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Elecciones de segundo grado

Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador

En este preciso momento podemos apreciar como la bancada oficial en la Asamblea Legislativa, realiza un singular ejercicio legislativo: la elección del fiscal general de la República.

Para ello han cumplido con lo que la ley demanda y girado la invitación para que las gremiales promuevan sus respectivas apuestas, así como postulantes particulares interesados se presenten ante el hemiciclo a promoverse para el cargo; hemos podido además apreciar como durante las semanas anteriores varios han desfilado ante la comisión elegida a tal propósito, presentando su hoja de vida, así como haciendo gala de sus fortalezas para ejercer el cargo.

También hemos sido testigos de cómo, el presidente del órgano legislativo y sin ningún embague, ha adelantado posición expresando abiertamente el apoyo del oficialismo al actual ocupante del cargo de fiscal general.

Si hay algo que la historia nos ha enseñado es que hay que seguir a la historia, para entender el devenir.

El actual fiscal general ocupa el cargo como tal solo después de que su predecesor, quien lo fuera legítimamente, pues cumplió no solo con las formalidades legales demandadas, y fuera elegido en el debido proceso, al margen de que su orientación política, su ejercicio privado, o que el color de la corbata que ocupara el día que fuera removido no nos gustara, es el caso que él era el Fiscal General de la República, y aunque su ejercicio pudiera estar nublado por el hecho de que era un marcado agente privado, representante de la derecha recalcitrante del país, había legalmente sido envestido como tal y por tanto su ejercicio solo concluir legalmente cuando la ley así lo señala.

Y todos conocemos como concluyo su ejercicio, pues fue removido por la bancada oficialista, el primero de mayo pasado, respondiendo sin mas al reclamo hecho por el ejecutivo en esa línea y sin mas justificación “…que aquel no responde a mis intereses…”, justificándose a continuación con el argumento “…en los EU el fiscal es elegido directamente por el ejecutivo, pues debe responder a su línea política…”.

Triste argumento, y grave problema de geografía pues el ejecutivo olvida que su país es El Salvador, no los EU, y que la realidad acá es simplemente otra.

Por otro lado, el fiscal en funciones ejerce en medio de conflictos de interés, pues defendió al cartel de Texistepeque, representó intereses financieros de empresas extranjeras cuestionadas, y asumió fraudulentamente como fiscal general, lo que lo desautoriza, agravándose ello por ni siquiera cuestionar la ley Alabí, promotora legal de la rampante corrupción de la actual administración, o negarse a procesar los casos por corrupción adelantados por el anterior fiscal, e incluso rechazar las investigaciones recabadas por la CICIES, lo que lo descalifica pues ha hecho lo contrario al deber ser de un fiscal, asumiendo como un peón más del ejecutivo, crasamente incapaz y sin ningún compromiso con el cumplimiento de la norma constitucional vigente.

Y sin embargo será re elegido, en la línea de satisfacer al ejecutivo, asegurar la impunidad del grupo y continuar aparentando.

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