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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El Centro de Estudios Aplicados en Ecología y Sustentabilidad Ambiental (ECOS) El Salvador, otorgó el “Título al Deshonor”, al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López Larreynaga, debido a que su gestión ha sido atentatoria contra los ecosistemas en el país.
“Informamos de esta designación a la población en general, sobre el ministro López Larreynaga, como el ecocida del año 2020. Es un título que estamos instaurando desde ECOS, para denunciar a aquellas personas que desde sus acciones generan impactos o daños irreversibles a ecosistemas concretos, que impactan a la población de los alrededores”, explicó el reconocido ambientalista Carlos Flores.
La designación al “Ecocida de 2020”, se debe al “permiso ambiental” que el funcionario entregó al proyecto urbanístico Valle El Ángel de la constructora Dueñas Hermanos, efectuada en diciembre del año pasado.
Y que pese a la oposición expresada por más de 7,000 familias de distintas comunidades entre los municipios de Nejapa y Apopa, el ministro López autorizó el uso de alrededor de 200 hectáreas de terreno, que se caracteriza por ser una zona de recarga del manto acuífero y reservorios subterráneos.
La Iglesia católica y evangélica, así como las universidades han apoyado a las comunidades contra este proyecto.
“La entrega de ese permiso ambiental, es la materialización de una gestión ambiental, orientada a servir a las oligarquías nacionales y transnacionales, que han venido destruyendo el medio ambiente en el país. Y consideramos, que todas las acciones del ministro López, para materializar el permiso ambiental, lo hacen acreedor a este título de ecocida porque marca la más alta muestra de ruindad que puede tener una persona, al ponerse al servicio y la defensa férrea de los intereses de los grupos económicos del país, antes que el bienestar del pueblo. Es la muestra de la pésima gestión que se está desarrollando con este Gobierno”, acotó Flores.
Estudios técnicos presentados por diversas organizaciones ambientalistas y de derechos humanos señalan que la zona de Valle El Ángel cuenta con una recarga hídrica con “potencial media de 570 litros por metro cuadrado”, y consideran que al construir un complejo urbanístico que incluye unidades habitacionales, parque, zonas de estacionamiento y centro comercial, esto reduciría en 1.3 millones de metros cúbicos menos de agua. Afectando directamente alrededor de 7,000 familias del área inmediata.
“Con la emisión del permiso ambiental a la familia Dueñas, el ministro López no solo pasó encima de la ley e instituciones, sino también violentó derechos humanos fundamentales de la población de Apopa y del Área Metropolitana de San Salvador. Y estamos hablando de la participación libre e informada, el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a un debido proceso, es decir, con esto el ministro demostró su genuflexia al poder económico”, argumentó el ambientalista.
Sobre la lucha jurídica, Alejandro Henríquez, también de ECOS, señaló las diversas gestiones realizadas en distintas instancias para lograr ser escuchados y defender su postura de rechazo ante la construcción de la urbanización Valle El Ángel.
Como la realizada ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) el año pasado, al que le solicitaron una revocación a la reserva de información impuesta por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al “informe de subsanación”, que presentó la constructora Dueñas, luego de las observaciones que hicieran técnicos del MARN al estudio de impacto ambiental del proyecto en cuestión y sin recibir respuesta.
“Consideramos que el actual ministro de Medio Ambiente ha generado un retroceso a los pocos avances en materia ambiental. Llegando al grado de convertir a la institución en un oficina de tramitadora de permisos ambientales, que muestra un favoritismo con familias económicamente fuertes y esta actuación será la que tendremos en los cinco años del presidente Nayib Bukele”, lamentó Henríquez.
La carencia de participación libre e informada, transparencia de información pública y la socialización del estudio de impacto ambiental, relacionado al caso Valle El Ángel, es para el ambientalista, una falta grave que solo favorece a los grupos económicos o políticos del país. “No solo es el proyecto urbanístico de Valle El Ángel, sino también la octava represa en el río Sensunapán (Sonsonate), es un caso sumamente grave, porque afecta a un grupo poblacional -que ya es vulnerable- que son las comunidades indígenas. Y viene el MARN a hacer una consulta pública en el marco de la pandemia del COVID-19, que generó mucha dificultades para los pobladores en su movilización para expresar su rechazo a este proyecto. Y será la actuación que tendremos en los próximos años -es grave- porque la formulación de proyectos deben ser para la gente y desde la gente, porque son quienes dependen de estos medios de vida”, sostuvo.
ECOS El Salvador reafirmó que la actual administración no cuenta con una visión de derechos humanos y prevé que seguirán los procesos de cambio de uso de suelos, como lo hizo el presidente Nayib Bukele, en Nuevo Cuscatlán, cuando fue alcalde y afectó directamente uno de los pocos “pulmones” arbóreos de La Libertad. Por lo que hicieron un llamado a la población a no permitir este tipo de abusos y atropellos en el país.
