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Juventudes organizadas exigen “Acuerdo de Escazú”

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“Las comunidades de Sonsonate y Ahuachapán Sur hacemos un llamado al Estado para que garantice el derecho público a la información ambiental, el derecho a participar en las decisiones tomadas en torno a la naturaleza y el acceso a la justicia ambiental”, manifestó Nohemi Dueñas, técnica de UNES.

Este fin se semana juventudes organizadas del departamento de Ahuachapán y Sonsonate expresaron su preocupación ante el avance de la crisis ambiental en el país que impacta en sus territorios y medios de vida.

“Exigimos que los defensores y defensoras seamos protegidas. Por esto, exigimos al gobierno de El Salvador la ratificación del Acuerdo Regional de Escazú, que nos permitirán además de participación en temas de nación sobre medioambiente como juventudes de Pueblos Indígenas”, acotó Dueñas.

La realidad en sus comunidades a lo largo del territorio y la realidad es tan precaria que consideran “estar en un punto de inflexión histórico con respecto a los bienes naturales”, explicó la técnica de la UNES.

“Las temperaturas extremas afectan múltiples facetas de nuestra vida, impactos en los bienes hídricos, la producción de alimentos, el normal desarrollo de la biodiversidad, además de los impactos en la salud de la población”, añadió.

Asimismo, se resaltó la lucha de los Pueblos indígenas, en la preservación de los bienes naturales a los cuales se encuentran íntimamente relacionados no sólo por ser medios de vida, sino también la conexión de sus raíces ancestrales y cosmovisión.

“El Salvador es un país altamente vulnerable a nivel ambiental, social, organizativo, educativo, económico, entre otras; por lo que el aumento de las amenazas hidrometereológicas golpea fuertemente los territorios, generando múltiples crisis alimentaria, climática, biológica e hídrica, entre otras”, agregó Carolina González, del Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales y Culturales de Nahuizalco, Sonsonate.

En cuanto a esta crisis ambiental añadió que este problema a la vez tienen un impacto diferenciado entre hombres, mujeres, juventudes y Pueblos Indígenas en las comunidades con altos niveles de vulnerabilidad, así como en los bienes naturales.

“El territorio de Ahuachapán Sur y Sonsonate históricamente ha venido enfrentando un desequilibrio, debido a los bajos niveles de gobernanza ambiental, que genera conflictividad territorial por el uso inadecuado del territorio”, dijo González.

Entre los conflictos más frecuentes mencionados están la deforestación indiscriminada de los bosques salados y dulces; la institucionalidad débil para la protección y conservación de los bienes naturales, derechos culturales.

“Frente a los efectos del cambio climático, tenemos la escasez de agua en cantidad y calidad en las comunidades. Las prácticas no amigables con el ambiente que agudizan el aumento de la intrusión salina en el territorio costero marino y deja en riesgo a miles de especies, ecosistemas y comunidades ecodependientes”, argumentó González.

“Esto sólo aumenta los niveles de riesgo de desastre del territorio. Y es modelo también patriarcal, pues son las mujeres rurales las que constituyen más del 50 % de la población, pero manejan sólo el 12 % de la tierra, el 10 % de créditos y 18 % de la producción agrícola”, enfatizó.

Igualmente, señalaron que las mujeres históricamente realizan la mayor parte de tareas de cuidado, debido a la distribución sexual del trabajo y no cuentan con una autonomía económica, lo que deriva en mayores desventajas reflejo de las grandes desigualdades a las que debe enfrentarse la población femenina en la zona rural.

“Frente a esta realidad son necesarias políticas públicas, ley derechos de acceso a la información, participación, justicia ambiental, la asistencia y protección a las personas defensoras ambientales, a fin de contribuir a combatir de manera pacífica los delitos que afectan al medio ambiente”, indicó González.

No obstante, lamentaron la actitud del gobierno que, pese a la relevancia, para El Salvador, el Acuerdo de Escazú, no ha firmado ni ratificado dicha normativa, que sólo refleja la evidente falta de interés estatal en la temática ambiental.

“Ante estos críticos escenarios, las juventudes organizadas elevamos nuestras voces por la justicia ambiental, desde la defensa de los territorios, los bienes naturales, la resiliencia y resistencia de las comunidades”, dijo la activista Indígena.

Como comunidades de Sonsonate y Ahuachapán Sur, las juventudes hicieron un llamado al Estado salvadoreño a adherirse a las demandas al Estado Salvadoreño al Acuerdo de Escazú. Y que las autoridades gubernamentales operen para dar un adecuado seguimiento a las leyes ambientales que regulan el acceso a la información, participación y la justicia ambiental.

 

Mientras, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) recomendaron desarrolle y ejecute estrategias y planes para atender las diversas problemáticas ambientales en los territorios con un enfoque de derechos humanos en donde no se desestime o se estigmatice la lucha de las y los defensores ambientales.

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