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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“En las primeras semanas que el presidente (Nayib) Bukele entró a gobernar el país dijo que iba a entregar los archivos y que las víctimas éramos la base fundamental para su Gobierno. Realmente no esperábamos que nos saliera con tanta negativa, es como un doble discurso”, expresó Óscar Leonel Tobar Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), a la entrada del Palacio Nacional, que resguarda el Archivo General de la Nación, en el Centro Histórico de San Salvador. En una valoración a las diligencias judiciales que realiza el juez Jorge Guzmán, del Tribunal de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, en el caso de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, ejecutado por unidades militares en diciembre de 1981, que el presidente de la asociación PDHEM consideró que luego de 40 años de estar exigiendo justicia, las víctimas merecen acciones de dignificación a su memoria por parte del Estado salvadoreño.
La presente semana, previa al 21 de septiembre, acumuló cuatro desencuentros entre las diligencias judiciales del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, ante una férrea oposición del Gobierno Nacional, que desconoció la orden del tribunal y mal interpretó el contenido de las mismas.
Las inspecciones fueron obstaculizadas en el Estado Mayor Conjunto en San Salvador; la 1a. Brigada Aérea, Ilopango; la 2a Brigada Aérea, La Paz y la Brigada de Artillería, La Libertad, situación que han calificado como “actos arbitrarios” los abogados de la parte acusadora.
“Creemos que, en este lugar, nos dejaron entrar porque es un lugar público. Y en las próximas inspecciones que faltan en la 3a. Brigada de Artillería en San Miguel y el 4to. Destacamento Militar de Morazán, que sería la última etapa de investigaciones de estos archivos, tendremos una situación similar a las otras en los recintos militares”, explicó.
Tobar Claros recuerda a María Nelly, su hermana de 14 años, cuando fue asesinada junto a sus abuelos Balbino Márquez y Francisca Chicas; así como, primos, tíos y otros parientes que fueron masacrados en el caserío de El Mozote, municipio de Meanguera, Morazán.
“Por parte, de la familia Claros le puedo decir que encontraron alrededor de 45 miembros de la familia asesinados, así también de la familia de mi madre. Y, como víctimas, seguiremos esta lucha de lograr la verdad, la justicia y ante todo, buscar una medida para que no se repita este tipo de casos”, reafirmó Tobar Claros.
El ingreso del juez Jorge Guzmán, tres peritos en archivística, Fiscalía General de la República, los abogados acusadores de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y Cristosal, así como la procuradora adjunta de derechos civiles, Silvia Hidalgo, de la PDDH, solo enfrentaron las medidas de prevención al COVID-19 para el ingreso al Palacio Nacional.
Ovidio Mauricio González, coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, reseñó que en el año 2015, en el Archivo General de la Nación, encontraron unas actas “expurgos” (eliminación de documentos certificado), en donde establecieron la existencia de planes militares, y que por tal razón, deberían estar en los archivos de la Fuerza Armada.
“Esas actas establecen que si existen planes militares y si no los tienen organizados, pues deben organizarlos y luego proporcionarlos. Y esas actas -sabemos que existen- porque las leímos nosotros en la investigación que hicimos antes, y no nos pueden venir a decir que no existen. En esas actas relataban que los planes militares deberían archivarse no desaparecerlos o eliminarlos; aquí esperamos que los peritos en archivo decidan cómo van a buscar toda la información relacionada a estas actas y archivos militares, porque pueden haber otras y recordemos que el Palacio Nacional fue utilizado hasta como guarnición militar, incluso aquí estuvieron los tribunales de Justicia Militar”, sostuvo González.
Mientras, David Morales (director de Litigios Estratégicos de Cristosal) señaló que será importante la revisión de las actas que contienen el sumario sobre la “destrucción de archivos militares”, que sería para fortalecer la causa de El Mozote y sitios aledaños.
“La destrucción de archivos militares se destruyen por un proceso legal, que autoriza previo el Estado Mayor Conjunto y antes de proceder a la supuesta documentación que será destruida debe intervenir el Archivo General de la Nación, y revisar si tiene valor histórico lo que se va a destruir. Así que el AGN debe contar con esas actas y que nos aclare que se destruyó. Y es importante, también que el exministro, David Munguía Payes, y el actual presidente de la República, Nayib Bukele, quienes han sostenido la tesis de que no existen los archivos porque alguien los destruyó, entonces esperamos saber lo que ha ocurrido”, argumentó Morales. La procuradora adjunta de derechos civiles de la PDDH, Silvia Hidalgo comentó que con la mesa instalada los peritos revisarán alrededor de tres cajas que supuestamente contienen archivos militares, de lo cual aclaró, que ni los empleados del Archivo General de la Nación saben qué documentos contienen estas cajas ofrecidas a la diligencia judicial.
“No sabemos si solo son archivos administrativos o son muy viejos y no tienen nada que ver con el conflicto armado. Ellos han tenido el gesto de permitir la mesa en la Sala de Dirección del Archivo, en donde los peritos se han ubicado, así como la Fiscalía General de la República y el juez Guzmán. Y de llegar a encontrar un archivo de interés para la causa se va a pedir la certificación del documento y se va a proceder al secuestro del documento”, señaló.
