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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Los 45 segundos de duración del terremoto de magnitud 7.6 en la escala de Richter, del 13 de enero de 2001, cambió la realidad de 252,622 personas que resultaron damnificadas y 37 desaparecidos. La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) señaló que a veinte años de este suceso, la vulnerabilidad social permanece intacta. Que se agrava en el contexto del Cambio Climático, y un Gobierno sin plan de adaptación.
Gregorio Villanueva -coordinador Territorial de la UNES- señaló que los factores de vulnerabilidad aumentan en el país, exponiendo a la población a sufrir los impactos de las diferentes amenazas que el país sufre.
“El Salvador está catalogado con un mapa de multirriesgos, desde erupciones de volcanes, hasta problemas relacionados con la contaminación; enfermedades vinculadas a los problemas ambiental y al contrario que la política pública esté encaminada a reducir o transformar los factores de vulnerabilidad, esta política pública ha creado más endeudamiento que se basa en la generación de riqueza para las empresas, otorgando permisos ambientales, principalmente para generar condiciones de vulnerabilidad”, señaló Villanueva.
En cuanto a los terremotos de enero y febrero de 2001, Villanueva agregó que hace veinte años el país sufrió uno de los desastres más significativos de su historia, por las pérdidas humanas y que significó en lo económico, una pérdida anual del 10 % del Producto Interno Bruto (PIB). Y condicionó a núcleos poblacionales a vivir en vulnerabilidad.
“Los índices de riesgo se han complicado mucho más, de cada 10 personas en el país, 9 se encuentran expuestas a diferentes amenazas ya sea, de tipo natural, socio-ambiental o de manera antrópica (producido por el ser humano). Y es importante mencionar que desde el 2001, el 60 %, de la inversión pública, está condicionado a perderse por las diferentes amenazas, o sea, de cada 100 dólares que el Estado invierte, 60 dólares se pierda por cualquier tipo de amenaza, sin generar políticas que generen sustentabilidad o gestión ciudadana, es una gran pérdida”, manifestó.
Con este contexto Carolina Amaya, del Equipo de UNES, señaló que estos desafíos que tiene el Estado salvadoreño para alcanzar la sustentabilidad ambiental, por lo que debe iniciarse conociendo las multiamenazas del territorio nacional.
“Se debe plantear el escenario que tenemos con la pandemia del COVID-19, no ha terminado y es parte de los desafíos que deben abordarse de inmediato. La FAO afirmó en el 2019 había alrededor de 700,000 salvadoreños en pobreza, y el BID está planteando que muy probablemente otros 600 mil personas, entren en el umbral de la pobreza -es decir- en este contexto en que hablamos de vulnerabilidad, las autoridades deben aterrizar que esta población entra en esa categoría de exposición a fenómenos provocados por la crisis climática”, indicó.
Al insistir que la gestión pública que desarrolla el Estado salvadoreño, es “insuficiente, insostenible e incoherente” con la realidad socio-ambiental que tiene el país. Señalando que el año 2020, que fue catalogado como el año más caluroso de la historia, y por tanto este 2021, podría superarlo en las temperaturas, lo que expone a la población que ya vive en riesgo.
“Cerramos diciembre de 2020 con lluvias, abrimos enero 2021 con lluvias y eso nos provoca el desafío de plantear que vamos a tener un año muy probablemente intensificado por eventos extremos, a lo mejor mucho más que las tormentas ETA e IOTA. Y esto tiene a la base si seremos o no afectados, que puede ser en la medida que tengamos una gestión sustentable en términos de brechas de desigualdad, en la reducción de vulnerabilidades ambientales, en la gestión sostenible y sustentable del territorio; pero eso no lo estamos viendo en este momento”, reiteró Amaya.
“Estamos en una coyuntura electoral en la cual queremos colocar -sin duda- la importancia de la temática y las crisis ambientales en los territorios, la cual enfrenta la población con la que trabajamos”, explicó Luis González, dirección de incidencia de la UNES.
González consideró que entre los retos que se presentan está la de estructurar y fortalecer la ley del Sistema Nacional de Protección Civil y Desastres, porque si bien, ya existe una legislación y una red interinstitucional, las lluvias entre mayo a septiembre, esta institucionalidad no funcionó acorde a las demandas de la población.
“Tenemos el ejemplo más claro, la comunidad Los Angelitos en Nejapa, en donde a pesar de la generación técnico-científica del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente (MARN), esa información no llegó a la comunidad, para que fueran evacuados preventivamente ante un posible desastre. Entonces, no hay necesidad que se retome adecuadamente la ley, -que necesita reformas- cuando ni siquiera lo que está actualmente contenido se cumple, es por esto que llamamos al Ministerio de Gobernación y el Ejecutivo, a cumplir la ley”, manifestó.
En cuanto a la participación de la sociedad civil en materia de Cambio Climático, González señaló que era la “problemática ambiental más grande a nivel global”, frente a los pocos avances en materia de adaptación que ha generado el Estado salvadoreño.
“El Cambio Climático afecta varios aspectos como el agua, agricultura, educación, salud e infraestructura. Tenemos impactos constantes del Cambio Climático en la vida de la población, en los ecosistemas, en los territorios y muy políticas para adaptarnos a esta realidad climática. Es necesario que se retomen las propuestas de la sociedad civil para actualizarse y es necesario que desde el Ejecutivo, den un auténtico seguimiento del cumplimiento de las leyes existentes como la Forestal, Riego y Avenamiento, Áreas Naturales Protegidas, entre otras, para dar una protección ambiental y este es un reto para este año”, puntualizó González.
