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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Oscar Leonel Tobar Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM) denunció como una falta de respeto, por parte del Gobierno del presidente Nayib Bukele, que se construyan obras de infraestructuras sin una consulta previa con la población o con la expropiación de las tierras de familiares de las víctimas de la Masacre de El Mozote.
“La sentencia de la Corte IDH (2011) determinó que el Estado salvadoreño, debería cumplir con 14 medidas de reparación en El Mozote y sitios aledaños. Y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, no estaba contemplada”, argumentó Tobar.
A 41 años de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, ejecutada entre el 11 al 16 de diciembre de 1981, en el contexto de una operación militar denominada “Operación Rescate”, el Batallón Atlacatl y otros contingentes militares masacraron alrededor de mil personas civiles y desarmadas.
Las víctiams fueron separadas en grupos y posteriormente asesinadas, en donde previo a su muerte las mujeres jóvenes fueron violadas y los hombres torturados. Estas acciones militares fueron replicadas también en los cantones La Joya y Cerro Pando, también en los caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, documentada en la sentencia de la Corte IDH.
La construcción de esta obra fue calificada de “ilegal e inconsulta” por la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote; Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), que violenta el derecho humano a un ambiente sano y por no incumplir con las medidas de reparación ordenadas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Como ustedes saben, la masacre de El Mozote ocurrió en 1981, pero en ese lapso de tiempo fue abandonado, y prácticamente las osamentas quedaron tiradas en el lugar. No hubo un sitio específico donde quedaran juntas. Así que en el El Mozote, puede haber víctimas, en muchas partes”, alegó el presidente de APDHEM.
“Se sabe que por un centro escolar hubo una fuerte masacre de niños y es allí donde están construyendo la planta de tratamiento de aguas residuales, y nosotros pensamos que era conveniente otro manejo, -se lo hicimos saber al Ministerio de Cultura- tenerlo en cuenta, en estos procesos, porque las osamentas que no fueron enterrados, los animales de rapiñas se llevaron sus restos lejos de donde ocurrió su asesinato”, señaló Tobar.
En cuanto a las construcciones que se está ejecutando (la DOM), Tobar, señaló que tanto como la planta de tratamiento de aguas residuales como un CUBO (Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades) no están dentro de las 14 medidas que la Corte IDH mandó al Estado salvadoreño cumplirlos.
“Esos planes han sido pensados desde acá, de San Salvador, a petición de algunos líderes comunitarios que les pareció bonito, pero es más como un enfoque de complejo turístico para atraer a las personas y tratando de borrar la historia de lo sucedido en 1981. Es como una costumbre de desvincular el proceso de El Mozote y lugares aledaños, y creo que otros lugares de masacres están viviendo esa misma situación”, consideró.
“Eso de minimizar las masacres de los años ochenta -recuerdo al presidente (Nayib Bukele) llegó al Mozote -, y dijo que él era un niño en esa época, y no tenía nada que ver con el tema de El Mozote, y que la guerra había sido un acuerdo de personas de dos bandos y no tenía nada que ver, como generando invalidez a lo ocurrido en El Mozote, donde mataron a más de mil personas”, expresó Tobar.
Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, criticó las acciones de la DOM, en cuanto a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en el marco que esta obra se inició con expropiación de tierras de una familia de las víctimas.
“Sin consultarle a los propietarios, porque se enteraron hasta que llegaron a realizar un trámite con el terreno, cuando ser dieron cuenta que les aplicaron la Ley de Expropiación y de Ocupación de bienes por el Estado (Decreto 33) familia que han sido afectadas que en este caso serían miembros de APDHEM”, reiteró Díaz.
“Otro punto y grave, es violentar el derecho de familiares a recuperar los restos de sus familiares, mucho esperando a conocer sitios de inhumación nuevos, porque la Corte IDH ordenó al Estado de El Salvador realizar un mapeo, una búsqueda nueva de víctimas, pero que no se ha cumplido”, manifestó Díaz.
Otro de los obstáculos ha sido el sistema judicial, mencionó Díaz, quien explicó que la denuncia fue interpuesta ante el Tribunal de lo Civil y Mercantil, porque fueron quienes expropiaron la tierra a la familia afectada y posteriormente al Juez Ambiental de San Miguel, que el pasado 13 de octubre 2023, hizo una inspección en la zona, pero aún no cuentan con el resultado de su diligencia.
“Estas obra de la Planta se suman a otras como la del monumento (memorial) que se comenzó a destruir y modificar lugares esenciales y como siempre la línea ha sido obras inconsultas con las víctimas sobrevivientes, tampoco conocemos el monto de la inversión o el plan que tienen, creemos que están improvisando”, afirmó.
“En cuanto al acceso a la justicia nadie quería atender esta denuncia, el Tribunal de San Miguel se lo envió al Tribunal Ambiental de San Salvador, no querían conocer el caso, alegando no tener la competencia y fue al final que la Corte Suprema de Justicia la que determinó la competencia y al final le quedó de nuevo al Tribunal de San Miguel, a esto nos enfrentamos”, reiteró Díaz.
Sobre el impacto ambiental, Luis González, del Equipo de Coordinación de la UNES; señaló, como violatorio que las autoridades inicien proyectos que pueden generar impactos en las comunidades, en el ambiente y medios de vida de estos asentamientos humanos. En una clara línea de irrespetar los procesos que dicta la Ley Ambiental y otras normativas en este tema.
“Es obvio, como se ignora la Ley Ambiental, que es más recurrente y palpable su irrespeto. Tenemos allí la cárcel de Tecoluca, el proyecto de un nuevo aeropuerto, el caso de la 8va represa en el río Sensunapan, en donde se comienzan a hacer trabajos sin haber allanado todos los permisos correspondientes y contar con los permisos de las municipalidades, del Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Cultura en algunos casos”, expresó.
“Y el caso de El Mozote se agrava en cuanto se incumplen los lineamientos vinculados a la sentencia de la Corte IDH, sobre el tipo de obras, entonces, es preocupante que el MARN, al cumplir con la ley, debió exigir un Estudio de Impacto Ambiental, una consulta pública a la población sobre el proyecto y valorar colectivamente si les iba afectar o no”, advirtió González.
En la misma línea, González valoró que el tema de la planta depuradora de agua no contó con un análisis, más allá si era pertinente o no, por el contrario, no se analizaron otras medidas alternativas menos agresivas en la preservación de los nacimientos de agua y los afluentes del río Sapo, de los cuales las comunidades se abastecen para su consumo.
“La Planta Depuradora estará cerca de fuentes de agua y de esa planta se desprenden olores, y habrá emisiones de gases. Aquí entra la lógica que se plantea el desarrollo del turismo para que se construyan hoteles en la zona o centro comerciales, sabemos que el área tiene un alto valor histórico, pero este tipo de obras que se hace sin consultar a la población es deplorable”, argumentó Luis González.
