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El nuevo presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Cesar Fagoaga, expresó, al asumir el cargo, que el periodismo en El Salvador está “bajo ataque”. Fogoaga está en lo cierto, no ha podido describir mejor la situación que está pasando en el país con esa frase, y no solo por el ataque que están sufriendo periodistas y medios del oficialismo, sino por otras circunstancias también peligrosas. En el primer caso, Angélica Cárcamo, presidente saliente de la APES, manifestó que desde el uno de enero hasta el 15 de julio del presente año, la gremial de periodistas registraba 158 vulneraciones a la prensa, entre estas agresiones físicas contra periodistas.
De acuerdo con el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la APES, en 2018 registra 65 ataques a la prensa, en 2019 se eleva a 77, en 2020 incrementa a 125, y en lo que va de 2021 a un total de 167. Esto significa que los ataques van en aumento desde la llegada del presidente Nayib Bukele. Si en 2018, en el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén los ataques llegaron a 65, en 2019, un año compartido por dos gobiernos, la cifra comenzó a aumentar, lo cual, por supuesto, es lamentable y condenable.
Los mayores ataques contra los y las periodistas vienen del Gobierno, pero no es el único. Recientemente, elementos de seguridad de la ex vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, agredieron a varios periodistas. En otros casos han sido hasta sindicalistas. Es decir, las agresiones contra los y las periodistas provienen de diferentes sectores, de derecha o de izquierda, pero, mayormente, del gobierno, y en la actualidad directamente del mismo presidente de la República.
Y si los ataques vienen del mismo presidente, el tema requiere mayor atención, sobre todo porque el actual mandatario no solo tiene una gran popularidad entre la población, sino por la capacidad de manipulación sobre estas, con lo que logra desbordar pasiones que pueden llegar a la intolerancia, por la falta de racionalidad. La labor periodística, entonces, está amenazada o “bajo ataque” en El Salvador, pero no solo por las agresiones, sino también por otras acciones que ponen en peligro la permanencia de medio, y con ello la pluralidad mediática que tanto necesitan las democracias, que en el caso de El Salvador también está amenazada.
Diario Co Latino, por ejemplo, se vio obligado a parar su rotativa el uno de mayo del año 2020 por los efectos de la pandemia, pero, sobre todo, por el encierro obligado y la paralización de la mayoría de actividades económicas. En julio se vio obligado a suspender a los trabajadores por la falta de ingresos. Y la crisis no se superó pese a la apertura económica en julio del año pasado, pues en el caso de Diario Co Latino, a partir de enero de este año, hubo una reducción de más del 50% en la publicación de edictos y de carteles municipales, por lo que nos vimos obligados a poner en venta el terreno y el edificio, y con ello la rotativa, que durante 60 años sirvió al país con informaciones veraces del acontecer nacional e internacional.
Es lamentable que ningún organismo internacional, ni las organizaciones sociales internamente, salvo excepciones, contadas con los dedos de una mano, hayan acudido para lanzar el salvataje.
En mayo del año pasado, acudimos al salvataje del Gobierno, para salvar la empresa, y fuimos rechazados. Era de esperarse, pues, desde la percepción del gobierno, Diario Co Latino no es sumiso a sus caprichos, y por eso es que debe desaparecer. Y que esta sea la intención del gobierno es comprensible, no así del resto de la sociedad, pero esta tampoco ha respondido, pero aún no es tarde, por lo tanto, el llamado para el salvataje está hecho, está en vigencia.
