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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Ya contamos con legislación pero la problemática es tal, que no es suficiente para la magnitud de la crisis ambiental en el país”, explicó Luis González, del Equipo de Dirección de Incidencia y Gestión Políticas Públicas de la UNES.
La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) presentó su Balance Ambiental para el presente año, en el que destacó diversos llamados a los tres órganos del Estado salvadoreño a legislar, impulsar y promocionar una visión de derechos humanos y rescate ambiental a nivel nacional.
González agregó que la legislación ambiental con la que cuenta el país no se aplican o implementan en su totalidad. Los marcos jurídicos como la Ley Forestal, Ley de Áreas Protegidas, Ley de Riego y Avenamiento y las instancias gubernamentales de aplicar la regulación o dirimir en una situación de conflictividad ambiental, son inoperantes.
“Somos el segundo país más deforestado del continente pero continúa una fuerte presión a los pocos bosques que quedan en el país. Y la Dirección de Cuenca y Riego del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no tiene capacidad de dar seguimiento al cuido de los bosques en zonas rurales a nivel nacional. Y se agravó con la pandemia de COVID-19, porque las personas que hacían esa función de vigilancia, estuvieron encerrados y no pudieron realizarlo, es una incapacidad gubernamental”, reiteró González.
En cuanto a las Áreas Protegidas, estas deben contar con un plan de manejo dentro de las mismas, y la responsabilidad es del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), sin embargo, Luis González señaló que hubo denuncias de tala de bosques, incendios y otras acciones que degradan estas reservas de biodiversidad, sin capacidad de la Cartera de Estado ambiental pudiera controlar la zona.
“Es común que los cañeros y ganaderos, se vayan metiendo a las áreas protegidas, ampliando sus áreas sin permiso alguno y destruyen las zonas de amortiguamiento de agua dulce. Tenemos un caso en la isla Tasajera, que quieren hacer el Cancún de El Salvador, donde hay un área protegida y una zona de amortiguamiento, pero no hay capacidad de verificar los límites de estas zonas y el proyecto del empresarial de turismo”, manifestó.
Sobre el impacto del COVID-19, que inició el año pasado en China, y se convirtió en una pandemia mundial generando un cambio en la movilidad y consumo de la humanidad, al principio tuvo un impacto positivo al bajar la contaminación del aire y el agua, explicó Mauricio Sermeño, presidente de la UNES, no obstante, la apertura a la normalidad de las actividades, luego de una prolongada cuarentena ha generado de nuevo visos de contaminación.
“Es preocupante que el uso generalizado de y guantes, ha generado gran contaminación por miles de cantidades de estos implementos que son desechados a grados intolerables. San Salvador tiene mayor repercusión por la falta de recolección de desechos sólidos, que han sido ocasionados por conflictos de políticas de pagos de cuotas sociales y electorales, situación que puede prolongarse hasta las próximas elecciones”, expresó.
En cuanto a la política ambiental gubernamental, Carolina Amaya calificó de “equivocada”, por el comportamiento permisivo del MARN, que cuenta con el apoyo del presidente Nayib Bukele, para otorgar permisos ambientales a constructoras y otras empresas que elevan la vulnerabilidad del medio ambiente y que deterioran las condiciones de vida de la población.
“Queremos recalcar y recordar que estamos frente a una crisis climática, y la Asociación Meteorológica Mundial, según su reciente informe del 2 de diciembre, afirmó que el 2020 está por convertirse en el año más cálido, desde que se tiene registro. Y la temporada de huracanes que inicia el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, superó al año 2005, en donde se dieron 29 eventos climáticos, y este año se dieron 30 eventos climáticos. Se agotaron los huracanes con nombre y se tuvo que recurrir al alfabeto griego, porque la temporada superó los nombres previstos. Entonces, como ambientalistas hacemos este recordatorio que estamos frente a una crisis climática y que la década 2011 a 2020, será la más cálida de la que se tiene registro”, manifestó.
Sobre las tormentas tropicales Amanda, Cristóbal, ETA y IOTA, los estragos que dejó en Honduras y Guatemala, tienen afectaciones que no han sido registradas. Y que como UNES, han documentado que a lo largo del “corredor seco”, o sea, Bajo Lempa, San Miguel, Usulután, San Lorenzo y los manglares en Ahuachapán, han documentado la pérdidas de cultivos de cebollas, jícamas y granos básicos.
“Realmente, esta es la pandemia que estará por venir, y se va a llamar hambre, y como UNES queremos acotar la urgente necesidad de abordar la gestión ambiental desde estos contextos y estas realidades que cada vez más, nos van a seguir pasando facturas, sino superamos las brechas de vulnerabilidad, que pasa por la organización comunitaria, por la educación, por la cohesión interinstitucional, gestión sustentable del territorio y priorizar en la agenda nacional la protección de las zonas de recarga hídrica”, reseñó.
En cuanto a las recomendaciones, María Dolores Romero afirmó que el órgano Ejecutivo no debe seguir con la tónica de otorgar permisos ambientales a los grandes proyectos que dañan el medio ambiente, como el complejo habitacional Valle El Ángel o el intento de la octava represa en el río Sensunapán.
“Al órgano Judicial, es necesario que le de más apoyo al funcionamiento y se le dé cumplimiento a las resoluciones de los tribunales ambientales, además de capacitar a otras instancias judiciales sobre la legislación ambiental y su interpretación. Y al órgano Legislativo, aprobar la Ley General de Aguas y Soberanía Alimentaria, la Ley para prohibir el uso de agrotóxicos, la reforma a Ley de Protección Civil”, concluyó.
