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ELECCIONES Y CREDIBILIDAD DE LA POBLACIÓN

Miguel Ángel Dueñas Góchez*

¿Qué es lo que sucede en la crisis política actual? Una crisis mundial de las instituciones políticas, sale cuyo centro está en el problema de la legitimidad (México, pharmacy 2009, Julio Muñoz Rubio -Coordinador).

Su origen reside en la tentación de muchos partidos y de muchas organizaciones políticas, de acudir a las organizaciones religiosas o a lo religioso en general, buscando una legitimidad que han perdido en otro terreno. Lo que sucede entonces es que las instituciones políticas están buscando en la fuente religiosa, en lo sagrado, en las instituciones eclesiales, una legitimidad en un lugar diverso de donde ellos realmente obtienen su autoridad.

La verdadera fuente de autoridad de representantes populares, del funcionariado de gobierno, es el voto que el pueblo les ha dado, no el apoyo de una institución religiosa. De allí que, cuando un diputado, diputada, presidente o presidenta de la República o de gobierno municipal, acude con un líder religioso, pensando que va a adquirir mayor legitimidad social, lo único que está haciendo es una especie de harakiri político, ya que está acudiendo a una fuente de legitimidad que no es la suya y está minando al mismo tiempo su propia fuente de autoridad, que es la voluntad popular a través del apoyo ciudadano, más allá de las creencias de cada quien.

Al respecto, es importante distinguir entre ciudadanía y creyentes; un o una representante popular, no tiene nada que ver en términos formales con personas creyentes; sino con la ciudadanía de un país o territorio. Las personas creyentes lo son en sus Iglesias, aunque para efectos de la legitimidad de las instituciones políticas del Estado (y con esto me refiero a la Asamblea Legislativa, a la Presidencia y a todos los partidos políticos), esta viene de la voluntad de quienes les elijen, en otras palabras, las personas ciudadanas de un territorio determinado.

La dirigencia religiosa no tiene representatividad política. Por lo tanto, las leyes y las políticas públicas no pueden responder ni a los deseos de algunas dirigencias eclesiásticas ni a las creencias personales de legisladores, legisladoras o funcionariado. Estas personas, por el contrario, están obligadas a velar por el interés público, lo cual supone el respeto a la voluntad de la mayoría y la protección de los derechos de las minorías, convirtiéndose en un Estado Laico.

*Lic. en Relaciones Internacionales.

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