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En el marco del primer aniversario del golpe que el presidente Nayib Bukele encabezó contra la Asamblea Legislativa, materializado con la irrupción al Salón Azul, por fuerzas militares y policiales para que el presidente Bukele ingresara e iniciara la plenaria, pero que fue abortado luego de que el mandatario “hablara con Dios, y le pidió paciencia”, han surgido dos propuestas, una de parte de organizaciones sociales y otra de un diputado, para que examinen la capacidad mental del mandatario para dirigir esta nación.
Las simples propuestas las ha aprovechado el presidente Bukele y sus seguidores, que son miles, por supuesto, para denunciar “un golpe de Estado contra el mandatario” y ha comenzado nuevamente a victimizarse.
El miércoles pasado, dirigentes de varias organizaciones que apoyan al mandatario, hicieron una manifestación frente a la sede de la Asamblea Legislativa para denunciar el “golpe de estado que se está fraguando en la Asamblea”. Que más de veinticinco organizaciones solicitaran a la Asamblea que se promueva un antejuicio en contra del presidente Bukele por el acto del 9 febrero 2020, no es de hecho un golpe de Estado contra el Ejecutivo. Mientras que el diputado de derecha, Rodolfo Velásquez Parker, solicitó que se evalúe por cinco médicos el estado mental del presidente Bukele. El diputado Ricardo Velásquez Parker explicó que es una facultad constitucional que le brinda la Constitución por el hecho de ser diputado, también por los constantes mensajes de odio que emite el presidente y que ya desencadenaron en hechos violentos.
Estas iniciativas por sí mismas no pueden calificarse como un golpe de Estado contra el presidente Bukele, pues, por un lado, solamente ha acudido a las instancias legítimas para iniciar los procesos de investigación. A la Fiscalía General de la República, por ejemplo, le está pidiendo que a más de un año de ocurrido el frustrado golpe, haga las averiguaciones pertinentes y que someta a la justicia a los propiciadores de ese hecho que enrareció la institucionalidad democrática de El Salvador, desde la firma del Acuerdo de Paz, en 1992.
La otra iniciativa es que la Asamblea Legislativa nombre a cinco profesionales de la psiquis, para que evalúe la capacidad mental del presidente Bukele. Ambas peticiones, una en proceso en la Fiscalía, y la otra apenas una petición de un diputado en la Asamblea.
Más allá de las argumentaciones del diputado Velásquez Parker, que hay muchas actuaciones del presidente Bukele que preocupan a un sector de la sociedad con una larga trayectoria democrática, como la difusión de odio permanente del presidente contra todo aquel que no le aplaude, o lo contradice. La cultura de intolerancia que está sembrando entre sus seguidores ya llevó a generar los primeros muertos, y nos referimos a los dos militantes del FMLN asesinados por personal de seguridad del Ministerio de Salud.
Este y muchas expresiones de intolerancia del presidente Bukele y su irrespeto a otras instituciones del Estado han llevado también a organizaciones internacionales, así como a congresistas de los Estados Unidos, a solicitarle al presidente Bukele el respeto a la institucionalidad. Incluso, durante el mandato de Donald Trump, su mismo embajador estuvo en contra de algunas acciones de Bukele, y lo manifestó en las redes sociales.
Es decir, el presidente Bukele no debería victimizarse por dos propuestas que demuestran preocupación genuina de la forma de gobernar, porque está llevando al país a una polarización peor que la que se percibía tras la finalización de la guerra. No se sabe si las propuestas ciudadanas y la del diputado Velásquez Parker van a prosperar; primero, porque se necesita de una reflexión política profunda y, dos, porque estamos al final de una campaña electoral.
De lo que debe estar convencido el pueblo es que el único golpe que se dio en El Salvador, pero fue abortado, sucedió el 9F de 2020.
