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El Salvador: la privatización del agua y movimiento popular.

¿Ley general de aguas o ley integral de aguas? ¿Cuál es el problema?

Nelson de Jesús Quintanilla Gómez*

Partamos del hecho que el agua es un recurso fundamental para la existencia de todas las especies. A lo largo de la historia ha determinado la selección de los lugares para asentamientos humanos; es imprescindible en nuestra nutrición, base de la producción de alimentos, y garantiza una mejor salud, condiciones de vida y progreso. Según la sentencia de la Sala de lo Constitucional en el amparo 513-2012 el agua “al ser elemento básico para el mantenimiento del desarrollo del medioambiente, así como para la existencia, salud y calidad de vida del ser humano, es indispensable para la satisfacción de las necesidades primarias del individuo y de aquellas otras que, sin serlo, propician la mejora de sus condiciones de existencia”. El agua es un recurso finito, muy limitado; si bien es cierto que el 70% del planeta está cubierto de este líquido, el 97% es salino (mares y océanos) de difícil y costoso procesamiento para el consumo humano; solo un 3% está disponible para el consumo, incluyendo a glaciares y polos en un 2%, y únicamente el 1% es parte de ríos, lagos, mantos subterráneos y el vapor concentrado en la atmósfera. Se estima que el 65% se usa para riego agrícola, 25% en la industria y un 10% en lo doméstico y comercial.

En este sentido, la vulnerabilidad de nuestra especie es inmensa, sobre todo cuando arribamos a más de 6,200 millones de humanos en el planeta y somos responsables del crecimiento urbanístico desordenado, la contaminación de aguas, suelo y aire; de la implacable deforestación de bosques, del uso mercantilista del recurso hídrico y de su peligroso acaparamiento.

Como salvadoreños tenemos la obligación de abordar y resolver estratégicamente el agua en su dimensión local, municipal, departamental, nacional y regional desde la integración centroamericana. Se incrementan los conflictos legales, judiciales y de movilización popular, motivados en su importancia y efectos para la convivencia.

Después de once años de larga espera, es más urgente un cuerpo de ley integral y justo, que garantice una participación permanente de la ciudadanía, sobre todo desde la “gestión de los comités de cuencas”, garantizando el carácter público del manejo del agua, la sustentabilidad en su proyección, su perspectiva de género, y su dimensión en cuanto al derecho comunitario. El acceso de la colectividad a la misma no debe ser obstaculizado ni puesto en peligro.

Esa ley debe abordar temas como el agua potable y el saneamiento, sus mecanismos de protección y conservación, manejo de consecuencias y costos hidro-meteorológicos, riegos, agricultura, generación hidroeléctrica, proyección turística y recreativa, así como el uso sostenible de lagos, lagunas y humedales.

La piedra angular en el abordaje de tan complejo tema es la inclusión de los comités o consejos de cuenca en la discusión de cualquier iniciativa que pretenda un acuerdo. En el país existen actualmente más de dos mil trescientas juntas comunitarias para el manejo del agua potable, muchas de estas entidades asumen ya el manejo, protección y recuperación de las cuencas -independientes o interconectadas, incluso con países vecinos desde donde se abastecen-. El agua es un tema de interés nacional, el rumbo que lleve depende de la movilización activa de la población de todos los sectores y de la claridad de propósitos gubernamentales.

El anteproyecto de Ley General de Aguas presentado por el Gobierno a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales busca mantener la administración del vital líquido en manos del sector público, mientras tanto, el proyecto de Ley Integral de Aguas elaborado por la ANEP y adoptado por la derecha es un proyecto privatizador puesto que busca establecer un ente rector que esté en manos privadas quitando al Estado la posibilidad de seguir administrando el recurso hídrico.

En El Salvador existen 2,325 sistemas comunitarios de agua que ante la carencia de suministro se han organizado para tener abastecimiento autoadministrado, según informe de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, proveedora pública de agua en el país. Con ello se abastece el 53% de la población salvadoreña. “Estos sistemas no tienen ningún reconocimiento y no reciben apoyo del Estado. Son formas de subsistencia sin regulación técnica de calidad”.

La polémica sobre la discusión de la ley de aguas surge porque el artículo 14 del proyecto de Ley Integral de Aguas presentado por la ANEP y adoptado por los partidos de derecha plantea una directiva compuesta por cinco directores: uno del Gobierno, dos de COMURES y dos electos por los miembros de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), ese es el problema. Ante la insistencia de la derecha de privatizar la administración del recurso agua surge una diversidad de movimientos populares que se manifiestan a favor de una ley que evite poner en manos privadas el recurso hídrico y en ese sentido diversas instituciones como la Iglesia católica, la UES, la UCA y diversas organizaciones sociales realizan diferencias actividades de calle para detener la intención de la derecha de privatizar el agua.

Miles de salvadoreños se manifestaron este sábado 16 de junio para pedir a la Asamblea Legislativa que se abstenga de privatizar el agua mediante una ley que busca otorgar a la empresa privada el control de un ente regulador. “El agua no es un negocio” y “El agua es un derecho, no una mercancía”, ambientalistas, estudiantes, campesinos y obreros salieron desde la plaza Masferrer y tras recorrer unos cuatro kilómetros llegaron a la plaza El Salvador del Mundo.

En El Salvador, la estatal Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) es la encargada de administrar el agua, pero en la nueva ley el ente regulador estaría dominado por delegados del sector privado, lo cual es rechazado por las organizaciones sociales.

*Doctor en Ciencias Sociales mención Gerencia y profesor universitario de la UES.

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