¿La cárcel o el exilio?

La llegada de Nayib Bukele a la presidencia, cobijado de una gran popularidad y esperanza, suponía no solo el cambio generacional de los liderazgos políticos, al anular a los “partidos tradicionales”, sino también el desarrollo del país en lo económico, político y social, y, por supuesto, la consolidación de la democracia, por eso la propaganda hablaba del país más cool del mundo.

Nada de eso ha pasado.

Al contrario, lo que El Salvador está viviendo es una involución en la institucionalidad democrática y la profundización de la corrupción y la división más profunda de la sociedad, tanto así que ya no se habla de adversarios, sino de “enemigos”.

Y en tanto enemigo, el gobierno persigue a sus opositores, no solo políticos, sino de la sociedad civil en general.

A través de trampas y maniobras políticas, gracias al número de diputados que tuvo en 2021, eliminó primero a los miembros de la Sala de lo Constitucional legítima e impuso a nuevos miembros que pronto le pagarían el favor, al abrirle el camino, pese a ser inconstitucional, para la reelección.

Bukele utilizó los primeros cinco años de gobierno constitucional para desbaratar la institucionalidad democrática que recién se había inaugurado tras la firma del Acuerdo de Paz, en enero de 1992. Así se hizo de todo el poder, y sustituyó el gobierno democrático y republicano por un Estado autoritario.

Con todo el poder en sus manos comenzó a perseguir, primero, a las figuras claves de la oposición, sobre todo de la izquierda, del FMLN, o una fracción de éste partido que le sirvió de base para catapultarse en lo político electoral.

También persiguió a los de la derecha, pero solo a los que estaban vinculados con ARENA.

Exfuncionarios del FMLN fueron perseguidos y apresados, otros ante la amenaza se fueron al exilio. Más de un centenar de reconocidos miembros del FMLN están fuera de El Salvador.

Pero el gobierno autoritario también comenzó a perseguir a miembros de la sociedad civil, como defensores de los derechos humanos y periodistas. El común denominador de estos perseguidos ha sido su postura crítica por las violaciones a los derechos humanos, profundizadas con el régimen de excepción, que no solo ha servido para perseguir a las pandillas, sino, hoy, a los opositores en general.

Amnistía Internacional, incluso, ha declarado como “presa de conciencia” a la reconocida abogada Ruth Eleonora López, directora de la dirección de anticorrupción de Cristosal.

Luego capturó al abogado Enrique Anaya, un constitucionalista muy crítico de Bukele. Y así se puede enumerar a muchos más como el pastor José Ángel Pérez, los ambientalistas, entre otros.

La fundación Cristosal anunció, la semana pasada, que cerraba sus operaciones de El Salvador y se instalaba en Guatemala y Honduras. Las razones, explicó Cristosal en un comunicado y conferencia de prensa desde Guatemala, debieron decidir entre “la cárcel o el exilio”.

Que esta sea la alternativa para defensores de los derechos humanos, periodistas y políticos es realmente lamentable, refleja el grado de involución en los derechos más fundamentales del ser humano: la libertad de expresarse y opinar, disentir, organizarse y la lucha por la democracia republicana.

Antes de Cristosal, el periódico El Faro había tomado esa decisión, por las mismas razones que plantea Cristosal, y se ha radicado en Costa Rica. También lo han hecho los abogados Ivania Cruz, Ingrid Escobar, Rudy Joya, y más de 60 periodistas.

Un país, un gobierno que ofrezca cárcel o exilio a quienes se atreven a criticar, a los que deciden por el uso del pensamiento crítico no ser aplaudidores, dice mucho del país antidemocrático en el que se ha convertido y de los peligros futuros que le deparan a los buenos ciudadanos.

Pese a estas amenazas, el reto es seguir luchando por los derechos humanos, por la libertad de expresión y por la democracia, que la cárcel y el exilio no nos detenga.