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Pedro Castillo, derecha, expresidente de Perú.

Expresidente de Perú preso denuncia vulneración de sus derechos

Lima/Prensa Latina

El expresidente peruano Pedro Castillo denunció este martes, en un alegato contra la prisión preventiva a la que está sometido, que sus derechos fueron vulnerados tras ser destituido y encarcelado el 7 de diciembre último.

En una audiencia sobre el recurso de hábeas corpus por su libertad, cuestionó la legalidad de su cese y detención y argumentó que no fue sometido a un antejuicio político previo al levantamiento de su inmunidad, como corresponde a los presidentes, según la Constitución, ni ha renunciado a ese derecho.

El Parlamento lo excluyó de ese procedimiento y validó la detención alegando que Castillo había incurrido en flagrancia pero su abogado, Eduardo Pachas remarcó que ninguna norma autoriza al Ejecutivo a eludir el requisito del antejuicio

Castillo afirmó también, en una breve intervención, por teleconferencia desde la cárcel para altos funcionarios en la que permanece en prisión preventiva por 18 meses, que “mi derecho a la defensa y a las pruebas ha sido vulnerado por este Congreso».

Sobre el argumento de la Fiscalía, en el sentido que su encierro se justifica porque existiría peligro de fuga del país, pues su esposa e hijos están asilados en México, el exgobernante preguntó “¿Por qué tendría que salir del país? ¿Dónde están las pruebas de que quiero salir?”.

“Yo no he matado, no he robado ni he violado a nadie. Si tengo que rendir cuentas, en honor a la verdad, lo haré siempre aquí y nunca he tenido ni siquiera la menor idea de salir de este país porque he estado asumiendo el mandato mas importante y mas sagrado que me ha dado este pueblo, como presidente de la República”, agregó.

Tras la intervención de Castillo y los previos alegatos en contra de su libertad, el juez a cargo de resolver sobre el hábeas corpus, Juan Carlos Checkley, dijo que dará su fallo dentro del plazo de ley tras meditar sobre los argumentos de las partes.

Según un sondeo publicado ayer, 60 por ciento plantea que el exmandatario sea puesto en libertad condicional (41) o libertad plena (18) o que no sea juzgado (uno por ciento).

Uno de los reclamos de sectores del movimiento de protesta que conmociona a Perú desde la caída de Castillo es que este sea puesto en libertad.

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