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Dennis Muñoz, abogado defensor de cinco ambientalistas de la comunidad Santa Marta-ADES, presentó un escrito ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para saber dela situación legal del incidente de recusación que presentó la Fiscalía General de la República y la agilización del proceso de sus defendidos. Foto DiarioCoLatino/Gloria Orellana.

Exigen a la Corte Suprema de Justicia trato justo apegado a la ley

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

Dennis Muñoz, abogado defensor de los cinco ambientalistas sociales del caso de Santa Marta-ADES, presentó, acompañado por representantes comunitarios y familiares de los detenidos, un escrito ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con dos reclamos concretos, uno de ellos el apego a la ley.

La primera petición es conocer la situación legal sobre la recusación que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Cámara Segunda de la Sección del Centro de Cojutepeque y, la segunda petición término un llamado a agilizar el caso de sus defendidos.

“Queremos saber ¿Por qué está demorando tanto tiempo la resolución?, dado que, desde el 20 de febrero de este año, hace ya un mes y días, se elevó las actuaciones o expediente -de dicha Cámara- para la Sala de lo Penal, y que resolviera sobre el incidente de recusación”, manifestó.

“A la vez, conocer en qué situación se encuentra tal trámite, la pretensión es en concreto pedir la celeridad del caso -pedirle un proceso de pronta y cumplida justicia- tal como lo establece un debido proceso y la misma Constitución de la República de El Salvador”, argumentó Muñoz.

El 11 de enero del presente año, en horas de la madrugada, un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República entraron a la comunidad Santa Marta, en el municipio de Victoria, para detener a los líderes comunitarios Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas. Y a los directivos de ADES, Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas, reconocidos por la lucha social contra la minería metálica en el departamento de Cabañas.

También quieren saber sobre la reiterada negación a que los detenidos puedan gozar de medidas sustitutivas, como se ha dado en otros casos similares que tienen la connotación del conflicto armado de los años ochenta. Y que los militares gozan de esa prerrogativas de permanecer en sus hogares, pese a la documentación que los señala en la autoría de las masacres como El Mozote y sitios aledaños, y otros crímenes de guerra.

“La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia pudo haber revisado este caso -en una semana, 15 días, un mes- pero no dos meses. Ya tuvimos un compás de espera suficiente para saber si se ha resuelto o no, porque el proceso avanza y ellos se encuentra privados de libertad”, sostuvo el abogado defensor.

El jurista alegó también sobre la situación de salud de sus defendidos, pues padecen enfermedades crónicas como diabetes, asma e hipertensión, y que el desconocimiento de su paradero en el sistema penitenciario es una violación a sus más elementales derechos como ciudadanos.

“No sé -realmente- si se encuentran vivos o no, en su privación de libertad y de manera certera, incluso, no sé en qué centro penal están porque no los he visto y no les he entrevistado desde hace un mes, pese a ser su defensor particular”, acotó.

“Está a prueba la Sala de lo Penal (CSJ), veremos si la imparcialidad predomina sobre el caso en particular, creo que es un buen examen para valorar que este proceso penal sea como debe ser. Hasta la fecha han existido actuaciones parcializadas que dejan entrever vulneraciones a derechos y garantías fundamentales. De lo contrario no tendríamos esta conferencia con la prensa y ellos estarían en sus hogares esperando el proceso o se habría decretado la nulidad absoluta”, consideró Muñoz.

“Quiero retomar lo que dijeron los de la Fiscalía General de la República (FGR), ese 11 de enero, que este caso de nuestros compañeros, no iba a ser tratado bajo el régimen de excepción y, ahora, a tres meses de no saber de ellos se evidencia esa mentira de la fiscalía”, expresó Vidalina Morales, defensora de ADES Santa Marta.

La defensora de derechos ambientales agregó que llevan los familiares y habitantes de la comunidad Santa Marta un mes sin saber absolutamente nada del estado de salud física de sus compañeros.

“No han podido comunicarse ni el abogado defensor ni los familiares y tenemos mucho temor porque sabemos que cada día aumenta la cantidad de personas que salen muertas de centros penitenciarios y no quisiéramos tener que experimentar una situación de esas”, afirmó.

“Es como un juego sucio dentro de todo el proceso penal, que ha sido tan arbitrario, tan injusto para ellos y la comunidad Santa Marta y ADES, un proceso amañado y ante eso la Sala de lo Penal tiene un papel importante de brindar un proceso apegado a la ley y la justicia”, reiteró Morales.

Peter Natarén pidió a la Sala de lo Penal, “rechazar tajantemente” la pretensión de la Fiscalía con este proceso de recusación de un magistrado que juzgará la petición hecha por el abogado defensor, ante la Cámara Segunda de la Sección del Centro de Cojutepeque, para revisar las medidas sustitutivas de los defensores de derechos humanos.

“Como comunidad Santa Marta, creemos que la Fiscalía maniobra totalmente de manera corrupta desde el sentido lógico del debido proceso, al recusar a un magistrado que ha sido diferente para llevar estos procesos, que otros magistrados actuales. Es una medida sucia de la Fiscalía para retrasar el debido proceso”, indicó.

En cuanto al paradero de los cinco defensores y ambientalistas, Natarén, agregó que hace un mes solo tuvieron el conocimiento que dos de ellos fueron trasladados a Quezaltepeque porque estaban muy mal de salud. Y los otros 3 estuvieron en cárcel de mujeres. Sin embargo, ahora desconocen totalmente en donde se encuentran porque les han aplicado “medidas del régimen de excepción” cuando este caso no corresponde.

“En este momento hay también una situación psicológica muy fuerte en la comunidad, porque hay presencia de carros particulares con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en su interior, son más de 8 días que han llegado a la comunidad no sabemos cuál es el papel que están jugando estos agentes, no sabemos si pueden derivar en nuevas capturas, y son agentes que no están asignados a la comunidad ni al departamento de Cabañas”, denunció.

“Estamos claros qué subyace el tema de la minería con las capturas de los compañeros, porque como sabemos el gobierno busca la reapertura del tema minero en el país. Y sabemos que la gente que está atrás de la asesoría para este gobierno es gente que está vinculada a la empresa Pacific Rim. No hay duda de eso, no hay donde confundirse este es un caso político”, puntualizó Natarén.

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