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Gabriela Sandoval
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Colaboradora
En respuesta a la reciente orden de detención emitida por la Jueza de Instrucción de San Francisco Gotera, Mirtala Portillo, contra el destacado político y abogado Rubén Ignacio Zamora Rivas, así como a los miembros sobrevivientes de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa de 1993 y al ex presidente de ese año, la Resistencia Ciudadana ha expresado preocupación y ha denunciado lo que consideran una clara persecución política por parte del actual gobierno.
La jueza fundamenta la orden de detención en el Decreto Legislativo N° 486 de marzo de 1993, conocido como la «Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz», lo cual argumenta que esta legislación generó condiciones de impunidad para los perpetradores de la masacre de «El Mozote» en 1981. Sin embargo, la Resistencia Ciudadana cuestiona la imparcialidad de la decisión judicial, caracterizando la orden como un acto con «tintes políticos».
Según la jueza, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa de 1993 y el ex presidente Alfredo Cristiani son señalados como responsables por proteger a los militares implicados. No obstante, la Resistencia Ciudadana afirma que Rubén Ignacio Zamora, vicepresidente de dicha Junta Directiva, no respaldó, no votó ni firmó la Ley de Amnistía, sino que, por el contrario, se opuso a ella.
Los miembros de la Resistencia Ciudadana cuestionan la acusación contra la Junta Directiva de 1993, que busca procesar y encarcelar al Dr. Rubén Ignacio Zamora debido a su destacada actividad política y su oposición al actual gobierno. Además, señalan la remoción del Juez Jorge Guzmán y el nombramiento de la Jueza Portillo como indicativos de un deterioro del debido proceso y de la cooptación del Órgano Judicial por parte del ejecutivo, todo ello con presuntos propósitos políticos.
Según la Resistencia Ciudadana, la actuación arbitraria de la jueza, tiene como objetivo dañar la imagen del Dr. Rubén Ignacio Zamora y, por ende, debilitar a la oposición democrática ciudadana. Además de que la falta de un fallo contra los perpetradores de la masacre de «El Mozote» y la aparente apertura de un caso contra terceros son aspectos que generan inquietud en la ciudadanía y amplían el debate sobre la independencia del sistema judicial en el país.
