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Guatemala ante encrucijada por pedir retiro de embajadores de Suecia y Venezuela

Ciudad de Guatemala/AFP

Edgar Calderón/Henry Morales Arana

Guatemala está a las puertas de una encrucijada política internacional tras pedir a Suecia y Venezuela retirar a sus actuales embajadores, al acusarlos de injerencia en asuntos internos de este país, según expertos y analistas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores local anunció la noche del jueves que pidió el cambio de los embajadores Anders Kompass (Suecia) y Elena Salcedo (Venezuela) porque en “el desempeño de sus funciones han asumido actitudes que derivan en injerencia en asuntos internos del Estado de Guatemala”.

La canciller guatemalteca Sandra Jovel acusó a Kompass de calificar a Guatemala como una “sociedad corrupta”, mientras que fuentes del gobierno sostienen que Salcedo mantenía vínculos con una organización campesina antagónica al presidente Jimmy Morales.

Suecia lamentó este viernes la decisión de Guatemala y adelantó que pedirá “más explicaciones antes de llevar a cabo un plan de acción”, mientras que la embajada de Venezuela dijo que no emitirá comentarios por el momento.

“Creo que son imprudencias, casi de paranoia, y (Morales) está incurriendo en verdaderos disparates”, comentó a la AFP Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).

El experto consideró que la petición del retiro de Kompass apunta al temor que tiene el presidente a las acciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que junto con la fiscalía han pedido investigar al mandatario por sospechas de haber recibido fondos ilegales en la campaña de 2015.

Ambos entes también involucraron a un hijo y un hermano de Morales en la alteración de un contrato de alimentos con fondos públicos.

Morales sumió al país en una crisis política en septiembre pasado al declarar non grato al jefe de la Cicig, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, pero la máxima Corte judicial del país anuló la expulsión del suramericano

“El miedo que tiene a que las eventuales acciones de la Cicig y la Fiscalía desemboquen en un proceso judicial contra él (Morales) lo está haciendo actuar de forma irresponsable”, aseveró el analista.

En cuanto al pedido de cambio de la embajadora de Venezuela, Linares consideró que puede ser para “congraciarse con Estados Unidos”, mientras que el caso de Suecia es una “imprudencia total porque es un país que ha cooperado mucho con Guatemala”.

Poco tolerante

Según el gobierno, Kompass se extralimitó en sus palabras durante un discurso en el que Suecia entregó fondos en enero a la Cicig.

Pero para el excanciller guatemalteco, Gabriel Orellana (2000-2002), el pedido para remover a los diplomáticos, sobre todo al sueco, solo “evidencia intolerancia ante cualquier crítica”.

“Esto nuevamente plantea ante el mundo una situación de alerta en el sentido que el propio presidente está reflejando intereses personales suyos y de su familia en el caso de Suecia”, uno de los países donantes de la Cicig, consideró.

“Lo que estamos transmitiendo hacia el mundo es que somos un país hasta cierto punto poco serio en cuanto a nuestra política internacional”, puntualizó.

Repercusiones

Linares estimó que la medida contra Suecia es un “reto y un insulto para la Unión Europea”, que es la principal cooperante y tienen siete representantes en esta nación.

En ese sentido, advirtió que la decisión presidencial tendrá repercusiones negativas en la ayuda de cooperación que recibe Guatemala.

El pedido de retiro del diplomático sueco “es una lamentable manifestación de ingratitud para con la cooperación solidaria y una acción desafortunada en contra de uno de los más gratos amigos de Guatemala”, coincidió el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.

Por su parte la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) expresó su preocupación por el rumbo que está tomando el país “como consecuencia de la falta de políticas internas y actitudes viscerales en la política exterior”.

La organización consideró en un comunicado que esta decisión expone a Guatemala a quedar aislado de los países que ejercen la libertad de expresión y democracia.

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