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Redacción Nacionales
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La directora de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, cuestionó que Nayib Bukele plantee liberar al 50 % de los detenidos por supuestos vínculos con pandillas, como colaboradores, mientras miles de familias continúan exigiendo justicia para sus seres queridos capturados arbitrariamente.
En entrevista con el comunicador Franklin Martínez, en #ViralesDeHoy, La abogada Ingrida Escobar, en el exilio, señaló tres aspectos reveladores: la diferencia entre liberar a colaboradores y reparar las detenciones de inocentes, las declaraciones presidenciales sobre la liberación de miles de personas y la falta de una base legal clara para una comisión que evalúe los casos.
Escobar cuestiona el anuncio de liberar al 50 % de los detenidos
La directora de Socorro Jurídico Humanitario cuestionó las declaraciones del presidente Nayib Bukele sobre un posible plan para liberar al 50 % de las personas detenidas por supuestos vínculos con pandillas. Según la abogada, el anuncio introduce una distinción fundamental: las organizaciones de derechos humanos reclaman la liberación de personas inocentes capturadas arbitrariamente, mientras que el mandatario se refirió a personas que habrían colaborado con estructuras criminales.
Durante una entrevista realizada por el comunicador Franklin Martínez en #ViralesDeHoy, Escobar sostuvo que Socorro Jurídico Humanitario no ha solicitado la liberación indiscriminada de colaboradores de pandillas, sino que ha concentrado sus esfuerzos en defender a personas que considera inocentes y cuyos casos requieren revisión judicial.
La abogada destacó que la responsabilidad de determinar la situación jurídica de cada detenido corresponde a las instituciones competentes y que las decisiones sobre libertad deben sustentarse en la ley y en la evaluación individual de cada caso.
Las declaraciones presidenciales y el reconocimiento de detenciones injustas
Ingrid Escobar también retomó las declaraciones de Bukele en las que afirmó que se habían liberado 8,000 personas inocentes. Según la directora de Socorro Jurídico Humanitario, ese reconocimiento es relevante porque pone en discusión la existencia de detenciones injustas dentro de la política de seguridad implementada por el Gobierno.
El 12 de noviembre de 2024, durante una visita a Costar Rica, el presidente Bukele dijo se había liberado a 8 presos inocentes, capturados en el marco del Régimen de Excepción, y que esa errores son normales país.
La abogada contrastó esas afirmaciones con el sufrimiento de las familias que todavía buscan respuestas sobre sus parientes encarcelados. Como ejemplo, mencionó el vídeo de una niña que pide al presidente la liberación de su padre, Jorge Antonio Delgado Gómez, y expresa cuánto lo necesita para continuar su vida cotidiana.
Para Escobar, ese testimonio refleja el impacto humano de las detenciones y la incertidumbre que enfrentan numerosas familias. También cuestionó la desigualdad que, a su juicio, existe entre la imagen pública de bienestar familiar que proyectan las autoridades y la realidad de los menores que crecen separados de sus padres.
Una comisión cuestionada y la necesidad de revisar cada expediente
Otro de los puntos señalados por Escobar fue la comisión vinculada a la evaluación de casos de detenidos, cuya existencia y funcionamiento han generado cuestionamientos tras las declaraciones presidenciales sobre el papel que habría desempeñado el hermano de Bukele.
La directora de Socorro Jurídico Humanitario afirmó que, según su revisión, no ha identificado una base constitucional o un decreto legislativo que sustente una comisión evaluadora con las características descritas. Por ello, insistió en la necesidad de aclarar su fundamento jurídico, sus atribuciones y los criterios utilizados para revisar los expedientes.
Escobar recordó que su organización ha presentado al menos 5,000 solicitudes de exhibición personal ante la Sala de lo Constitucional, de acuerdo con sus propias cifras. Esas gestiones, explicó, buscan que se examine la situación de personas cuya detención consideran injusta.
La abogada cuestionó, finalmente, que se anuncie un porcentaje general de liberaciones sin explicar los criterios para determinar quiénes saldrán de prisión. A su juicio, cada expediente debe evaluarse individualmente, con garantías legales y respeto a los derechos fundamentales.
La exigencia central de Escobar es que la discusión no se limite a cuántas personas serán liberadas, sino a quiénes fueron detenidos injustamente, por qué ocurrió y cómo se garantizará justicia para las víctimas.
