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(Colectivo Tetzáhuitl)
Guerra contra la Corrupción, otra oferta demagógica de Bukele…
Uno de los dos anuncios que Bukele formuló durante su discurso de cuarto aniversario de gobierno fue el de una cruenta Guerra contra la Corrupción.
En esa oportunidad dijo que su gobierno iba a combatir la corrupción que ha caracterizado a los gobiernos del pasado, tanto de ARENA como del FMLN.
Dijo que iba a llegar hasta el fondo de las investigaciones, caiga quien caiga…
El anuncio no era primera vez que lo hacía.
De hecho fue una de sus ofertas de campaña en el 2019 con la que le restó votos al FMLN en el gobierno.
Citó como caso emblemático con el que arrancaba su “Guerra” la persecución penal que la Fiscalía bajo su mando comenzaba a emprender contra el ex Presidente Alfredo Cristiani, al que acusó públicamente de haberse enriquecido en forma ilícita y de haber malversado y apropiado fondos públicos, sobre todo, los provenientes de la privatización de la Banca.
Aunque los delitos imputados a Cristiani fueron cometidos hace más de 20 años, una reforma a la legislación penal aprobada el año pasado por la Asamblea Legislativa permite que los delitos relacionados con la corrupción sean desde ese momento imprescriptibles y que por tanto la acción penal se puede ejercer en cualquier momento porque estos delitos no prescriben.
Lo verdaderamente revelador del anuncio es que omitió referirse a los señalamientos que se han hecho en contra de varios de sus funcionarios, tanto del gobierno como de Nuevas Ideas.
Solo la CICIES, creada bajo el auspicio y asesoría de la OEA, promovió una docena de investigaciones contra igual cantidad de funcionarios que se tradujeron en expedientes penales abiertos por la Fiscalía de Raul Melara.
Entre esos expedientes se encontraban algunos en los que agentes federales de EEUU, concretamente del FBI, la DEA y la inteligencia financiera del Departamento del Tesoro (FINCEN) habían colaborado activamente.
Todos estos expedientes que señalaban a funcionarios de Bukele fueron archivados o destruídos por el Fiscal General nombrado por la nueva Asamblea Legislativa que comenzó labores en Mayo del 2021.
La más voluminosa de estas investigaciones fue la que puso al descubierto las negociaciones del gobierno con el liderazgo nacional de las pandillas.
En ella aparecen mencionados dos funcionarios claves del aparato de seguridad del Estado: Osiris Luna Meza, Director General de Centros Penales, y Carlos Marroquín, Director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia de la República.
A la fecha ninguno de estos funcionarios ha sido acusado de los delitos señalados por la Fiscalía de Melara y la CICIES.
Ninguno ha sido incriminado y tampoco a ninguno de ellos se le ha restringido su libertad de movimiento en el país.
Ninguno ha sido suspendido temporalmente y menos cesado en su cargo en forma definitiva.
Entonces de qué “Guerra contra la Corrupción” habla Bukele?
Si existiera una voluntad real de perseguir la corrupción en el país, Bukele habría comenzado por casa.
Otra investigación de Melara hace referencia a la Jefa de Gabinete de CAPRES, Carolina Recinos de Bernal, la que es señalada de ser la responsable de una estructura criminal que opera desde la casa de gobierno para malversar recursos públicos y favorecer a algunos funcionarios, incluyendo a la familia gobernante.
En todos estos casos, la Fiscalía ha actuado como una institución cómplice que no solo no investiga, a pesar de las evidencias que la prensa independiente ha puesto al descubierto, sino que oculta o destruye pruebas que incriminan al gobierno de Bukele.
Más recientemente, el destape que ha provocado Alejandro Muyshondt, Asesor Presidencial de Seguridad Nacional, fue oportunamente contenido por la Fiscalía y por el aparato de propaganda y desinformación de CAPRES.
Por de pronto no se sabe de más revelaciones que involucren a otros Diputados de Nuevas Ideas y menos a funcionarios del gobierno.
Lo más probable es que la denuncia de Muyshondt que acusa al Diputado Eric García Salguero no pase a más.
Es evidente que la “Guerra contra la Corrupción” es otro de los ofrecimientos demagógicos de Bukele.
Guerra contra las Pandillas, un nuevo pacto con los criminales…
Lo mismo habría que señalar de la “Guerra contra las Pandillas” anunciada el pasado 1 de Junio en la Asamblea.
Se trata de una ofensiva policial y militar que se viene implementando desde inicios del gobierno de Bukele, por lo que no tiene nada de novedoso.
Más que una lucha frontal contra estas estructuras criminales lo que hay es un renovado “pacto” con su liderazgo nacional, suscrito poco después del alza de homicidios ocurrida a finales de Marzo del 2022.
De los más de 70 mil capturados bajo el régimen de excepción no todos son pandilleros.
El propio Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó hace unos días que cerca de 7 mil detenidos habían sido puestos en libertad por falta de pruebas y todo parece indicar que la cifra podría aumentar.
Acá por supuesto no estamos incluyendo a los 170 asesinados bajo responsabilidad de custodios penitenciarios, policías o militares que el Fiscal Delgado se ha encargado de asegurar que no existen, pese a las evidencias presentadas por familiares y organizaciones de Derechos Humanos, como CRISTOSAL.
Ni uno tan solo de los torturados en las cárceles o de los asesinados dentro de los penales fueron identificados como pandilleros.
