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Las organizaciones piden que las industrias de la minería metálica no realicen trabajos debido a los daños al medio ambiente y la salud de los salvadoreños. Foto: Diario Co Latino/ Archivo.

Las nuevas amenazas de la minería metálica en El Salvador

Samuel Amaya
@SamuelAmaya

Diferentes organizaciones sociales y medioambientales realizaron un encuentro nacional para hablar sobre las nuevas amenazas de la minería metálica en El Salvador, tomando en cuenta que el Estado tiene intenciones de reactivarla y ha capturado a los líderes que en 2017 lograron la prohibición de la minería metálica en el país.

Hace seis años, El Salvador se convirtió en uno de los primeros países en prohibir la minera metálica, ya que a finales de marzo de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó con 69 votos la Ley Contra la Minería Metálica, un logro de las organizaciones y movimientos que por muchos años defendieron sus territorios, sus bienes naturales y con ello la vida de sus comunidades y de la población salvadoreña, sin embargo, defender la vida también costó la vida de mujeres y hombres que encabezaron la lucha contra la minería metálica, “precisamente defender ese logro de las comunidades y de tantos luchadores sociales es lo que nos ha reunido acá”, fueron las palabras de la encargada del evento.

En este evento participó el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, quien consideró que defender el medio ambiente es la misión del ser humano. “La minería, tristemente, causa un daño muy grave al medio ambiente y por consecuencia a la vida de las plantas, de los animales y la vida de las personas. Afecta la salud e incluso causa la muerte, es muy triste que por la ambición del dinero tengamos que pagar un precio tan grande como es el precio de la vida”.


Representantes de comunidades rurales participan en un encuentro donde se plantean las nuevas amenazas de posible explotación de la minería metálica en El Salvador. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.

Alas recordó que como esfuerzo de las organizaciones y movimientos sociales lograron la prohibición de la minera en 2017. “Este ha sido un gran logro, yo pienso que teníamos en el cielo un gran intercesor, Monseñor Romero, nos obtuvo esta victoria tan grande. La sociedad salvadoreña tomó conciencia de la importancia de proteger el aire, las plantas, los animales y la salud misma de las personas”.

Sin embargo, dijo, hay “grandes” intereses económicos internacionales y nacionales que pretenden echar abajo esa ley y cualquier ley que prohíba la explotación de los minerales, ya que están interesados en el dinero y “no el bien de las personas”, los que muestra intereses en que se revierta la prohibición de la minera “no miden el bien y tampoco el mal que va a causar aquella acción hoy”.

Escobar Alas planteó que las personas en los alrededores de la mina serían los más afectadas si se vuelve a explotar en un futuro, pero a la larga “afecta a todos”, ya que “la minera no es buena para nadie”, pue El Salvador es un país pequeño y densamente poblado que cuenta con una franja minera al norte del territorio.

El líder religioso explicó lo que podría significar si se revierte la prohibición de la minera metálica, tomando en cuenta que dicha zona ya está cerca del oro y plata y que para su extracción se requiere de venenos altamente tóxicos como el cianuro, mercurio y otros que son “altamente letales”.

“Cuando se explota la mina, el veneno se filtra en los mantos acuíferos y va a abarcar a todo el país y esa contaminación será perdurable, durará cientos de años”, remarcó Alas. A la vez, dijo que la iglesia siempre estará a favor de estas luchas.

Según las organizaciones medioambientales, El Salvador sufre de una crisis hídrica de enormes proporciones en términos de cantidad, calidad y el acceso la minería metálica es una amenaza para el agua por el enorme consumo y por la contaminación con materiales tóxicos. En ese contexto, Andrés McKinley, especialista en agua y minería de la UCA, explicó que la minera tiene un impacto significativo sobre el agua. “Los ríos en este país se están secando, aun nuestro querido río Lempa (…)”. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), los acuíferos en el país se agotan y pierden entre medio metro a un metro de agua por año, esto genera áreas cada vez más grandes de desertificación.

