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Redacción Nacionales
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Representantes de diferentes organizaciones del movimiento social denunciaron que El Salvador es un país donde no se puede pensar diferente al gobierno de Nayib Bukele, porque eso implica ser perseguido y encarcelado arbitrariamente.
Rafael Paz Narváez, del Movimiento Pensamiento Crítico de la UES, perteneciente al Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), denunció que este momento hay alrededor de 60 personas confirmadas en condición de presos políticos, perseguidos por defender derechos humanos, el derecho a la tierra y laborales, detenidos por defender la libre expresión y los derechos políticos de la ciudadanía salvadoreña.
“Reclamamos la libertad de Fidel Zavala, quien fue capturado ejerciendo su trabajo en la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) a raíz del caso de La Floresta, donde también han sido capturados alrededor de 20 dirigentes comunitarios, entre ellos, Medardo Rodríguez y Alejandra Cañas”, dijo Paz Narváez.
Estás personas guardan prisión desde febrero de 2025 porque defendían su derecho a la vivienda en la comunidad La Floresta, al ser víctimas de desalojo.
Paz Narváez señaló que también están en condición de prisión política el estudiante egresado de sociología, Luis Alberto Menjívar, quien se dedicaba al trabajo de comunicación social y fue injustamente capturado.; Asimismo, Giovanni Aguirre, también estudiante de sociología, quien a pesar de tener tres órdenes de libertad no se le ha liberado y en este momento se le considera una persona desaparecida forzosamente, en manos del Estado salvadoreño.
“Llamamos a la ciudadanía a la marcha del 15 de septiembre, para reclamar la libertad de todas las personas presas políticas y que cese la persecución contra los dirigentes ambientales de Santa Marta y los compañeros Rudy Joya e Ivania Cruz, perseguidos políticos en este momento en condición de exiliados”, exhortó.
Lourdes Palacios, representante del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES), exigió la libertad de quienes hoy son víctimas de la prisión política, y además, la persecución desatada en el país desde que el “régimen” de Bukele gobierna, ha venido aislando y discriminando a las personas por pensar de otra manera o una ideología diferente.
Externó que quienes por señalar todas las barbaries cometidas desde el órgano ejecutivo, ahora están en prisión política, pero también, hay cientos de personas exiliadas, producto de esa persecución política.
“Benito Lara, quien fue ministro de Justicia y Seguridad, después de cinco años de tener el proceso, respetó cada uno de los procedimientos y fue puesto en prisión, en este momento se encuentra en la bartolina del Centro Judicial Isidro Menéndez, aún cuando el juez ya había dicho que podía seguir el proceso en libertad, allí mismo fue apresado dos días después”, sostuvo.
Según Palacios, en el caso de Lara, el juez obedece a la Fiscalía y por “órdenes de arriba”, cambian su decisión de manera arbitraria, porque el exfuncionario cumplía al pie de la letra todos los procedimientos para seguir con medidas sustitutivas.
Otro de los casos de presos políticos es Eugenio Chicas, quien por una “venganza” ahora se encuentra en la cárcel, tampoco hay pruebas de lo que se le acusa, todo ese “ropaje” ha sido manejado con pruebas fabricadas y creadas desde la fiscalía.
“También nos solidarizamos con la familia de Enrique Anaya, quien de una manera sorpresiva y arbitraria ha sido puesto en prisión, nos solidarizamos con la familia de Alejandro Henríquez, abogado ambientalista que estuvo dando la batalla todo este tiempo por el derecho humano al agua, contra el despojo de las tierras y por un derecho al ambiente sano en este país”, manifestó.
Entre los presos políticos están, José Ángel Pérez, pastor y presidente de la cooperativa El Bosque; así como la abogada Ruth López, que después de 100 días de estar en prisión no se sabe nada de ella, al igual que de todos los presos políticos, no tienen derecho a la visita familiar ni de sus abogados, no se sabe absolutamente nada de ellos y ninguna prueba de vida.
La luchadora social valoró la creación de la Mesa del Exilio Salvadoreño, pues refleja la realidad vivida en El Salvador, conformada por personas exiliadas quienes van a visibilizar todos estos casos de abusos y violaciones a derechos humanos en otros países.
Angel Flores, coordinador de la filial oriente de MILPA El Salvador, denunció que las comunidades están en un momento de agudización del despojo de tierras, principalmente en la franja costera marina, donde en menos de dos años más de 45 comunidades actualmente enfrentan el despojo de sus tierras, por parte de grupos empresariales y personas particulares con gran capital.
“Esto también implica la complicidad de entidades de gobierno, desde el aparato del Estado se ha ido generando todo una institucionalidad para poder facilitar el despojo de la tierra, por lo cual también implica la instrumentalización de entidades gubernamentales para poder criminalizar y perseguir a las personas que están defendiendo los territorios”, externó.
Manifestó que desde el año 2023 fue capturado Óscar René Martínez Iglesias, fundador de MILPA, en la comunidad El Nuevo Amanecer, constituida después de un desalojo violento en el año 2012, fue encarcelado bajo el régimen de excepción por ser una de las voces disonantes ante la construcción del megaproyecto del Aeropuerto del Pacífico.
En estos años se han capturado otros líderes y lideresas habitantes de las comunidades que actualmente están siendo amenazadas con el despojo de tierra, específicamente la comunidad El Icacal, donde han detenido cinco pescadores artesanales que también estaban defendiendo su territorio ante la amenaza de ser despojados de sus territorios.
