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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Saira Barrera, investigadora y directora del informe “Análisis Socioeconómico de El Salvador 2020”, del Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, señaló que el modelo económico, desde sus raíces históricas ha mantenido a grandes sectores de la población en situación de vulnerabilidad económica y social; las que actualmente, son prominentes por el impacto del COVID-19.
“Son siete hallazgos de relevancia -consideramos- para el análisis de la situación del país, pero no solo para el análisis, sino para orientar las prioridades en el accionar público de cara a influir en la estructura productiva y en la calidad de vida de las personas que habitamos este país”, dijo Barrera.
El desempleo, la caída de remesas, el empobrecimiento de las personas del sector agrícola, el uso ineficiente del excedente económico y el uso ilegítimo de la deuda pública, junto al impacto de la pandemia por el coronavirus, conforman un escenario de desafíos a corto y mediano plazo, para el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Barrera explicó como la actividad productiva salvadoreña fue afectada “fuertemente” por la dinámica de las remesas, aunque, aclaró, no solo en el sentido convencional de la “remesa familiar”, que financia el gasto económico, sino también, afectó el nivel productivo de bienes y servicios, específicamente el dedicado al sector industrial.
“Esto es relevante porque en el contexto de la pandemia por COVID-19, las afectaciones económicas de la región y América Latina, han sido abordadas por la CEPAL, que informan que esta situación empeorada por la pandemia, puede generar procesos migratorios derivado por el aumento del desempleo, en la precariedad del empleo, en los ingresos y la pobreza, y todo esto, en conjunto ocurriría con una criminalización de la migración irregular. Y para El Salvador, este es un tema clave, porque es un país neto emisor de migrantes y son estos migrantes los que están dentro de este flujo de remesas cuya dinámica señalamos en el estudio”, explicó Barrera.
La cifras presentadas por Barrera acotan que la reducción en las remesas, disminuyó el “valor bruto de la producción” en -1.35 %, un valor agregado en -1.21 %. En donde el mayor porcentaje (45 %) de la disminución de remesas corresponde al sector industrial. Señalando el mes de mayo, en que se hizo evidente este comportamiento.
En el segundo aspecto, relacionado a la inserción laboral de la población salvadoreña, que implica la reducción del empleo en el marco de la pandemia, así como la reducción del salario nominal promedio y el incremento de la Canasta Básica.
“La inserción laboral salvadoreña es precaria, y lo ha sido antes de la pandemia. Cada año se integran aproximadamente alrededor de 50,000 personas de la población económicamente activa (PEA), pero solamente 13,000 personas cotizan en el Seguro Social (ISSS), esto implica que el resto queda fuera de la protección social, esto antes de la pandemia. Ahora, con la pandemia, se ha reducido el número de personas que ya estaban cotizando y esta reducción tuvo su mínimo en el mes de junio de 2020, aunque no fue el único mes con el punto bajo de cotización”, indicó.
Sobre la baja del salario nominal promedio, Barrera mencionó el mes de mayo, como el más significativo al compararlo con el comportamiento de años anteriores. “Fue especialmente esa contracción en la actividad de maquila textil y confección, en donde los salarios llegaron incluso por debajo de la mitad, que llegó junto al incremento de los productos de la Canasta Básica, que era 10 dólares más cara, que el mes de enero”, reafirmó.
Otro de los hallazgos socioeconómicos encontrados, es la fuerza laboral dedicada a la agricultura. Barrera afirmó que se ha reducido el número, la mayoría son adultos mayores y continúan viviendo en pobreza; una situación que podría al final poner en riesgo el abastecimiento de alimentos de la población salvadoreña, ya que los jóvenes rurales, en su mayoría hombres, se encuentran migrando hacia la zona urbana para emplearse en actividades de la industria, comercio o de bienes y servicios.
“Ha habido un incremento de productores agrícolas que son arrendatarios u ocupantes gratuitos de la tierra. O sea, los propietarios se están reduciendo, los que poseen la tierra se están reduciendo, en proporción a los productores agrícolas especialmente a los que arriendan u ocupan de forma gratuita las tierras. Y hablamos de empobrecimiento en el sentido que, quienes son propietarios están menos presentes, de los que ganan más de 500 dólares, en el año 2007, teníamos 27.98 % de los productores agrícolas era arrendatario, y para el 2019, tenemos un 36.62 %, o sea, ha crecido la suma de arrendatarios”, argumentó.
Asimismo, mencionó que en el país existe una “Crisis de los Cuidados”, enfatizando que el tema de los “cuidados” atañe a la economía, junto a otras disciplinas por ser un fenómeno multidimensional. Al respecto mencionó tres elementos principales, en donde la niñez y la adolescencia están “mal alimentados” (17.1 % sobrepeso y 13.64 % obesidad), que son condiciones de salud que se transforman en enfermedades crónicas y complicaciones que ponen en riesgo sus vidas.
“La desatención de la salud mental y en especial la población masculina, está relacionada con violencia intrafamiliar que afecta a niñas y mujeres; así como el abandono de la niñez o adolescencia, que puede ser por migración, muerte de algunos de sus tutores o abandono directamente del padre o la madre, en donde un 70 % es la figura masculina. Las medidas de cuarentena y la incertidumbre económica podrían ocasionar altos costos en salud mental, porque propician comportamientos suicidas. No hay registros oficiales del año 2020 -pero podemos decir- con base a reportes de diversos medios de comunicación que alrededor de 57 personas se quitaron la vida. Y que en los primeros ocho días de 2021, siete personas cometieron suicidio”, precisó.
Sobre el último hallazgo expuso que la “mitad de la deuda pública en El Salvador es ilegítima”, aclarando que no se ha incorporado el ejercicio del año pasado (2000 al 2019), en el entendido que este financiamiento se utilizó con fines que no prevé la ley, al referir que es cuando es utilizado para financiar gasto corriente y no gasto de inversión.
“En el período que va de 2000 a 2019, se contrataron nada menos que 12,361.3 millones de dólares, que no tienen vinculación o relación con inversión pública, que representa 65.4 % del saldo de la deuda pública que tuvo a finales de 2019. En las últimas dos décadas el peso sobre la deuda del PIB (Producto Interno Bruto) se ha incrementado 2.2 veces. El monto que procede de deuda, pero que ha sido utilizado a fines diferentes, la hace ilegítima”, expresó.
Asimismo, propuso una “redistribución de la inversión, que impulsaría mayor crecimiento económico y desarrollo para la población salvadoreña, como un aporte del Departamento de Economía de la UCA.
“Lo incorporamos en esta investigación es un modelo que tienen un componente teórico y es susceptible de manejarse a través, de la información de las cuentas nacionales contenidas en la matriz y producto y utilizando este modelos, se pueden obtener escenarios de inversión de crecimiento económico y desarrollo, que puedan orientar el actuar público en materia económica”, puntualizó Barrera.
