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La semana recién terminada nos ha dejado alegrías plenas, pero también otras a medias, y es que la justicia salvadoreña, si es que aún se le puede calificar como tal, ha dado un fallo satisfactorio en un caso, pero en otro sigue con la retardación de justicia, lo cual, desde el derecho internacional, se tipifica como un delito, que podría ser hasta de lesa humanidad.
En el primer caso nos referimos a la liberación de Alejandro Henríquez, abogado ambientalista, y al pastor de la iglesia Elim, José Ángel Pérez. Ambos capturados en mayo del presente año, cuando acompañaban a cerca de 300 familias de la Cooperativa El Bosque de Santa Tecla, La Libertad, en un plantón pacífico, en una zona verde contigua a la calle de acceso a la residencia del presidente Nayib Bukele.
La captura ilegal de José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez ocurrió el 12 de mayo de 2025, frente al centro comercial Las Palmas, en Santa Tecla, donde se encontraban para solicitar al presidente Bukele que impidiera una orden de desalojo que amenazaba con dejar sin vivienda a unas 300 familias, y que estaba prevista para esa semana. Durante la audiencia preliminar celebrada en el Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla decretó la libertad del abogado ambientalista Alejandro Henríquez y del pastor José Ángel Pérez, integrante de la comunidad El Bosque.
Henríquez y el pastor Pérez fueron acusados de los delitos de resistencia agresiva y desórdenes públicos. Ninguno de los delitos fue cometido por los ahora liberados, por lo que estuvieron presos injustamente. Por eso, organizaciones de derechos humanos, como la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), señalaron que se trata de delitos comunes que no justifican su reclusión en un centro penal de máxima seguridad.
La libertad de Alejando y el pastor fue gracias a un juicio abreviado, en el que los dos acusados tuvieron que aceptar el cometimiento de los delitos, sin que lo hubieran hecho.
Oswaldo Feusier, abogado defensor de Henríquez y Pérez, explicó que el caso se resolvió mediante un proceso abreviado, en el cual se les impuso una condena de dos años de prisión por el delito de resistencia agresiva y un año por desórdenes públicos. No obstante, el Juzgado Segundo de Instrucción ordenó su liberación inmediata.
El proceso abreviado, detalló el defensor, constituye un mecanismo más simplificado, rápido y ágil para resolver casos que no requieren la celebración de audiencias extensas; sin embargo, en esta ocasión, implicó que las personas imputadas aceptaran los hechos atribuidos en la acusación.
Más allá de la aceptación del delito siendo inocentes, lo importante es que Alejandro y José Ángel están libres, y eso hay que celebrarlo. La liberación, sin lugar a dudas, ha sido un duro golpe para el presidente Bukele, pues la protesta que la comunidad El Bosque realizó lo enfureció tanto que terminó con la detención de los líderes y el abogado de la Cooperativa El Bosque. Además, ese fue el inicio a la persecución contra las ONG defensoras de los derechos humanos, y se puso en vigencia la Ley de Agentes Extranjeros para controlar más y ahogar económicamente a las ONG.
El otro caso es el de los ambientalistas de Santa Marta. Y es que el Juzgado de Sentencia de San Vicente ha suspendido nuevamente la entrega por escrito del fallo absolutorio. El fallo fue presentado oralmente el pasado 24 de septiembre. Sin embargo, la entrega de las copias íntegras de la resolución ha sido suspendida en tres ocasiones: el 24 de octubre, el 28 de noviembre y este 19 de diciembre. La justificación en la primera y la tercera suspensión fue que la sentencia “está en revisión”, mientras que en la segunda el motivo fue que la entrega coincidía con una convención del órgano judicial realizada en esa misma fecha.
El efecto de dilatar la entrega escrita del fallo absolutorio es la postergación del fin del proceso judicial y el cierre de este sonado caso de criminalización del activismo ambiental y persecución de la resistencia comunitaria contra la reactivación minera. Sin el fallo por escrito no pueden agotarse los plazos y eventuales recursos procesales.
Diversas organizaciones sociales que han acompañado a los ambientalistas de Santa Marta, han calificado la actitud del tribunal como “malévolo”, y afirman que el propósito de esta estrategia dilatoria es “alargar el sufrimiento de los procesados, sus familias, su comunidad y sus organizaciones”.