Esto ha sido verificado y constatado por diferentes Organizaciones de Derechos Humanos en el país.
Lo mas relevante de la estrategia delincuencial que Bukele piensa continuar y hasta endurecer una vez ganadas las elecciones del próximo año es que la reducción de los homicidios no es estable en el tiempo.
Depende de los acuerdos que logre mantener con las pandillas, las que no han desparecido del todo sino que simplemente se han mutado luego del asedio que enfrentan.
Ya no son responsables de la exorbitante cantidad de crímenes que antes cometían.
Su fuente de ingresos más importante ya no se basa en las extorsiones y en el cobro de las rentas a particulares.
Ahora se dedican con más intensidad al narco menudeo y han reforzado sus vínculos con cárteles de la droga de Honduras, Guatemala y México.
Un acuerdo “pegado con saliva” como el que existe entre las pandillas y el gobierno puede romperse en cualquier momento como ocurrió hace dos años, de ahí la necesidad de mantener en forma permanente la fuerte presencia policial y militar en el país y la prolongación del régimen de excepción por tiempo indefinido.
La tolerancia de la Administración Biden a las violaciones a los Derechos Humanos y al socavamiento de la Democracia en El Salvador ha ido en aumento a medida que se acercan las elecciones generales del 2024.
Hace apenas unos días fuimos testigos de un verdadero guiño del Secretario de Estado, Antony Blinken, a la canciller Alexandra Hill, cuando una vez concluida una reunión de trabajo en la Secretaría de Estado, el funcionario estadounidense elogió los avances de la democracia bajo el gobierno de Bukele sin hacer una tan sola referencia a las violaciones a los Derechos Humanos bajo el régimen de excepción, a la violación al Estado de Derecho y menos a la idea de Bukele de reelegirse el próximo año, con todo lo inconstitucional que esta reelección implica y que las autoridades de ese país están más que consientes.
Al gobierno Biden no le preocupa la reelección de Bukele y mucho menos sus excesos y arbitrariedades en el ejercicio del poder.
Su actitud hacia Bukele no es la misma que mantiene en contra del régimen nicaragüense y el venezolano.
Acá no hay sanciones económicas y tampoco se advierte que se esté pensando en implementar alguna de ellas.
Bukele, como lo hemos sostenido en otra entregas, es la mejor y quizás la única opción del gobierno de Estados Unidos para mantener su estrategia de expansión imperialista sionista en la región.
Con la Reelección Presidencial asegurada no quedará más opción que intensificar la lucha social.
La última encuesta sobre Humor Político y Proyecciones Electorales de DisRuptiva, la casa encuestadora de la Universidad Francisco Gavidia, anticipa lo que ya se veía venir: La victoria de Bukele en las elecciones presidenciales y el mantenimiento del control de la Asamblea a través de una mayoría de Diputados de Nuevas Ideas (NI).
Ninguno de esos resultados constituye una novedad.
Solo un desconocedor de la realidad política del país podía esperar una proyección electoral diferente.
Con los altos niveles de aprobación que ha venido mostrando Bukele desde que asumió la Presidencia en el 2019, estos datos que arroja la encuesta no deberían sorprender a nadie.
La mayoría de la población es indiferente ante el intento de reelección de Bukele y casi la mitad de los encuestados (48%) cree que Bukele busca la reelección presidencial para cumplir en un segundo mandato con las promesas que no ha podido cumplir hasta ahora.
Casi nadie atribuye este incumplimiento a una falta de voluntad o de capacidad del gobierno para ejecutar las políticas públicas que ofreció y anunció desde el inicio de su mandato.
Tampoco muy pocos creen que Bukele busca otro mandato porque trata de concentrar más poder.
Lo que sí no nos esperábamos es el desaparecimiento de la oposición partidaria, incluyendo la oposición de izquierda que representa el FMLN, del mapa político nacional que anuncia esta Encuesta.
Si para las elecciones del 2024, Nuevas Ideas llega a ganar 58 de las 60 diputaciones de la Asamblea, tal como advierte la Encuesta de la Gavidia, y los partidos contendientes no alcanzan ni siquiera un 3 por ciento de la votación nacional, estaríamos ante un escenario de control absoluto de la Asamblea por parte del Ejecutivo.
Contrario a lo que aseguran los candidatos presidenciales de la oposición y algunos dirigentes de los partidos políticos, la oposición sigue sin superar las dos últimas derrotas electorales (2019 y 2021) y su debilitamiento político y su caída electoral continúan en picada.
No sería extrañó que luego de las elecciones de Febrero del 2024 se configure un régimen de partido único, lo que se traduciría en una pérdida invaluable para la democracia en el país.
Con esos resultados, el autoritarismo de Bukele se consolidaría, sin que los partidos políticos pudieran hacer algo para evitarlo.
Lo único que le quedaría al pueblo salvadoreño para frenar al Dictador y revertir las políticas públicas perjudiciales a la población es un mayor protagonismo y una mayor incidencia en la vida política y social del país que deberá asumir el movimiento social y las organizaciones de la sociedad civil que no están vinculadas al oficialismo.
Creemos responsablemente que ha llegado el momento de construir nuevos referentes para la izquierda y para la oposición en El Salvador.
Uno de estos referentes deberá surgir, sin lugar a dudas, del movimiento social organizado.
