 2022 han ocurrido más de cuatro mil desapariciones, según registros de diversas organizaciones que luchan por los Derechos Humanos. Todos los casos de desaparecidos podrían tener respuesta si se adoptara una política de Estado, para darle solución a este flagelo, pero, sobre todo, evitar que se sigan sumando casos a la larga lista. Pero para que esto ocurra, el presidente Bukele debería tener empatía con las víctimas, lo cual, por supuesto, está muy distante de la realidad.
Entiéndase por empatía la “Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona”. Esa falta de empatía quedó demostrada cuando el presidente Bukele, en su calidad de comandante general de la Fuerza Armada, negó a un juez hurgar en los archivos militares para sustentar el caso que se sigue contra militares en calidad de retiro, acusados de la masacre de El Mozote.
Si este gobierno entendiera el dolor de las familias de los desaparecidos, cientos, sino es que miles, de los casos de desaparecidos estarían resueltos o en vías de solución. Los desaparecidos también son actos de tortura, y cuando el Estado no hace nada, está participando en la tortura, no de las víctimas directas, sino de sus familiares.
