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EL VATICANO EN NACIONES UNIDAS Y SU OPOSICIÓN A LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS  (II)

Alberto Romero de Urbiztondo
@aromero0568

El pasado lunes analizábamos el intento del Vaticano por ser miembro activo de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, para imponer sus normas de comportamiento sobre la sexualidad humana. Hoy seguiremos profundizando sobre su forma de accionar para condicionar resoluciones en Naciones Unidas.

Fundamentalmente el Vaticano interviene oponiéndose al reconocimiento de los derechos de las mujeres, de las personas LGBTIQ y de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Aunque se presenta como defensor de derechos humanos, no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. Solamente ha ratificado tres convenciones sobre Derechos Humanos: Convención sobre Derechos del Niño (1990); Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1969), y Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1956).

Pero ni siquiera cumple las obligaciones de los convenios firmados. En 2013 se negó a presentar un informe sobre los numerosos casos de pederastia cometidos por curas y religiosos y que medidas estaba tomando para repararlos y que no se volvieran a repetir, por lo que el Comité de UN sobre los Derechos del Niño, emitió en 2014, un duro y meticuloso informe, señalando las acciones y omisiones en relación a los atentados y agresiones graves contra la infancia que, en el seno de la Iglesia católica, se habían cometido en todo el mundo, vulnerando la “Convención de los Derechos del Niño”.

En la Comisión Anual de la ONU sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 2013, la Santa Sede, Irán y Rusia lideraron intentos de eliminar en la declaración final una referencia a que la religión, las costumbres o la tradición no debían ser utilizadas como  excusa para evitar la obligación de un gobierno de eliminar la violencia contra las mujeres. Estas formas de accionar obstaculizan el avance en la construcción de consensos internacionales para el  reconocimiento de derechos de las mujeres, personas LGBTIQ y los derechos sexuales y derechos reproductivos de todas las personas.

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