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Fuerzas de seguridad reprimen un plantón pacífico.

Gobierno salvadoreño hace uso de la fuerza para los conflictos sociales

Redacción Nacionales

@DiarIoLatino

Varias organizaciones internacionales de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, señalaron este viernes que el gobierno salvadoreño “ha recurrido al uso excesivo de la fuerza, a la militarización indebida, a la criminalización de la protesta y a amenazas de restringir aún más el espacio cívico” en respuesta a los distintos conflictos sociales que han surgido durante las dos primeras semanas de mayo.

Las organizaciones informaron que, en los primeros días de mayo, ante el descontento social por el cierre de la Carretera Los Chorros el gobierno intentó mitigar la situación ofreciendo una semana de transporte público gratuito. Pero esto fue completamente un caos debido a la improvisación.

Ante las quejas de la población por el servicio irregular el gobierno de Bukele respondió ordenando la detención de 16 transportistas, a quienes se les atribuyen delitos “sin una base fáctica clara o sustento legal”.

El Estado reprimió una protesta pacífica de más de 300 familias de la comunidad El Bosque, en Santa Tecla, quienes se movilizaron para exigir una solución al gobierno frente a un desalojo inminente. Las autoridades desplegaron a la Policía Militar para dispersar a los manifestantes, junto con la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO).

La intervención concluyó con “el uso abusivo de la fuerza” que resultó en agresiones físicas contra las personas manifestantes, que incluyeron golpes y empujones y la detención arbitraria de Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez.

Horas después de estas acciones, el presidente Bukele anunció la Ley de Agentes Extranjeros que impondría un impuesto del 30% sobre las donaciones que reciben organizaciones no gubernamentales.

Las organizaciones firmantes exigen al Estado salvadoreño que libere a las personas detenidas arbitrariamente y a la vez que inicie una investigación sobre la muerte del transportista.

Organizaciones firmantes: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), IM-Defensora, Latin American Working Group (LAWG), OMCT, PRODESC, Robert F. Kennedy Human Rights (RFK), y la Fundación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

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