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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“El gobierno de Nayib Bukele comete continuamente violaciones a derechos consignados en la Constitución, en el Pacto (PIDCP) y otros instrumentos internacionales de derechos humanos”, señala el informe presentado por la American Association of Jurists (AAJ) sobre la vulneración de derechos humanos en el país.
La “exposición escrita” de la AAJ, (entidad consultiva especial) fue entregada al Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, que se distribuyó con arreglo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.
El informe conocido por el Consejo de Derechos Humanos, en su 52o. Período de sesiones celebradas entre el 27 de febrero al 31 de marzo del presente año, retoma en su agenda el punto tres relacionado a la Promoción y Protección de todos los Derechos Humanos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales incluido el Derecho al Desarrollo.
Sobre El Salvador, el informe reunió datos sobre las violaciones a los derechos contemplados en el “Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles”, del cual, el Estado salvadoreño es signatario por tanto está obligado a respetar y garantizar a toda la población que se encuentre en el territorio y sujetos a su jurisdicción deben garantizarles sus derechos reconocidos en el presente tratado.
“Se vulnera el derecho a la libertad, materializadas en la persecución judicial arbitraria de líderes de la oposición política y sus familias, su encarcelamiento y exilio”, señala.
Además, destaca violaciones “Al debido proceso, en juicios penales sin pruebas, a líderes políticos y sociales y sus familias. Al derecho a la propiedad y posesión, mediante la incautación arbitraria del patrimonio familiar de opositores”.
Asimismo, citan como violaciones sistemáticas el derecho al honor y la imagen, al propalar “campañas de odio y descrédito” contra personas opositoras al régimen por parte del “presidente de la república (Nayib Bukele) y sus funcionarios”. Igualmente, mencionan la vulneración al derecho de “tránsito” por acciones de la fuerza pública que impide la participación ciudadana en demostraciones de protesta pública, ante las problemáticas que viven diversos sectores de la sociedad. “Viola la libertad de expresión, con acciones de persecución y espionaje a periodistas que investigan u opinan críticamente. Estas y otras violaciones emanan del desmantelamiento del sistema constitucional de pesos y contrapesos y la anulación de la independencia de los poderes públicos El presidente Bukele controla el sistema judicial, al destituir arbitrariamente a jueces independientes”, expone.
“El presidente Bukele utiliza a la Fiscalía General de la República, a la Policía Nacional Civil y a las Fuerzas Armadas, para ejecutar una estrategia de persecución contra los ciudadanos que cuestionan sus acciones. La guerra judicial es el instrumento del régimen para reprimir a sus críticos”, prosiue.
El informe destaca que desde 2022, la “represión se elevó cualitativamente” con la introducción del Régimen de Excepción, que suspende los derechos incluidos en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles (PIDCP), entre otros derechos como la libertad de permanecer y salir del territorio nacional.
“La represión a la libertad de pensamiento y de expresión; libertad de reunión y asociación; garantía del derecho a la defensa y la no autoincriminación; la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones, y se amplió hasta 15 días el plazo para la detención administrativa, antes de la presentación ante un juez”, son otros de los atropellos descritos en el informe.
El informe destaca que el Pacto reconoce esta cesación de derechos constitucionales solo en “situaciones excepcionales”, pero adoptando medidas que no sean incompatibles con las obligaciones del derecho internacional.
“Situaciones excepcionales que pongan en peligro la via de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto”, acota. “Es Estado salvadoreño viola el Pacto (PIDCP) y no ha demostrado que las causas esgrimidas para decretar el estado de excepción y prorrogar repetidamente -pongan en peligro la vida de nación-, tampoco se justifica la excepcionalidad en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación”, argumenta.
Sobre las violaciones al Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles (PIDCP), se encuentran relacionadas al artículo 3, que habla sobre los derechos o libertades reconocidas en el presente Pacto. Señalando que las víctimas de estas vulneraciones podrán interponer un “recurso efectivo” aún cuando la violación haya sido cometida por personas que actuaban en el “ejercicio de sus funciones oficiales”. No obstante, reconocen que el sistema judicial “ignora centenares de recursos de habeas corpus y recursos de revisión”, que presentan los familiares.
Con el artículo 6, sobre el derecho a la vida , señala que es inherente a la persona humana y este derecho se encuentra protegido por la ley. Y nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. No obstante, alrededor de 150 casos de personas fallecieron cuando estaban privadas de libertad por malos tratos o por falta de atención médica.
En cuanto al artículo 7 del Pacto, que señala que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, el informe señala que están documentados casos de torturas y tratos crueles de personas detenidas durante la detención policial o en centros de reclusión.
Se ha violentado también el derecho a la presunción de inocencia mientras, no se pruebe lo contrario, a una defensa individual y no juzgamientos colectivos en una sola audiencia por un juez o jueza. Ni las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia o domicilio. Y nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones personales por su derecho a la libertad de expresión. Entre las recomendaciones del informe se encuentra la de solicitar a la Oficina del Alto Comisiona para los Derechos Humanos que preste especial atención a la situación en El Salvador solicitando a varios “Relatores Especiales” su atención al país.
