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Por Alessia Genoves
“Libertad para Mauricio Ernesto Landaverde y Roque Martir” rezan las consignas que los familiares del ex-titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y el vice-ministro elevaron en la fachada del Centro Penal La Esperanza, recientemente con motivo de la protesta. Ambos fueron acusados de cometer los delitos de “actos arbitrarios y complicidad no necesaria en el delito de peculado”, en el proceso penal conocido como “Caso Asocambio”, por lo que permanecen en prisión desde hace más de dos años.
Los acusados fueron beneficiados con medidas alternas a la detención, así lo determinó el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, desde el pasado 15 de diciembre de 2023, pero las autoridades penitenciarias se niegan acumplir la orden judicial.
La decisión del Tribunal de Sentencia está fundamentado en que el plazo máximo de prisión preventiva establecido en el artículo 259 del Código Procesal Penal; sin embargo, la sentencia aún no ha sido cumplida, por lo que la situación jurídica de los acusados permanece comprometida en el Órgano Judicial. En tanto que sus familiares y los detenidos alegan su inocencia.
La Comisión de Familiares de Presos y Presas Políticos (COFAPPES), por su parte, sostiene que la Dirección General de Centros Penales está incurriendo en los delitos de Actos Arbitrarios (art. 320); Desacato Judicial (art. 339) y Privación de Libertad (art. 290), en perjuicio de los ex-funcionario, según lo indicó a Diario Co Latino, Ivania Cruz.
La hermana del ex-ministro, Jeannette Landaverde, asegura que tanto los informes periciales de la Corte de Cuentas de la República (CCR) como los de la Fiscalía General de la República (FGR), indican que los ex-funcionarios no se beneficiaron de los fondos públicos para beneficiarse, a través de las tiendas penitenciarias de la Asociación Yo Cambio.
Exigen libertad
Según detalló su representante, Rudys Joya, el motivo de la manifestación respondía a la entrega de correspondencias de sus familiares, y organizaciones aliadas, bajo el contexto del incumplimiento de la orden del Tribunal Quinto de Sentencia que determinó la libertad de los imputados.
Ivania Cruz detalló que se trataban de “cartas de solidaridad en apoyo a los presos políticos”, emitidas por sus familiares y organizacines como “SISPE, desde Washington, como desde la Liga de la Defensa de los Derechos Humanos desde México”.
Ramírez Landaverde y Roque Martir son los únicos dos imputados de entre los 21 acusados originalmente en el Caso ASOCAMBIO que permanecen en detención. Según lo detalló Ivania a éste medio, en el proceso que imputa a los acusado “hubo un sobreseimiento parcial, hubo prácticamente algunos que optaron por un proceso alternativo como el proceso abreviado, que sí se les resolvió”. Pero, “las otras personas gozan con medidas sustitutivas a la detención y los únicos que siguen en prisión son Mauricio y Ramón, reiteró.
Acusaciones e incongruencias
Los 21 acusados en el Caso Asocambio fueron formalmente detenidos en septiembre de 2021. Ramírez Landaverde insistió en acudir al proceso “de forma voluntaria”, sosteniendo su inocencia. En el transcurso del proceso, el Juzgado Sexto de Paz ordenó medidas alternas a la detención, que fueron rechazadas por la FGR el 3 de diciembre de 2021.
El proceso llegó a la etapa de instrucción el 5 de julio de 2023, ante el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador. Pero sería el Juzgado Quinto de Sentencia el que re-afirmó las medidas alternas a la detención, a favor de los ex-funcionarios.
La FGR, por su parte, no ha anunciado públicamente sus intenciones de apelar, transcurridos 17 días de su detención, ante las acusaciones de corrupción. Entretanto, Jenette Ramírez sostiene que los montos que presumen los actos de corrupción de los ex-funcionarios han ido variando, al punto que los $14,5 millones de dólares que inicialmente les imputaban llegaron a descender a los $500 mil.
“Es que mirá -me dice- nosotros hicimos una presentación en Power Point, y dijimos que en no sé cuantos años podía llegar ASOCAMBIO hasta por $14 millones. Era una presentación en Power Point, con una de esas técnicas de proyección a futuro”, citó Jeannette sobre las declaraciones del ex-ministro. “Después, la Fiscalía dijo que lo que recibió ASOCAMBIO ya no eran los $14 millones, sino que eran $500 mil. Y de esos $500 mil, dice la FGR, que todo se utilizó en las actividades de ASOCAMBIO. Y que no hubo ninguna transferencia de fondos para las cuentas de ellos”.
El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) sancionó al ex-ministro al pago de $2,433.36 dólares, al considerar que éste participó en “destinar fondos y bienes institucionales para la asociación privada” Asocambio; y otra de $2,433.36 dólares por constituirla.
También sancionó al ex-director General de Centros Penales, José Roberto Nochez y al ex-viceministro del MJSP, Marco Tulio Lima, junto con otros siete ex-funcionarios, al pago de $2,433.36 por formar la junta directiva de la Asociación, según se cita en el expediente del TEG “38-D-19 Acum. 35-0-19”, del 3 de marzo de 2023”.
