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Gloria Silvia Orellana
@DiaroCoLatino
El Informe de Amnistía Internacional (AI) (2021/2022), sobre la “Situación de los Derechos Humanos en El Mundo”, es contundente: “Se intensificó la erosión de los derechos humanos en El Salvador. Hubo denuncias de un aumento significativo de los ataques y obstáculos contra los medios de comunicación independientes, y varios altos cargos gubernamentales -incluido el presidente-”, resume IA en su primer párrafo del informe anual.
“Estigmatizaron públicamente a las organizaciones de derechos humanos. Seguían sin respetarse los derechos de las víctimas de los crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado interno (1980-1992). Continuaba en vigor la prohibición total del aborto”, señaló en el sumario de la información general.
Amnistía Internacional (AI) es un organismo que trabaja a favor del cambio para que todas las personas disfruten de sus derechos humanos, reseña el prefacio del documento, al explicar sobre su visión de quienes “están en el poder cumplan con sus promesas, respeten el derecho internacional y rindan cuentas”, afirmando trabajar de manera independiente de cualquier gobierno, ideología política, interés económico credo religioso. El informe recoge el seguimiento que dan a distintos gobiernos alrededor del mundo.
El documento señala que el partido gobernante (Nuevas Ideas), que obtuvo la mayoría de los escaños en la Asamblea Legislativa, contó con denuncias sobre el uso de recursos públicos para influir en el electorado, como informó una Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que violentaron incluso el “silencio electoral” que es de obligatorio cumplimiento legal.
“En septiembre, sin que mediara consulta pública alguna, se adoptó el bitcoin -una critpomoneda de las más populares del mundo- como moneda de curso legal. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió ese mismo mes una resolución que permitía a quien ocupara la presidencia del país presentarse a reelección inmediata, danto luz verde al presidente Bukele para presentarse a un posible segundo mandato”, detalla el informe.
Asimismo, registra las manifestaciones multitudinarias que se han venido realizando desde el 15 de septiembre, ante las políticas gubernamentales que recibieron una reacción de “amenaza” velada de utilizar gas lacrimógeno en las próximas marchas.
En cuanto a la “libertad de expresión” detalla el informe que varios periodistas y medios de comunicación, luego de denunciar nuevos ataques a la “libertad de prensa”, así como “acusaciones públicas infundadas” contra este sector, que calificó Amnistía Internacional como obstáculos para realizar su labor investigativa el gremio periodístico .
“En febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en favor de 34 miembros del personal del periódico digital El Faro. La CIDH declaró que la información recibida sugería que el hostigamiento, las amenazas y la intimidación que estas personas manifestaban estar sufriendo no solo los intimidaba, sino obstaculizaba su trabajo”, menciona.
Sobre el Derecho a un “Juicio Justo”, el informe indica que la nueva Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República, que es un “ataque contra el derecho a acceder a la justicia”, al perderse la independencia judicial.
A la crítica se suma una reforma a la Carrera Judicial, aprobada por el Legislativo, para cesar a los jueces o juezas que sobrepasaran los 60 años de edad, no obstante, que la CIDH rechazara esas reforma y solicitó a las autoridades “respetar la independencia judicial”.
Y en cuanto al derecho a Verdad, Justicia y Reparación, el informe revela que “Persiste la impunidad por la masacre de El Mozote, perpetrada en 1981 durante el conflicto armado”, y menciona, además, que las víctimas de este crimen de Lesa Humanidad, notificaron a la Corte IDH la negativa de las autoridades a entregar información sobre este caso contenida en los archivos militares, y que la Fiscalía General de la República, tampoco había hecho avances investigativos relevante.
“Varios altos cargos gubernamentales estigmatizaron y menosprecian públicamente a las personas que defienden los derechos humanos y a sus organizaciones, y las acusaron de formar parte de la oposición política. Los espacios de diálogo regular y efectivo entre los organismos gubernamentales y las organizaciones de derechos humanos cuyo fin es contribuir a diseñar las políticas públicas están cerrados o eran prácticamente inexistentes”, manifiesta el informe.
Asimismo, en ese contexto de hostilidad mencionaron que el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, presentó ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley sobre Agentes Extranjeros, que de aprobarse afectaría directamente el financiamiento , la actividad y la libertad de asociación de personas defensoras de derechos humanos.
“Derechos sexuales y reproductivos, continúa, vigente la prohibición total del aborto y, hasta diciembre, al menos 11 mujeres permanecían encarceladas por cargos relacionados con emergencias obstétricas . Además el presidente declaró públicamente que no se propondría ninguna reforma constitucional que incluyera la despenalización del aborto. En octubre la Asamblea Legislativa archivó otra nueva propuesta en favor de la despenalización del aborto en determinadas circunstancias que presentada por grupos que defienden derechos de las mujeres”, puntualiza el informe de Amnistía Internacional.
