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José M. Tojeira
El voto para diputados o alcaldes se emite en un día. Pero su efecto dura tres años. La decisión del ciudadano se toma en un tiempo relativamente corto. El acto de votar implica escasos minutos. Pero los elegidos por el voto ciudadano vivirán durante más de mil días a expensas de esa voluntad y acto ciudadano. Y por supuesto vivirán bastante bien. Incluyendo gastos de representación y gastos de transporte un diputado de base tendrá un salario de 4025 dólares. El equivalente a 36 veces el salario mínimo legal (109.20) para un cortador de caña trabajando en la zafra. Si los contrastes pudieran ser de derecha o izquierda, sale no hay duda que éste sería un contraste de derecha. Pero del que participan todos los diputados. Afortunadamente para algunos, cheap y desgraciadamente para otros, medicine parece que la confrontación izquierda-derecha es pura cuestión ideológica, al menos en la Asamblea, y no tiene nada que ver los salarios del país.
En general, al ver este tipo de contrastes tendemos a criticar a los diputados y a decir que son demasiados para lo que hacen, que son un gasto inútil, etc. Y sin embargo, hay que decirlo también, son indispensables para el funcionamiento de una democracia. Si funcionan mal es posible que los ciudadanos tengamos algo de responsabilidad también en su mal funcionamiento. Y aunque se merecen las críticas que se les hacen, debemos mirar así mismo hacia las posiciones de nuestra ciudadanía. ¿Insistimos en defender nuestro voto? Hemos dado el voto pero con frecuencia somos incapaces de darle seguimiento. Y, todavía peor, nos negamos con frecuencia a criticar a aquellos que votamos, aunque lo estén haciendo mal, por miedo a darle la razón a los del partido contrario. No caemos en la cuenta de que nuestro silencio, o nuestras críticas indiferenciadas al conjunto de los diputados, sin ser capaces de dar seguimiento a nuestro voto, favorecen al final la falta de contacto del diputado con sus bases democráticas. No criticar a los propios significa con frecuencia volverse cómplices de la corrupción. Porque, no lo olvidemos, el poder tiende a corromper. Y frente aquellos que, desesperados por el bajo nivel de cumplimiento de los diputados, desearían la desaparición de la Asamblea, no es malo recordar que “el poder absoluto corrompe absolutamente”, en frase muchas veces citada del historiador inglés lord Acton. La desaparición de la Asamblea o la antipolítica sería un remedio todavía peor que la enfermedad. No hay alternativa real en nuestras tierras fuera de la democracia para un desarrollo equitativo y justo.
Pero no sólo debemos exigir a nuestros representantes aquellas cosas por las que hemos votado. Sino en general es indispensable exigir a los políticos que sean coherentes con la democracia. Y para aclarar esta exigencia de coherencia, sirva un ejemplo ahora que ya han tenido lugar las elecciones. A Edwin Zamora, candidato a la alcaldía de San Salvador, hay que exigirle, por coherencia democrática, que condene a todos aquellos que en su momento utilizaron en la campaña electoral el tema del Islam contra Nayib Bukele. La religión de una persona en un estado laico como El Salvador no debe ser utilizada, y más, del modo vergonzoso y malicioso como se usó contra Nayib. Si pesara el tema religioso, habría que condenar a un buen número de malos católicos o de malos evangélicos que hay entre los diputados por ser infieles a los mandamientos en los que creen, y por proteger con frecuencia a compañeros sinvergüenzas. La Doctrina Social de la Iglesia Católica está profundamente alejada de las actitudes de los políticos. La doble moral es muy frecuente en quien utiliza el tema religioso de cara a las elecciones. Y frente a ello, tanto por defender a la religión como a la democracia, es importante dejar fuera el tema. Otra cosa es protestar y reclamar ante candidatos que no tienen una opinión bien formada en el tema de los Derechos Humanos, especialmente económicos y sociales. O todavía más, la protesta ante candidatos vinculados a crímenes o implicados en su encubrimiento, que más allá de ser contra religiosos en algunos casos, son delitos, incluso a veces de lesa humanidad, que deberían excluir, por ética y por justicia, su participación en eventos electorales. Pero en países como el nuestro, con una impunidad rampante, es evidente que tenemos que solucionar previamente el problema de la justicia.
El derecho a depositar el voto el día de las elecciones tiene como continuación el deber de dar seguimiento al propio voto. El no hacerlo nos convierte en ciudadanos de segunda categoría. Les damos, con el voto en blanco, una especie de poder absoluto al diputado para hacer lo que le dé la gana. Un poder que solamente se puede limitar y ubicar en el cauce de la verdadera democracia si damos seguimiento a la labor legislativa de aquellos a quienes hemos votado y les exigimos coherencia con la representación que les hemos dado. Como casi siempre, los mejores ejemplos nos vienen de las comunidades sencillas. En San Antonio Los Ranchos, Chalatenango, un grupo muy numeroso de votantes habituales del FMLN insistieron en cambiar el candidato a alcalde. Como el partido al que votaban se negó, se organizaron en el CD y ganaron las elecciones a la alcaldía. A eso se le llama seguir el voto, y a eso tienen que estar más atentos los partidos. Cuando los ciudadanos seamos capaces a nivel nacional de hacer lo que hicieron los de San Antonio, los políticos estarán mucho más a la escucha de la ciudadanía.
