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Alirio Montoya*
“El señor presidente” es una novela que de rigor debía ser leída en secundaria. Es una novela escrita por el premio Nobel de Literatura de 1967, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias. En la novela, Miguel Ángel Asturias relata la cruel dictadura del expresidente de Guatemala Miguel Estrada Cabrera. Ese modelo de dictadura se replicó con mayor acentuación en varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Chile y El Salvador. En nuestro país después del golpe de Estado de 1931, el general Maximiliano Hernández Martínez apoyado por los militares y por la pujante oligarquía se mantuvo en el poder hasta la huelga de “brazos caídos” de abril y mayo de 1944.
No obstante, ese modelo de dictadura militar en El Salvador se continuó perpetrando hasta la llegada al poder del expresidente José Napoleón Duarte a través de elecciones libres en 1984. Algunos politólogos sostienen que El Salvador transitó de una dictadura militar a una dictadura de civiles y luego a una dictadura financiera. Pero de esto último hablaré en otra ocasión, porque también se dice que estamos a las puertas de una dictadura digital. No lo creo, pero no hay que subestimar la estupidez.
Esa figura de “presidencialismo” tiene dos connotaciones que es preciso dejar en claro. El presidencialismo es un concepto que deviene de la Revolución Francesa. En Europa tiene esa connotación, en razón que la idea de Montesquieu sobre la división de poderes, ahora órganos de Estado, estaba caracterizada de forma muy peculiar porque a cada dirigente o representante de los tres poderes del Estado se les denominó y se le denomina a la facha como “presidente”. Así, en El Salvador se tienen tres presidentes, un presidente del Órgano Legislativo, del Judicial y otro del Ejecutivo. Lo anterior lo sabe hasta cualquier estudiante promedio de Derecho.
En Latinoamérica esa categoría de presidencialismo su connotación esta referida a las dictaduras militares; esto es que en Latinoamérica hablar de presidencialismo puede significar hablar de dictadura, a manera de sinonimia o en el mejor de los casos, de una idea medieval del concepto, es decir, el mandamás. Esto último es hasta cierto punto comprensible, porque después de la entrada en vigencia de nuestra Constitución el 20 de diciembre de 1983, ese rescoldo del medioevo estaba enlazado con la idea de que el presidente encarnaba a la figura del Rey. A medida que nos fuimos moldeando con la Constitución vigente, entramos aunque sea a medias, en un Estado Constitucional de Derecho, en donde el respeto de los derechos fundamentales implica, entre otras cosas, límites a los poderes del Estado, y lo más importante los límites que el constituyente le impuso a los gobernantes en el inciso último del art. 86 de la Constitución.
Lo anterior implica que, por ejemplo, el presidente del Órgano Legislativo tiene delimitada sus atribuciones, así también el presidente del Órgano Judicial, y por supuesto el presidente del Órgano Ejecutivo. Además la idea ya superada que la reserva de ley era exclusiva de la Asamblea Legislativa, es una aseveración relativa porque en el proceso de formación de la Ley participan los tres órganos fundamentales de gobierno. A eso Jürgen Habermas le ha denominado democracia deliberativa. Y es que la democracia es un pilar fundamental del Estado Constitucional de Derecho. No se puede hablar de Estado Constitucional de Derecho sin hablar de democracia, porque la legitimación popular es clave para el ejercicio de esas funciones. Pero es pertinente dejar entrever que la legitimación popular tampoco es absoluta porque encuentra sus límites en la Constitución. La legitimación popular no es un cheque en blanco. El guardián de la Constitución son lo tribunales constitucionales como lo sostuvo Hans Kelsen frente a Carl Schmitt, siendo este último quien sostenía que el guardián de la Constitución debía ser el presidente del Ejecutivo. La anterior discusión a pesar de ser vetusta no pierde su actualidad.
A manera de ejemplo respecto de la separación de funciones y del control entre los mismos órganos de Estado, se puede dar, por ejemplo al momento que el Ejecutivo presente ante la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley del Presupuesto General del año 2020. Si ese presupuesto 2020 esta desfinanciado, la Asamblea no lo va a aprobar porque debe haber una sincronía entre ingresos y gastos; pero sobre todo debe estar acorde con las necesidades de la nación y en consonancia con la Constitución. Si con todo y sus falencias es aprobado dicho presupuesto, todavía faltaría que un ciudadano presente una demanda de inconstitucionalidad en contra de ese presupuesto 2020. La Sala de lo Constitucional después de su estudio liminar, deberá resolver si es inconstitucional o si no hay contradicción alguna. A estas alturas no esperamos como sociedad civilizada un pataleo del Ejecutivo si llegase a ser declarado inconstitucional. Ya hay un precedente jurisprudencial, la Inc. 1-2017/25-2017. Lo que se quiere resaltar en este punto es la importancia de los pesos y contrapesos en una democracia.
Esta bien que el presidente este amenazando a la Asamblea Legislativa si no presionan un botón, para que se lo crea únicamente la gente iletrada, pero alguien con los más mínimos estudios ha de saber que existe una separación de funciones. No se cuál sería la reacción del señor presidente si le llegan a superar los últimos dos vetos, sobre todo respecto de las reformas al FOSALUD en lo relativo al pago a estudiantes de medicina en servicio social y médicos residentes en sus especialidades. A ese ritmo puede superar al expresidente Francisco Flores en número de vetos.
Un presidente del órgano más visible del Estado debe ser tolerante y con mucha prudencia para que logre ser catalogado como estadista. No se si está preparado para la crítica de los intelectuales. Recuerdo cuando la gloriosa intelectual Susan Sontag le dijo a George W. Bush “presidente robot”. A propósito de las palabras pronunciadas en la 74 Asamblea de Naciones Unidas, debería estar preparado para cuando algún intelectual le diga, parafraseando a Sontag, “presidente cyborg”. El presidente del Ejecutivo debe entender que es un presidente más dentro los tres presidentes de este Estado salvadoreño del siglo XXI. Este país es uno de los más violentos del mundo, como consecuencia, presenta los índices más altos de hacinamiento carcelario, el 300 %. Tiene el primer lugar en hacinamiento y después le sigue Haití. Nadie en su sano juicio desea que continúe creciendo la delincuencia, pero no he visto al presidente que haga un llamado a los dirigentes de los diversos partidos políticos, líderes sociales y religiosos para un Acuerdo de Nación y tratar de encontrarle una solución conjunta al alto índice de delincuencia, corrupción, desempleo, inmigración, falta de agua potable. Usted debe tender puentes de entendimiento y no atizar más división en nuestra sociedad. Solamente unidos saldremos adelante, ¡señor presidente!
*Profesor de Filosofía del Derecho.
