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Por Leonel Herrera*
Los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a doce años de cruenta guerra civil y a cinco décadas de atroces dictaduras militares, llegan -este 16 de enero- a sus 32 años de existencia, enfrentando la peor ofensiva gubernamental de su historia impulsada por un presidente de la república que busca destruirlos y reducirlos a ceniza, institucional y simbólicamente.
Los gobiernos de ARENA los dieron por concluidos e intentaron olvidarlos; mientras que los del FMLN quisieron reeditarlos con iniciativas como el fallido Consejo Económico y Social (CES) en la gestión de Mauricio Funes. El de Nayib Bukele los está desapareciendo y sepultando, en la práctica política y en el imaginario de esta sociedad salvadoreña olvidadiza, fácilmente manipulable y dispuesta a tolerar abusos de poder que podrían llevarnos a repetir la historia.
El desmantelamiento institucional de los Acuerdos de Paz tiene que ver con toda la reversión democrática perpetrada por este régimen autoritario que, después de la reelección inconstitucional, será formalmente una dictadura. Este retroceso se expresa claramente en la remilitarización de la seguridad y el protagonismo de la Fuerza Armada, la desnaturalización (y eventual desaparición) de la Policía Nacional Civil (PNC), la concentración del poder y el control de todo el aparato estatal desde Casa Presidencial.
También se muestra con la cooptación del Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), instancias también resultantes de los Acuerdos; la eliminación de la separación de poderes y la aniquilación de los resquicios de independencia judicial que existían; y las violaciones a la libertad de expresión, la persecución política y la institucionalización de la intolerancia, la confrontación y la ausencia de diálogo como política gubernamental.
Además, la manipulación de la justicia restaurativa con el espurio proceso penal montado contra los líderes comunitarios de Santa Marta y las acciones de sabotaje en el juicio contra los autores intelectuales y materiales de la masacre de El Mozote, la última de éstas es la ridícula orden de detención contra Rubén Zamora emitida por Mirtala Portillo, jueza de Instrucción de San Francisco Gotera.
Antes de esto Bukele se negó a abrir los archivo militares “de la A a la Z”, como prometió; y cuando Jorge Guzmán, el juez que inicialmente llevaba el caso, intentó entrar a varios cuarteles para buscar dichos documentos fue removido por la reforma que obligó a jubilarse a los jueces mayores de sesenta años de edad o con más de treinta años de servicio.
Mientras que el desmontaje simbólico se realiza mediante la narrativa negacionista según la cual “la guerra no existió” y “los Acuerdos de Paz son una farsa”. El objetivo es reescribir la historia desapareciendo o distorsionando en el imaginario social los hechos relevantes del pasado reciente del país.
Este relato tiene una perspectiva refundacionista, pues proyecta la creencia de que todo lo anterior fue malo y lo bueno comenzó apenas en junio de 2019 cuando el pueblo -encarnado en Nayib Bukele- tomó el poder, desterró a los malvados “mismos de siempre” y comenzó la construcción del “nuevo país” que ahora existe.
El discurso también lleva un componente criminalizador que se muestra en el requerimiento fiscal contra los ambientalistas de Cabañas, que sentaría un precedente jurídico para perseguir a quienes pertenecieron a las organizaciones insurgentes del conflicto armado. También se evidencia en la acusación contra Zamora que lo vincula falsamente con la aprobación de la Ley de Amnistía y en el hecho que Bukele se refiera al Monumento a la Reconciliación como una “glorificación del pacto de los asesinos del pueblo”.
Particular mención merece la ofensiva contra el sector de veteranos y ex combatientes, el principal sujeto histórico de los Acuerdos de Paz, a quienes Bukele ya les cerró el Fondo de Protección de Lisiados (FOPROLID) y tendría previsto cerrarles también el Instituto Administrador de Beneficios de los Veteranos y Ex combatientes (INABVE).
La criminalización jurídica y discursiva justificaría quitar sus beneficios, perseguirlos y enjuiciarlos. Los veteranos y ex combatientes quizás sean un resabio de los Acuerdos de Paz que Bukele necesita desaparecer, para que no presionen más por sus reivindicaciones y para evitar que en alguna coyuntura de posible recuperación democrática tengan algún rol relevante o aleccionador para otros sectores de la sociedad.
*Periodista y activista social.