El 90% de las aguas superficiales de El Salvador está contaminada. Esto ha dejado al país como el que menos cuenta con disponibilidad en Centro América, según Naciones Unidas. El Salvador registra 3,000 metros cúbicos de agua por persona por año, datos muy debajo de otros países como Belice con 64,817 m3.

“Estamos llegando a una situación que llamamos estrés hídricos, cuando no habrá suficiente agua en El Salvador para responder a las necesidades de la población”, destacó Andrés McKinley.

Un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en 2016 concluyó que El Salvador tiene una esperanza de vida de unos 80 años si no se cambia la relación con el agua.

En diciembre de 2021 distintos medios de comunicación revelaron que El Salvador forma parte del Foro Intergubernamental sobre Minería Minerales Metales y Desarrollo, esto despertó la alarma de que la prohibición de la minería metálica pudiera ser revertida. Además, el gobierno ha mostrado poca voluntad por hacer cumplir la Ley de Prohibición de la Minería y ha perseguido a defensores medioambientales.

El periodista y analista, Leonel Herrera, recordó que la detención arbitraria de los líderes comunitarios de ADES- Santa Marta, ocurre en el contexto “de claras señales” sobre posible reactivación de proyectos mineros; justo cuando Santa Marta y ADES empezaron a alertar sobre esta nueva amenaza y a reorganizar la resistencia en Cabañas, epicentro minero del país, y a plantear la necesidad de reconstruir el consenso nacional anti-minero para mantener la prohibición de la minería.

“Por tanto, el injusto proceso judicial en su contra es una burda manipulación e instrumentalización de la justicia para debilitar a la organización comunitaria y al movimiento ambiental de cara a la nueva lucha anti minera que está por comenzar, utilizando como excusa la investigación de supuestos delitos de la guerra”, enfatizó Herrera.

Y es que según Leonel Herrera, el Estado ha emprendido acciones qué podrían significar el revés de la prohibición de la minería metálica; por ejemplo, el ejecutivo pidió a la asamblea legislativa que aprobase la Creación de la Dirección General de Energía Hidrocarburos y Minas, la cual establece, en su artículo 6, que dicha dirección podrá formular adoptar dirigir y coordinar la política nacional en materia de exploración, explotación, transporte, refinación, procesamiento beneficio, transformación y distribución de minerales; también regulará los aspectos relacionados con la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables existentes en el suelo y subsuelo del territorio. También tramitará previo a su aprobación por la Asamblea Legislativa las concesiones para la explotación de los recursos mineros y suscribir con los titulares los contratos respectivos y licitará la exploración de áreas especiales donde se localizan yacimientos con potencial económico investigado.

“Entonces, nos preguntamos: si hay una ley que prohíbe la minería con la definición y la determinación que logramos ver en los artículos ¿por qué se aprueba paralelamente otra ley que habla de minería?, no está hablando de sacar arena en el río Las Cañas, sino que de minerales entonces ¿por qué razón se incluye la minería en esta ley a pesar de la ley que prohíbe la minería”, cuestionó el analista Leonel Herrera.

Además, Herrera planteó que el Gobierno de Bukele asignó $4.5 millones para “revisar y actualizar” la ley minera, esto en el presupuesto 2023. “¿Qué actualización necesita una ley que lo que establece es algo definitivo, que es prohibir la minería?, se puede actualizar o modificar una ley para mejorarle aspectos cuando el área regulada ha tenido algunos cambios, pero si una ley establece una cuestión tan definitiva ¿qué actualización necesita?, cuestionó.

Las organizaciones que respaldaron estas posturas fueron: la UCA, Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA) y la Asociación Económica y Social (ADES) concluyeron que se debe trabajar en políticas publicas que favorezcan el agua, el medio ambiente y la vida. Asimismo, respetar de manera irrestricta la ley de prohibición de la minera metálica.

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