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Por Leonel Herrera*
Tal como denunciaron esta semana Santa Marta, ADES y varias organizaciones sociales, la jueza de Instrucción de Sensuntepeque, María Elizabeth Amaya Rivera, violenta los Acuerdos de Paz al negarse a cumplir la Ley de Reconciliación Nacional.
La Ley de Reconciliación Nacional fue aprobada el 23 de enero de 1992 y puesta en vigencia nuevamente por la sentencia de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía en julio de 2016.
Su aplicación fue clave para viabilizar los Acuerdos de Paz, pues permitió el desarme de las organizaciones guerrilleras que integraban el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y otorgó algunos beneficios a sus ex integrantes para que pudieran incorporse a la vida civil.
Así lo reconoció la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), la instancia que facilitó la negociación, firma e implementación de los históricos acuerdos que pusieron fin a cinco décadas de militarismo atroz y doce años de cruenta guerra civil.
Una de las garantías dadas por esta ley es la exención de responsabilidad penal por algunos delitos comunes. Por tanto, la acusación sin pruebas contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES de cometer un supuesto asesinato en 1989 es totalmente ilegal e improcedente.
La primera en violar la Ley de Reconciliación Nacional fue la Fiscalía, al presentar el requerimiento contra los defensores ambientales; después fue el Juzgado de Paz de Victoria, cuando aceptó la acusación y mandó el caso a fase de instrucción; y ahora es el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque.
El 26 de septiembre la defensa legal de los ambientalistas presentó al referido tribunal una petición de sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal, basada en la Ley de Reconciliación Nacional.
La jueza Amaya Rivera inicialmente le dio trámite a la solicitud, pero luego de recibir la objeción de la Fiscalía se retractó y denegó la referida petición. Con esto, la “aplicadora de justicia” no solo viola la Ley de Reconciliación Nacional y los Acuerdos de Paz, sino que se muestra dependiente, complaciente y servil con la Fiscalía.
Lo actuado por esta jueza debería llamar la atención de la ciudadanía y la comunidad internacional, porque evidencia la falta de independencia judicial y el incumplimiento del compromiso adquiridos por el país ante Naciones Unidas de respetar la Ley de Reconciliación Nacional y los Acuerdos de Paz.
Esta semana fue presentado un recurso de apelación ante la Cámara Penal de Cojutepeque, instancia que actualmente tiene en sus manos la valiosa oportunidad de corregir el grave error cometido por la jueza de Instrucción de Sensuntepeque. El sistema judicial salvadoreño aún puede rectificar.
Ojalá que así sea.
*Periodista y activista social.
